El sismo se registró a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), con una profundidad de 103 kilómetros. La entidad calculó que el movimiento liberó una cantidad de energía equivalente a entre 125 y 130 bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima en 1945, una magnitud que explica por qué sus efectos se sintieron con fuerza en al menos cinco departamentos del occidente y centro del país.
Amín calificó de "aterrador" el contenido de los videos al compartirlos. "Observen los videos de las cámaras de seguridad del colegio Fabio Vásquez Botero en Dosquebradas, Risaralda. Lo vivido por los estudiantes muestra la magnitud del terremoto del pasado 10 de agosto", escribió el presidente del cabildo distrital en su publicación.
Las grabaciones se conocieron más de tres semanas después del sismo, en un momento en que las autoridades científicas continúan documentando la secuencia de réplicas del movimiento principal. Según el SGC, el fenómeno provocó una ruptura de aproximadamente 100 kilómetros dentro de la placa de Nazca, la formación tectónica que subduce bajo el occidente colombiano y que explica la sismicidad recurrente de la región del Pacífico.
La Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) reportó que, hasta el 31 de agosto, había registrado 1.340 movimientos sísmicos asociados a esta secuencia, con magnitudes que oscilaron entre 0,6 y 4,8 y profundidades de hasta 120 kilómetros, concentrados principalmente en el departamento del Chocó. La cifra da cuenta de la intensidad de la actividad posterior al sismo principal, que las autoridades geológicas han seguido monitoreando semana a semana.
El SGC explicó que el terremoto no solo generó la secuencia de réplicas esperada para este tipo de eventos, sino también lo que describió como "una dinámica sísmica compleja en el subsuelo", con comportamientos diferenciados según la zona analizada. Cerca de San José del Palmar, en Chocó, los movimientos se han presentado entre 70 y 105 kilómetros de profundidad, con una frecuencia que ha disminuido de manera sostenida tras el sismo principal; los mayores registros de ese grupo alcanzaron magnitudes de 4,8 y 4,3, un patrón que la entidad calificó como "compatible con una secuencia de réplicas".
La entidad identificó, en cambio, un fenómeno distinto en los municipios de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, también en Chocó, donde apareció actividad sísmica ubicada entre 30 y 60 kilómetros de profundidad. Esa diferencia respecto a la secuencia de San José del Palmar llevó a los expertos a plantear que se trata de una dinámica geológica distinta, aunque vinculada al mismo evento del 10 de agosto.
El colegio Fabio Vásquez Botero, ubicado en Dosquebradas —municipio conurbado con Pereira, capital de Risaralda—, es una institución educativa oficial que atiende a población estudiantil de la zona. Hasta el momento no se han difundido reportes oficiales de víctimas asociadas específicamente al colapso del techo registrado en las cámaras, aunque el episodio se suma a las afectaciones en infraestructura educativa documentadas en el departamento desde el sismo.
El precedente de Armenia y la norma sismorresistente
Colombia cuenta con antecedentes de terremotos que dejaron lecciones sobre la vulnerabilidad de la infraestructura pública. El sismo de Armenia de 1999, de magnitud 6,2, destruyó buena parte del eje cafetero, dejó más de mil muertos y precipitó una revisión de la normativa de construcción sismorresistente, hoy contenida en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Esa norma fija los requisitos de diseño y refuerzo estructural que deben cumplir las edificaciones nuevas e indispensables, categoría en la que se inscriben los colegios oficiales.
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, junto con las gobernaciones de los departamentos afectados, ha mantenido labores de evaluación de daños en la región desde el 10 de agosto, aunque un balance consolidado y definitivo de la infraestructura educativa dañada no se ha hecho público hasta la fecha de esta nota. La evaluación de establecimientos educativos oficiales corresponde a las secretarías de educación departamentales y municipales, que deben certificar la habitabilidad de las sedes antes del retorno de los estudiantes.
La difusión de videos como los del colegio de Dosquebradas ha reavivado el debate sobre los protocolos de evacuación escolar y la resistencia estructural de las instituciones educativas en zonas de riesgo sísmico. El asunto podría ser objeto de debates de control político en el Congreso y en los concejos municipales de los departamentos afectados en las próximas semanas, en paralelo a los peritajes técnicos que definirán qué sedes requieren refuerzo o reconstrucción.
