El grupo parlamentario popular ha registrado este viernes en el Congreso la solicitud de un pleno extraordinario para que Sánchez explique ante la Cámara las medidas adoptadas frente a lo que Feijóo ha descrito como una avalancha sin precedentes en la frontera sur. La petición se produce apenas 24 horas después del episodio migratorio en Ceuta y reactiva la confrontación política tras la tregua alcanzada entre Gobierno y oposición durante la ola de incendios forestales de este verano.
Vivas planteó ya el jueves al Ejecutivo central la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional y el establecimiento de un mando único. Esa figura está contemplada en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que permite al Gobierno coordinar recursos extraordinarios de distintas administraciones cuando una circunstancia excepcional supera la capacidad de respuesta ordinaria. Su activación corresponde al Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe del Ejecutivo, con posterior comunicación al Congreso, y se ha empleado en contadas ocasiones desde 2015, entre ellas en la fase más aguda de la pandemia de covid-19 en 2020.
Feijóo ha calificado lo sucedido de invasión, un término que no forma parte del vocabulario legal ni administrativo español para describir movimientos de personas hacia territorio nacional. El marco jurídico vigente distingue entre entrada irregular, tránsito y solicitud de protección internacional, categorías reguladas por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, conocida como ley de extranjería.
La reforma que reclama el PP sobre el rechazo en frontera
La principal exigencia legislativa del PP pasa por modificar esa norma para que la figura del rechazo en frontera, prevista fundamentalmente para las vallas terrestres de Ceuta y Melilla tras la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, se extienda también a las llegadas por vía marítima. Esta figura, conocida como devolución en caliente, ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional y de pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2020 avaló su aplicación en el caso N.D. y N.T. contra España siempre que existan vías legales y efectivas de acceso al procedimiento de asilo.
El Gobierno no ha ofrecido todavía una respuesta detallada a la petición de comparecencia ni a la exigencia de declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional. La gestión de la frontera sur exige coordinación con Marruecos, socio con el que España mantiene una relación bilateral marcada por episodios de tensión y acercamiento desde la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando la llegada masiva de personas a Ceuta coincidió con el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Aquel episodio de 2021, en el que entraron en la ciudad autónoma alrededor de 8.000 personas en menos de 48 horas según datos del Ministerio del Interior de entonces, se considera el precedente más directo de la situación actual. Desembocó en una reordenación de la política migratoria hispano-marroquí que incluyó el reconocimiento español de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como base más seria y creíble para resolver el contencioso, un giro que en su momento generó críticas dentro y fuera del Gobierno.
La cifra manejada por el PP para el episodio de este jueves, superior a las 40.000 personas, no ha sido confirmada de forma oficial por el Ministerio del Interior ni por la Delegación del Gobierno en Ceuta. La magnitud señalada contrastaría con los registros de llegadas masivas a este enclave, que en episodios anteriores como el de 2021 se contaron por miles y no por decenas de miles, por lo que el balance definitivo queda pendiente de verificación oficial.
El encaje reglamentario del pleno extraordinario
La petición de comparecencia se tramitaría, de admitirse, conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados, que permite convocar un pleno extraordinario a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los diputados. El PP necesitaría sumar apoyos de otros grupos para forzar esa convocatoria si el Ejecutivo no la autoriza por iniciativa propia, un escenario que en anteriores crisis migratorias como la de 2021 derivó en comparecencias en comisión más que en pleno.
Otros grupos parlamentarios no han fijado aún una posición pública sobre la petición del PP. Se esperan reacciones de los socios de investidura del Gobierno y de Vox, formación que también ha reclamado en el pasado el rechazo en frontera por vía marítima. La respuesta de estos grupos será determinante para saber si la exigencia de comparecencia y reforma legal avanza en sede parlamentaria.
La crisis de Ceuta llega mientras la política migratoria europea atraviesa su propio proceso de reforma, con el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2024 y cuya aplicación por los Estados miembros está prevista, según el calendario comunitario, para 2026. España, como uno de los principales puntos de entrada a la Unión Europea junto con Italia y Grecia, deberá adaptar su normativa interna a ese marco, lo que añade complejidad a cualquier reforma unilateral de la ley de extranjería.
En los próximos días será determinante conocer el balance oficial de llegadas que ofrezcan el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Ceuta, así como la respuesta de Moncloa a la petición formulada por Vivas. De la decisión del Gobierno sobre la comparecencia, y del eventual respaldo de otros grupos, dependerá que la crisis se traduzca en un debate parlamentario formal en las próximas semanas o quede circunscrita al terreno de las declaraciones cruzadas entre Ejecutivo y oposición.
