La elección de los magistrados del CNE corresponde al Congreso en pleno, reunido en sesión conjunta de Senado y Cámara de Representantes, conforme al artículo 264 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003. Para acceder a una curul en el tribunal se requiere el respaldo de al menos 32 votos, umbral que ninguna colectividad alcanza hoy por sí sola, lo que obliga a tejer coaliciones entre partidos con intereses distintos.
Con 66 votos propios en el Congreso, el Pacto Histórico tiene margen matemático para asegurar dos magistraturas, pues cada una exige 32 votos, pero no una tercera sin el respaldo de aliados adicionales. De ahí que la colectividad haya sumado a su plancha a AICO, al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y a la curul de comunidades afrodescendientes, además de adelantar gestiones con las curules de paz —creadas por el Acuerdo de Paz de 2016 para las antiguas zonas de conflicto— y con otros partidos minoritarios cuyo respaldo resulta indispensable para completar el número.
Esa búsqueda de votos derivó en un episodio de tensión pública. El representante Jorge Tovar Vélez, integrante de las curules de paz, cuestionó en su cuenta de la red social X las gestiones atribuidas a Guillermo Rivera para sumar apoyos a su candidatura. Según el congresista, Rivera habría llamado personalmente a varios representantes de esas curules pese a haberlos criticado un mes atrás por su respaldo al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
«Lo de Guillermo Rivera es increíble. Lo he dicho varias veces, la doble moral tiene jodida la política en nuestro país», escribió Tovar. El congresista relató que el mismo Rivera que, según él, «despotricaba» de las curules de paz «hoy ha llamado uno a uno a varios colegas Representantes de las curules de paz (los mismos que para él hace un mes éramos lo peor de la política colombiana) a rogarles lo acompañen para llegar a ser magistrado del CNE». Hasta el momento no se conoce una respuesta pública de Rivera a las afirmaciones del representante.
El trasfondo de la plancha del Pacto Histórico incluye una ausencia notable: el exrepresentante Alirio Uribe, cercano al senador Iván Cepeda, no figura en la lista final. Según versiones que circulan en el Congreso, Petro habría vetado su aspiración al considerar que Uribe no defendió con suficiente firmeza la tesis de un presunto fraude electoral en los comicios pasados, que el exmandatario continúa cuestionando sin haber aportado pruebas ante las autoridades competentes.
Tampoco aparece en el comunicado el logo de la Alianza Verde, colectividad que resultaría clave para cualquier negociación de magistraturas y que estaría dividida entre el sector liderado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el que encabeza el senador Ariel Ávila. Esa fractura interna reduce el peso negociador del partido verde en la repartición final de los nueve puestos.
Qué vigila y qué decide el CNE
El Consejo Nacional Electoral es el organismo encargado de inspeccionar a los partidos y movimientos políticos, vigilar el origen y destino de la financiación de sus campañas, realizar el escrutinio general de las votaciones nacionales y declarar sus resultados. También decide, conforme a las normas vigentes, el reconocimiento de personerías jurídicas a nuevas colectividades políticas. Su presidencia la ocupa actualmente Benjamín Ortiz.
Su capacidad sancionatoria no es menor: el tribunal falló en su momento contra la campaña Petro Presidente 2022, decisión que ilustra el alcance real de sus competencias sobre el propio movimiento que hoy busca ampliar su representación en el organismo. Ese antecedente alimenta buena parte del debate actual sobre la conveniencia de que sean los mismos partidos quienes elijan a quienes después deben fiscalizarlos.
Aunque la Constitución define al CNE como un organismo autónomo, la forma de su elección —a cargo del Congreso y mediante cuotas partidistas— arrastra críticas recurrentes: el tribunal suele integrarse con excongresistas o aspirantes que no lograron una curul, en lugar de perfiles estrictamente técnicos. El debate no es nuevo: la reforma política de 2003, que amplió el número de magistrados y ajustó el mecanismo de elección, buscaba corregir parcialmente ese diseño sin lograr despolitizar por completo el organismo.
En el otro extremo del espectro, el Centro Democrático conformó una coalición con el partido Mira para presentar candidatos propios, un movimiento que evidencia cómo la repartición de los nueve puestos responde a una lógica de equilibrios entre las principales fuerzas del Congreso, más que a un proceso de selección exclusivamente técnico.
La definición de la integración completa del nuevo CNE exige rondas sucesivas de negociación hasta que cada plancha reúna los 32 votos necesarios por magistratura. El resultado final determinará quién vigilará la financiación y el desarrollo de las próximas contiendas electorales del país, incluidas las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan en el calendario político nacional.
