Bravo insistió en que es el Gobierno central quien «debe tener respuestas» frente a la crisis, y reprochó que no haya ofrecido soluciones concretas pese a que, a su juicio, el PP sí las tiene sobre la mesa. El dirigente popular acusó al Ejecutivo de estar «más en la imagen» que en la resolución del problema, y volvió a criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe de vacaciones mientras, dijo, se ha tenido que desalojar «una playa que ha vuelto a ser invadida».
El vicesecretario del PP recordó el plan de reactivación económica para Ceuta anunciado por Núñez Feijóo, dotado con 650 millones de euros a repartir en los próximos seis años. Según Bravo, se trata de una propuesta que incluye «cuestiones que todo el mundo comparte» y reivindicaciones históricas de la ciudad autónoma que, a su entender, deberían haberse atendido y no se han hecho. El dirigente puso el acento en el impacto económico de la crisis sobre el tejido productivo local: citó la cancelación de la Feria de Ceuta, prevista entre el 1 y el 8 de agosto, y advirtió de que el atractivo turístico de Ceuta y Melilla «ha caído casi por completo», con consecuencias directas para comercios y hostelería.
En su opinión, ningún inversor privado apostará por las ciudades autónomas «si no hay una respuesta contundente del Gobierno» que reafirme «la españolidad» de ambos territorios. Bravo extendió sus críticas al ámbito de las infraestructuras públicas pendientes, mencionando de forma explícita la comisaría de Policía de Ceuta, una obra que calificó de «promesa que lleva años» sin ejecutarse, y la Comandancia de la Guardia Civil, otro proyecto reclamado desde hace tiempo sin que, según el PP, haya avanzado.
El vicesecretario de Hacienda denunció además que el Gobierno no haya llamado a su partido para diseñar un plan conjunto, en contraste, dijo, con la interlocución mantenida en otros asuntos de calado como la gestión de la DANA o la respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos españoles. Bravo reivindicó que su formación ha estado presente en esas mesas de trabajo y reclamó el mismo trato para la crisis ceutí.
Discrepancia en las cifras de migrantes
Uno de los puntos más críticos de la intervención fue la falta de datos oficiales sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta tras el asalto masivo a la frontera. Bravo situó la cifra «entre 10.000 y 12.000» personas, si bien reconoció que otras fuentes elevan la cantidad hasta los 20.000. Ante esta discrepancia, lamentó que «el Gobierno no da ninguna cifra» y que la ciudadanía y las instituciones locales no dispongan de información contrastada sobre la magnitud real de la crisis. Ni el Ministerio del Interior ni Moncloa han publicado hasta la fecha un balance actualizado y desglosado del número de personas que continúan en la ciudad, lo que impide verificar de forma independiente cuál de las estimaciones se ajusta más a la realidad.
Bravo cuestionó también por qué no se ha producido la devolución de los migrantes que entraron de forma irregular desde Marruecos, pese a que, según recordó, tanto la Unión Europea como el propio Gobierno marroquí han reconocido esa vía como la que corresponde aplicar. El dirigente del PP mencionó en este punto las declaraciones previas de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes en distintas comparecencias habían apuntado a la devolución como mecanismo previsto.
El marco normativo aplicable a estas situaciones se rige por los acuerdos bilaterales de readmisión entre España y Marruecos, vigentes desde 1992, que habilitan las expulsiones acordadas cuando se acredita la entrada irregular reciente. La aplicación de este marco ha sido objeto de controversia jurídica en distintos episodios de la frontera sur, con pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han matizado su alcance en función de las circunstancias de cada caso. El Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado en 1995, atribuye al Estado las competencias en control de fronteras, extranjería y seguridad, lo que limita el margen de actuación de la ciudad y explica que las reclamaciones se dirijan directamente a Moncloa.
El precedente de mayo de 2021
La crisis migratoria en Ceuta no es un fenómeno inédito. La ciudad autónoma vivió un episodio de similar magnitud en mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas en el contexto de una crisis diplomática entre España y Marruecos, motivada entonces por la acogida en suelo español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó igualmente en un intenso debate político sobre la gestión gubernamental y en medidas de devolución que fueron recurridas ante los tribunales.
Desde el Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha reclamado en distintas comparecencias públicas recursos adicionales del Estado para hacer frente a la presión migratoria, si bien no ha trasladado hasta la fecha una valoración sobre las críticas concretas de Bravo respecto a su presunto aislamiento institucional. Tampoco Moncloa ni el Ministerio del Interior han respondido de forma directa a las acusaciones del PP sobre la falta de interlocución con la formación de Feijóo en este asunto.
La financiación específica para Ceuta y Melilla, ligada a su condición de ciudades autónomas fronterizas con la Unión Europea, incluye fondos europeos de gestión de fronteras exteriores y partidas del Fondo de Asilo, Migración e Integración, cuya ejecución y reparto son objeto recurrente de debate entre las administraciones locales y el Gobierno central en los presupuestos generales del Estado.
En los próximos días se espera que el debate político sobre la crisis en Ceuta continúe centrado en dos frentes: la exigencia de datos oficiales actualizados sobre el número de migrantes presentes en la ciudad y el ritmo de las devoluciones acordadas con Marruecos. Ninguna de las administraciones implicadas ha fijado hasta ahora un calendario público para abordar estas cuestiones de forma conjunta.
