De la Rocha y el rescate de Air Europa: presencia reconocida, papel minimizado
De la Rocha admitió haber participado en reuniones vinculadas al rescate de Air Europa, la aerolínea que en 2020 recibió un préstamo participativo de 475 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ampliado posteriormente. Su argumento fue que esa presencia respondía a su función de coordinación económica dentro de La Moncloa, no a una intervención directa en las decisiones de rescate, competencia formal de la SEPI y del Ministerio de Hacienda. La distinción, sin embargo, es técnicamente delicada: el Estatuto de la Oficina Económica del Presidente, regulado por Real Decreto, le atribuye funciones de análisis y asesoramiento al presidente, lo que en la práctica implica acceso a información y reuniones de alto nivel sobre operaciones que el Gobierno considera estratégicas.
El rescate de Air Europa fue uno de los más cuantiosos de los instrumentados a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Real Decreto-ley 25/2020. Dicho fondo, dotado con 10.000 millones de euros según el BOE de 4 de julio de 2020, tenía como criterio de elegibilidad que las empresas beneficiarias fueran 'estratégicas para el tejido productivo o para la prestación de servicios esenciales'. La aerolínea cumplía ese umbral formal, pero la operación estuvo rodeada de controversia porque su principal accionista, Globalia, intentaba simultáneamente cerrar una fusión con Iberia que la Comisión Europea acabaría bloqueando en 2021.
El acto de Zapatero: la frontera entre lo institucional y lo privado
El segundo foco de la polémica es la presencia de De la Rocha en un evento organizado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el que participaban clientes o inversores privados. De la Rocha reconoció haber asistido, aunque subrayó que lo hizo a título personal y sin representar al Gobierno. Esta explicación choca con la naturaleza del cargo: la Oficina Económica del Presidente no es un puesto de carrera administrativa ordinario, sino de confianza política directa, lo que dificulta en la práctica separar la condición institucional de la personal cuando el cargo es de designación directa del jefe del Ejecutivo.
La presencia de altos funcionarios o asesores de Moncloa en eventos de carácter semiprivado organizados por expresidentes no es una situación enteramente inédita, pero sí resulta infrecuente en términos de visibilidad pública. El Código de Buen Gobierno aprobado en Consejo de Ministros en 2005 y actualizado posteriormente establece que los altos cargos deben evitar situaciones que puedan generar 'conflicto de interés real o aparente', una categoría lo suficientemente amplia como para que la oposición haya tomado este episodio como argumento político. El Partido Popular y Vox han pedido que De la Rocha comparezca en la comisión correspondiente del Congreso para dar explicaciones bajo control parlamentario.
La conversación con Escribano: cronología y negación
El tercer asunto es el más delicado en términos de gobernanza corporativa. De la Rocha reconoció haber 'conversado' con Ángel Escribano, expresidente de Indra, aproximadamente dos semanas antes de que este anunciara su salida de la compañía en junio de 2023. Indra es una empresa en la que el Estado tiene una participación relevante a través de la SEPI, que controla en torno al 28% del capital según los registros de la propia compañía. Esa condición de accionista de referencia público otorga al Gobierno una influencia estructural sobre la cúpula directiva, aunque la gestión ordinaria corresponde al consejo de administración.
De la Rocha negó con firmeza haber pedido la dimisión de Escribano durante esa conversación. Pero la proximidad cronológica entre el contacto y la salida del directivo ha alimentado la interpretación de que existió algún tipo de presión, explícita o implícita. Escribano fue nombrado presidente de Indra en 2015 y su mandato estuvo marcado por la transformación de la compañía hacia el negocio de defensa y tecnología aplicada. Su salida coincidió con un periodo de tensión entre el consejo y el accionariado público sobre la estrategia de la empresa, particularmente en relación con la participación de Indra en proyectos de defensa europeos, incluido el programa FCAS.
