El material transportado por el Tornado se enmarcaría, según ha trascendido del borrador filtrado, en un plan que prevé habilitar en Ceuta espacios como el parking del Embolsamiento en Loma Colmenar, el antiguo Hospital Militar, terrenos de Defensa en Loma Margarita, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y dependencias sin uso del acuartelamiento Coronel Fischer. El objetivo declarado sería aliviar la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad, que arrastra episodios de sobreocupación desde hace años.
Miles de vecinos se echaron este miércoles a las calles bajo consignas como «Ceuta se defiende, Ceuta no se vende» y exigencias de dimisión dirigidas al Gobierno central y al delegado del Ejecutivo en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano. Las protestas se desplazaron desde el entorno del Hotel Ulises hasta el cuartel Fischer y, finalmente, hasta la sede de la Delegación del Gobierno. Los manifestantes reclamaron la expulsión de los migrantes irregulares —«que se vayan a sus países, tanto mayores como menores», corearon ante el cuartel militar, según las declaraciones recogidas— y denunciaron sentirse «abandonados a la mano de Dios».
Entre los colectivos movilizados figura la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), que ha dado voz públicamente al malestar de los militares destinados en la ciudad. «Otra vez son los militares los que salen mal parados de las decisiones políticas», declaró una portavoz de la asociación. La preocupación se concentra en la barriada de Otero, conocida como Villa Capona, donde residen efectivos de tropa, marinería y suboficiales junto a sus familias, ante la posibilidad de que se instale una nave para migrantes junto a sus viviendas, separada únicamente por un muro.
Los vecinos de esa zona trasladaron su inquietud a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita reciente a la ciudad, alegando temor por la seguridad de sus familias y por la eventual ocupación de inmuebles. Ni la ministra de Defensa ni el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, han efectuado declaraciones públicas específicas en respuesta directa a las críticas vertidas durante las concentraciones. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Torres y que coordina el denominado mando único en la ciudad, no ha confirmado oficialmente el contenido íntegro del borrador que circula entre los colectivos vecinales y militares.
Un enclave de 19 kilómetros cuadrados bajo presión recurrente
La ciudad autónoma, con algo más de 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2025, y un territorio de apenas 19 kilómetros cuadrados, ha sido puerta de entrada recurrente de flujos migratorios irregulares desde Marruecos. El precedente más grave es el salto masivo de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una crisis diplomática entre Madrid y Rabat, un episodio que obligó al despliegue del Ejército y a la devolución en caliente de miles de personas.
La presión sobre el enclave no es un fenómeno nuevo. Ya en la década de 1990, y con mayor intensidad desde el vallado de la frontera a partir de 2005, la ciudad ha experimentado episodios recurrentes de saturación de sus centros de acogida, que han obligado en distintas ocasiones a habilitar instalaciones alternativas de manera temporal —desde pabellones deportivos hasta antiguos cuarteles—, un patrón que se reproduce ahora con la llegada del Tornado.
El marco legal que regula la gestión de la inmigración irregular en España se sustenta en la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros, y en su reglamento de desarrollo, que fijan los procedimientos de acogida, identificación y, en su caso, retorno de quienes llegan de forma irregular. La creación o adaptación de centros de acogida temporal exige la coordinación entre el Ministerio del Interior, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las administraciones locales o autonómicas afectadas.
Ceuta, junto con Melilla, mantiene un estatuto de ciudad autónoma que le confiere competencias limitadas en materia de extranjería, ámbito que corresponde en última instancia al Estado. Esa distribución competencial ha alimentado históricamente la percepción, expresada este miércoles por los manifestantes, de que las decisiones sobre flujos migratorios se adoptan sin suficiente consulta previa a las instituciones y la ciudadanía locales, un reproche ya formulado en la crisis de 2021.
En el plano humanitario, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han reclamado en episodios anteriores que cualquier ampliación de la capacidad de acogida garantice condiciones dignas y evite la masificación denunciada en el CETI. Hasta el momento no constan declaraciones públicas de asociaciones de migrantes u organizaciones con presencia en la ciudad sobre el plan concreto de habilitación de nuevos espacios.
El Gobierno no ha fijado públicamente un calendario para la aprobación definitiva del real decreto ni para la puesta en marcha efectiva de los nuevos espacios, cuya filtración precipitó las protestas de este miércoles. En los próximos días se espera que trascienda mayor información sobre el alcance del mando único coordinado por Torres y sobre si el Ejecutivo introduce modificaciones al borrador tras el rechazo vecinal y militar expresado en las calles ceutíes.
