La sentencia del TSJPV, hecha pública la semana pasada, tumbó el decreto de normalización lingüística aprobado en 2024 por un motivo estrictamente procedimental: la memoria económica que acompañaba a la norma adolecía, según el tribunal, de «insuficiencia sustancial». El fallo no entró a valorar el fondo de las alegaciones de Vox, que había planteado la inconstitucionalidad del decreto por considerarlo discriminatorio para los castellanoparlantes; esos argumentos quedaron desechados por la sala.
Pradales defendió ante la cámara vasca que el Ejecutivo autonómico «cumplió todos los controles y procedimientos» al tramitar el decreto, y anunció formalmente la interposición del recurso de casación. La norma regulaba, entre otras cuestiones, los perfiles lingüísticos exigibles al personal de la Administración pública vasca para garantizar el uso del euskera en los servicios públicos.
El lehendakari no se limitó a anunciar el recurso: acusó a Vox de «estar en contra del euskera», argumentando que todas las iniciativas presentadas por esa formación «tienden a limitar cualquier medida dirigida a la normalización lingüística». La intervención se produjo durante el pleno de control, el mecanismo parlamentario ordinario mediante el que los grupos interpelan al Ejecutivo vasco sobre su acción de gobierno.
«Nació para garantizar los derechos lingüísticos», defendió el lehendakari, Imanol Pradales, sobre el decreto anulado por el TSJPV.
El recurso de casación es la vía procesal por la que una parte impugna ante el Tribunal Supremo una sentencia dictada por un tribunal superior, en este caso el TSJPV, cuando concurren motivos tasados por la ley, generalmente relacionados con la interpretación del derecho aplicado y no con una nueva valoración de los hechos. El Gobierno vasco tendrá que argumentar ante el Supremo por qué considera que la memoria económica del decreto cumplía los requisitos legales, revirtiendo así el único reproche que le hizo la sala vasca.
La política lingüística vasca ha sido objeto de litigio judicial de forma recurrente: el propio TSJPV anuló en 2018 buena parte de los perfiles de euskera exigidos por varios ayuntamientos por considerarlos desproporcionados, un precedente que ilustra cómo la fijación de requisitos lingüísticos para el empleo público autonómico ha llegado repetidamente a los tribunales. La litigiosidad política ante los tribunales tiene otros ejemplos recientes, como la Audiencia de Madrid, que archivó la denuncia de Sánchez y el PSOE contra HazteOir por la lona.
El Ejecutivo autonómico ha trasladado que defenderá con firmeza sus compromisos en materia de política lingüística mientras se tramita el recurso ante el Supremo, cuya resolución determinará si el decreto de 2024 recupera su vigencia o si el Gobierno vasco deberá elaborar una nueva memoria económica que subsane el defecto señalado por el TSJPV.