Indra, empresa estratégica: qué puede y qué no puede hacer el Estado accionista
El marco normativo que regula la conducta del Estado como accionista en empresas cotizadas es relevante aquí. La SEPI actúa bajo los principios de la Ley 5/1996 de creación de la propia sociedad estatal, y sus representantes en los consejos de administración tienen las mismas obligaciones fiduciarias que cualquier consejero bajo la Ley de Sociedades de Capital: deben actuar en interés de la sociedad, no del accionista que los designó. Eso significa, en teoría, que el Estado no puede utilizar su posición accionarial para presionar sobre el nombramiento o cese de directivos al margen del procedimiento societario ordinario. Si De la Rocha, aunque no forme parte del consejo de Indra, actuó como correa de transmisión de una orientación política hacia Escribano, ello podría rozar ese límite.
La cuestión tiene un precedente comparativo relevante en la historia reciente. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó la salida de Félix Bolaños —entonces en otro ámbito— y en general los gobiernos de distintos signos han gestionado de forma activa sus participaciones en empresas cotizadas, a veces con fricciones entre la lógica política y la lógica de mercado. La diferencia estructural con el caso actual es que Indra cotiza en el Ibex 35 y tiene inversores institucionales internacionales, lo que eleva el estándar de transparencia exigible y la sensibilidad de cualquier interferencia percibida sobre la cotización y la reputación de la compañía.
Las explicaciones de De la Rocha ante la presión opositora
En conjunto, la posición de De la Rocha durante su comparecencia fue la de reconocer los hechos en sus contornos básicos mientras negaba cualquier irregularidad o extralimitación. Su frase 'yo no soy fontanero de ninguna cloaca' apunta directamente a desactivar el marco narrativo que la oposición ha construido en torno a su figura: el del operador político que actúa en la sombra para gestionar intereses del Gobierno fuera de los canales formales. La expresión es una referencia implícita al concepto de 'cloacas del Estado', que en el debate político español remite a operaciones de inteligencia o presión extrajudicial que distintos partidos han denunciado en distintos momentos históricos.
El Partido Popular solicitó formalmente su comparecencia en el Congreso antes de que se produjeran estas declaraciones públicas. Desde Sumar, socio de coalición, no se realizaron declaraciones públicas sobre este asunto en las horas posteriores a la comparecencia, lo que en términos de comunicación política equivale a una posición de espera.
Qué viene ahora: Congreso, SEPI y la credibilidad de la Oficina Económica
El escenario más inmediato pasa por determinar si De la Rocha acabará compareciendo en sede parlamentaria con carácter formal. Los grupos de la oposición tienen capacidad para forzar esa comparecencia en la Comisión de Economía o en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, dependiendo del ángulo que elijan. Una comparecencia parlamentaria obligaría a De la Rocha a responder bajo la disciplina del hemiciclo, con posibilidad de que los grupos le formulen preguntas más precisas sobre la cronología de los contactos y la naturaleza exacta de las conversaciones.
En paralelo, la SEPI tiene abierto un flanco propio: si se acredita que algún representante gubernamental influyó de forma irregular en los órganos de gobierno de Indra, ello podría dar lugar a responsabilidades tanto en sede civil —por daños a los demás accionistas— como en sede administrativa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene competencias para investigar si se produjo alguna irregularidad en el flujo de información privilegiada alrededor de la salida de Escribano, aunque hasta la fecha no ha anunciado ninguna actuación al respecto.
La Oficina Económica del Presidente, creada en su formato actual durante el primer mandato de Zapatero y consolidada como instrumento de coordinación técnica en los sucesivos ejecutivos, enfrenta en este episodio una tensión de legitimidad. Su valor como órgano reside precisamente en su discreción y en la confianza de que opera dentro de los canales formales. Cada vez que uno de sus responsables se ve obligado a explicar públicamente su conducta, una parte de ese capital institucional se erosiona, independientemente del resultado final de las investigaciones o comparecencias.
