El caso de Hamed Salah al-Din ilustra la situación de las decenas de personas que sobreviven a la intemperie en esta playa ceutí. Ejercía como barbero en Sudán antes de que el conflicto armado que atraviesa el país le obligara a huir, y su ruta —a través de Libia y Argelia antes de intentar entrar en Ceuta por mar— es representativa de un fenómeno que combina la huida de conflictos con el tránsito por rutas del norte de África marcadas por la precariedad y el riesgo.
El barbero, que solo habla árabe y depende de otros ocupantes para comunicarse, ha reconvertido su oficio en una ocupación dentro del propio campamento: corta el pelo a otros migrantes con una maquinilla, unas tijeras y un espejo que custodia cada noche junto al cartón sobre el que duerme. Su aspiración, según su propio relato, es llegar a Reino Unido, un destino frecuente entre quienes cruzan el Mediterráneo occidental por vínculos familiares, lingüísticos o la percepción de mayores oportunidades laborales.
En apenas dos semanas, el asentamiento ha evolucionado de un grupo disperso de personas a la intemperie a un núcleo con cierta estructura interna: reparto de tareas cotidianas, torneos deportivos y una mezquita construida con cartones y materiales de fortuna. Esa transformación responde a una dinámica habitual en asentamientos informales prolongados en el tiempo, donde la ausencia de una respuesta institucional inmediata empuja a los ocupantes a organizarse para cubrir necesidades de convivencia, higiene y culto.
Un enclave fronterizo de la UE en África
La ciudad autónoma de Ceuta, con una superficie de apenas 18,5 kilómetros cuadrados y una población en torno a los 83.000 habitantes según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha sido históricamente uno de los principales puntos de entrada terrestre y marítima hacia territorio de la Unión Europea desde el norte de África, junto con Melilla. Su condición de frontera exterior de la UE en suelo africano la convierte en un enclave donde convergen las políticas migratorias españolas, europeas y marroquíes.
El régimen jurídico aplicable a quienes llegan se rige por la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y por el Reglamento de Dublín, que fija los criterios para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional. En la práctica, quienes logran entrar pueden solicitar asilo, un procedimiento que gestiona la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, con plazos de resolución que con frecuencia superan los seis meses fijados por ley debido a la acumulación de expedientes.
Ceuta vivió un episodio de crisis migratoria de gran magnitud en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos en apenas 48 horas aprovechando una relajación temporal de los controles fronterizos marroquíes, en el marco de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid vinculada al Sáhara Occidental. Aquel episodio derivó en devoluciones que organizaciones de derechos humanos cuestionaron por su compatibilidad con el derecho a solicitar asilo. El asentamiento de El Trampolín, de menor escala, reabre el debate sobre la capacidad de acogida de la ciudad y la respuesta de las autoridades ante llegadas sostenidas.
La travesía marítima entre las costas argelinas o marroquíes y Ceuta, más corta que otras rutas hacia Canarias o Italia, no está exenta de peligro. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) documenta anualmente muertes en el Mediterráneo occidental, un contexto que se suma al relato de quienes, como los compañeros de Hamed, aseguran haber perdido a más de un centenar de personas en la travesía que les llevó hasta la playa.
Autoridades y organizaciones ante el futuro del campamento
Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta han informado públicamente de un plan concreto de desalojo o de traslado para los ocupantes del asentamiento, según la información disponible. Organizaciones que operan habitualmente en la ciudad, como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), suelen intervenir en estas situaciones prestando asistencia humanitaria básica, si bien su capacidad de actuación depende de los recursos asignados y de la coordinación con las autoridades locales y estatales.
El aumento de la tensión apuntado en el asentamiento responde previsiblemente a la incertidumbre sobre su futuro: la falta de una respuesta sobre reubicación, tramitación de solicitudes de asilo o acceso a recursos de acogida oficial tiende a generar fricciones tanto entre los ocupantes como con el entorno, un patrón observado en asentamientos similares de otras ciudades fronterizas europeas, desde Calais en Francia hasta Lampedusa en Italia.
Sudán, el país de origen de Hamed, atraviesa desde abril de 2023 un conflicto armado entre el Ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que ha provocado, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), millones de desplazados internos y refugiados en países vecinos, en una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Esa guerra, unida a la inestabilidad crónica en Libia tras la caída del régimen de Muamar el Gadafi en 2011, explica en buena parte el flujo de personas que, como él, atraviesan varios países del norte de África antes de intentar llegar a Europa.
La evolución del asentamiento dependerá de si las autoridades españolas activan algún mecanismo de identificación, tramitación de asilo o traslado a centros de acogida, así como de la respuesta que pueda producirse desde instancias europeas si el número de ocupantes continúa aumentando. La experiencia de crisis anteriores en Ceuta indica que la falta de una solución a corto plazo tiende a prolongar este tipo de asentamientos informales, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de quienes los habitan mientras esperan una resolución administrativa.
