La ruptura de la tregua política sobre incendios se formalizó el 30 de julio, cuando el PP registró en el Congreso su plan integral contra el fuego, rubricado por Feijóo casi un año antes, en el verano de 2025, en un contexto de grandes incendios en varias comunidades. Desde entonces, la formación ha optado por reivindicar su documento como propio y exigir apoyos a título individual, en lugar de fusionarlo con la iniciativa gubernamental o negociar un texto conjunto.
El Ejecutivo, por su parte, puso en marcha su propio proceso en septiembre de 2025 con la propuesta de un pacto de Estado frente a la emergencia climática, que incluye —pero no se limita a— la prevención de incendios forestales. El Ministerio para la Transición Ecológica amplió el documento en diciembre tras un proceso de participación que, según ha detallado el propio departamento, recabó 4.000 aportaciones de más de 1.300 actores distintos, entre comunidad científica, organizaciones empresariales, sindicatos y ONG. Ese proceso incluyó una convención monográfica celebrada en noviembre de 2025 en Ponferrada (León), en la comarca del Bierzo, una de las zonas más golpeadas por el fuego en los últimos veranos.
La paradoja reside en que ambos documentos guardan numerosas similitudes: refuerzo de medios de extinción, gestión forestal preventiva, ordenación del territorio rural, coordinación entre administraciones autonómicas y estatales o ayudas a los municipios afectados figuran en los dos textos con planteamientos comparables. Pese a ese solapamiento, ninguna de las dos partes ha movido ficha hacia un acuerdo conjunto.
Fuentes del PP defienden que su plan, redactado desde el verano de 2025 y presentado públicamente por Feijóo, no necesita fusionarse con una iniciativa gubernamental posterior, y sostienen que corresponde al Gobierno y al resto de grupos sumarse al texto que han registrado como proposición no de ley. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se reivindica el proceso participativo seguido desde septiembre como garantía de un acuerdo más amplio y técnicamente sustentado, y se lamenta la falta de disposición del principal partido de la oposición a negociar un texto común.
Un mecanismo sin efecto vinculante y competencias repartidas
La tramitación de una proposición no de ley en el Congreso no tiene efectos jurídicos vinculantes inmediatos: es una declaración de intenciones que, de aprobarse, insta al Gobierno a actuar en un determinado sentido, pero no obliga por sí misma a ejecutar medidas ni asigna presupuesto. Su aprobación depende de los apoyos que logre reunir en el pleno y, en la actual composición de la Cámara, con un Ejecutivo en minoría, el resultado no está garantizado sin el respaldo de otros grupos.
La eficacia de cualquier pacto en esta materia choca además con la arquitectura competencial española. La gestión de la prevención y extinción de incendios forestales es un asunto de competencias compartidas: las comunidades autónomas tienen atribuida la gestión forestal y buena parte de los medios de extinción, mientras que el Estado coordina los medios aéreos del operativo estatal y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y fija la normativa marco a través de la Ley de Montes. Esa distribución explica por qué un pacto de Estado en incendios requiere, para ser efectivo, la implicación de las autonomías, gobernadas en su mayoría por el PP.
España cuenta con precedentes de pactos de Estado con recorridos desiguales. El Pacto de Toledo sobre pensiones, alumbrado en 1995 con el respaldo de la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, es la referencia más citada como ejemplo de consenso duradero, pese a sus tensiones y reformulaciones posteriores. En materia medioambiental, en cambio, los grandes acuerdos transversales han sido más escasos, y las políticas forestales han quedado con frecuencia sujetas a la alternancia de gobiernos y al reparto competencial con las comunidades.
El trasfondo se inserta en la persistencia de los grandes incendios forestales como fenómeno recurrente asociado al cambio climático y al abandono rural. El Ministerio para la Transición Ecológica recopila anualmente la superficie quemada a través de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que refleja oscilaciones interanuales muy marcadas, con veranos especialmente virulentos en la última década. En el plano europeo, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) sitúa reiteradamente a España entre los países de la cuenca mediterránea con mayor superficie afectada cada verano, junto con Portugal, Grecia e Italia, lo que ha llevado a la Comisión Europea a reforzar el mecanismo de Protección Civil de la UE (rescEU) con más medios aéreos compartidos.
El choque por el pacto antiincendios se produce en un clima de tensión política entre el Ejecutivo de coalición y la oposición, que ha llevado a que iniciativas con vocación de consenso transversal acaben fragmentándose en propuestas paralelas antes de llegar a una votación conjunta en el Congreso.
A partir de ahora, el calendario pasa por la defensa de la proposición no de ley del PP en el pleno de la Cámara Baja, donde necesitará sumar apoyos de otros grupos para su aprobación, mientras el Gobierno continúa el desarrollo de su propio pacto de Estado sin que, de momento, se haya fijado fecha para su votación o firma definitiva. Ninguna de las dos iniciativas ha derivado hasta ahora en la convocatoria de una mesa de negociación conjunta entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.
