El anuncio del pacto se enmarcó en la respuesta política a la dana que golpeó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. En aquel contexto, Moncloa presentó el acuerdo como una hoja de ruta para reforzar la prevención de catástrofes vinculadas al cambio climático, con el compromiso explícito de ampliar los medios aéreos de extinción de incendios de cara al verano de 2026. Aagesen anunció en enero que explicaría el contenido, la financiación y el calendario del pacto en el Pleno del Congreso.
Ese refuerzo aéreo no se habría producido, según ha podido saberse, pese a que la campaña de incendios forestales de este verano ya está en marcha. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha detallado públicamente el estado de ejecución de esa partida ni ha ofrecido un calendario revisado, lo que deja sin respuesta si los medios prometidos estarán operativos en lo que resta de temporada.
La conferencia sectorial de Medio Ambiente, órgano de coordinación entre el Estado y las autonomías previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público para articular políticas compartidas, tampoco se habría reunido en los términos anunciados. Este mecanismo es la vía institucional habitual para pactar competencias que, como la gestión forestal o la protección civil, corresponden mayoritariamente a las comunidades autónomas, por lo que su ausencia limitaría el alcance de cualquier pacto de Estado a un compromiso del Gobierno central sin capacidad de vinculación real sobre el territorio.
El episodio más señalado es el de la comparecencia parlamentaria. Aagesen la anunció en enero como un ejercicio de rendición de cuentas de los previstos en el artículo 110 de la Constitución, que faculta a las Cámaras a reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Según ha podido saberse, la comparecencia fue retirada del orden del día en mayo sin que la vicepresidenta ofreciera explicación pública sobre los motivos. El Ministerio no ha fijado hasta la fecha una nueva fecha ni ha respondido a las preguntas sobre el estado del pacto.
Reproches cruzados entre Moncloa y la Puerta del Sol
El vacío ha alimentado el enfrentamiento entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Ese cruce no es nuevo: desde la dana de octubre de 2024, ambas administraciones mantienen una disputa sobre competencias y responsabilidades en la gestión de emergencias que se reabre cada verano con los incendios y las olas de calor. En ese marco, el ministro de Transportes, Óscar Puente, atacó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que reprochó públicamente que «de calentar el ambiente sabes mucho» y a la que llamó «mamarracha».
El Reglamento del Congreso no establece un plazo máximo obligatorio para que un ministro comparezca una vez solicitada la cita, lo que deja en manos del Gobierno el margen de tiempo real para rendir cuentas. Ni el Ministerio ni la vicepresidencia han aclarado cuándo se retomará la comparecencia ni cuándo se convocará la conferencia sectorial.
El precedente más directo en materia medioambiental se remonta a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, aprobada en el Congreso tras años de negociación, cuyo desarrollo reglamentario posterior fue objeto de críticas de organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF, que denunciaron retrasos en la puesta en marcha de instrumentos como el Fondo de Transición Justa. La experiencia ilustra la distancia habitual entre el anuncio de un gran acuerdo y su ejecución efectiva.
La ausencia de un acuerdo institucionalizado con las comunidades tiene implicaciones presupuestarias. Los fondos europeos vinculados a la adaptación climática, canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y sujetos a los hitos del Plan de Recuperación español, requieren una ejecución coordinada entre administraciones para no incurrir en pérdida de financiación, un riesgo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en informes sobre la ejecución general de los fondos Next Generation EU.
España figura, según Eurostat, entre los países del sur de la Unión Europea más expuestos a fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, con un incremento sostenido del gasto público en gestión de emergencias en la última década. Sucesivos informes del Tribunal de Cuentas han cuestionado, sin embargo, que ese gasto se haya traducido en una mejora proporcional de los sistemas de prevención.
A falta de que el Gobierno aclare los plazos, los próximos meses medirán si el pacto anunciado en enero se traduce en hechos: la eventual convocatoria de la conferencia sectorial con las autonomías, el refuerzo real de los medios aéreos antes de que finalice la campaña de incendios de 2026 y una comparecencia de Aagesen en el Congreso que, por ahora, sigue sin fecha en el calendario parlamentario.
