El Pazo de Meirás arrastró un litigio patrimonial que se prolongó durante décadas. La familia Franco mantuvo la titularidad del inmueble hasta que, en 2020, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia previa de la Audiencia Provincial de A Coruña que obligaba a devolver la propiedad al Estado, al considerar que la donación de 1938 no se había producido de forma libre y voluntaria, sino bajo la presión de una suscripción popular orquestada por las autoridades del régimen franquista.
La resolución judicial puso fin a un proceso impulsado por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Sada, con el respaldo posterior del Gobierno central, que reclamaban la titularidad pública del pazo alegando que en origen fue un bien vinculado al patrimonio histórico y cultural gallego a través de la figura de Pardo Bazán, autora de 'Los pazos de Ulloa' y una de las voces más relevantes de la literatura española del siglo XIX.
La declaración como Lugar de Memoria Democrática se ampara en la Ley 20/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado, que habilita al Gobierno para reconocer con esa categoría espacios vinculados a la Guerra Civil y la dictadura con el fin de preservarlos, dotarlos de un relato histórico riguroso y evitar su uso con fines de exaltación del franquismo. La categoría conlleva la elaboración de un plan de gestión que debe incluir señalización explicativa, garantías de acceso público y la incorporación del espacio a itinerarios pedagógicos vinculados a la enseñanza de la historia reciente, con la colaboración de universidades y centros de investigación.
Del Valle de Cuelgamuros a Meirás
El precedente más directo de este tipo de reconocimiento es la resignificación del Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros en 2022 tras la exhumación de los restos de Francisco Franco en 2019. Aquel proceso marcó un punto de inflexión en la política de memoria desarrollada desde la Transición, que hasta entonces había mantenido una aproximación más cautelosa a los símbolos vinculados a la dictadura. La declaración de Meirás se suma también a otras realizadas en los últimos años sobre antiguos campos de concentración, cárceles y espacios de fusilamientos.
Asociaciones memorialistas gallegas llevan años reclamando que el pazo se convierta en un espacio museístico dedicado tanto a la figura de Pardo Bazán como a la represión franquista en Galicia, una región que sufrió una intensa depuración política tras el golpe de Estado de julio de 1936. La iniciativa de declaración partió del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en coordinación con la Xunta de Galicia, aunque la titularidad del pazo corresponde hoy al Estado tras la sentencia del Supremo.
El Ejecutivo defiende que la declaración no busca la confrontación, sino el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y memoria histórica, en línea con recomendaciones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa sobre el tratamiento de los legados de regímenes autoritarios en democracias consolidadas.
Desde el Partido Popular y Vox se ha cuestionado en el pasado el enfoque de la Ley de Memoria Democrática, al considerar que determinadas actuaciones responden a un uso político del pasado más que a un ejercicio de reparación histórica. El PP gallego, que gobierna la Xunta, respaldó la recuperación patrimonial del pazo, pero ha mostrado reticencias hacia algunas de las políticas memorialistas impulsadas desde el Gobierno central.
Un modelo con referentes europeos
El caso del Pazo de Meirás no es aislado en el contexto europeo. Alemania ha desarrollado desde los años noventa una extensa red de lugares de memoria (Gedenkstätten) vinculados al nazismo, mientras que Portugal ha iniciado procesos similares respecto a antiguas prisiones políticas del salazarismo, como la fortaleza de Peniche, convertida en museo en 2019.
El proceso administrativo para formalizar la declaración incluye, de acuerdo con el reglamento de desarrollo de la ley, un trámite de información pública y la consulta a las administraciones autonómica y local afectadas, por lo que la resolución definitiva puede no hacerse efectiva de manera inmediata pese al anuncio.
La Xunta de Galicia y el Ministerio de Cultura deberán definir en los próximos meses los términos de la gestión conjunta del inmueble, que en la actualidad permanece parcialmente abierto a visitas guiadas limitadas. El coste del mantenimiento del pazo y el calendario para su apertura definitiva al público con el nuevo estatuto de protección aún no han sido concretados.
