Una amnistía nacida de la investidura de 2023
La ley de amnistía, tramitada en el Congreso en 2024 tras las elecciones generales de julio de 2023, exculpó penal y administrativamente a las personas investigadas o condenadas por su participación en el proceso independentista catalán, incluido el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. La norma fue una de las condiciones exigidas por Junts, liderado por Carles Puigdemont desde su exilio en Bruselas, y por ERC para respaldar la investidura de Sánchez frente a la alternativa del PP de Alberto Núñez Feijóo, que había ganado las elecciones en número de escaños pero no logró los apoyos suficientes para formar Gobierno.
Qué dice —y qué no dice— el fallo de Luxemburgo
Según la información, el TJUE descarta que la amnistía vulnere las normas de la Unión, en particular en lo relativo a la protección de los intereses financieros europeos y a los principios de independencia judicial invocados por los recurrentes. El tribunal con sede en Luxemburgo responde así a una cuestión prejudicial elevada por instancias judiciales españolas, que dudaban de la compatibilidad de la ley con el ordenamiento comunitario antes de aplicarla a los casos pendientes, entre ellos los relacionados con el uso de fondos públicos durante la organización del referéndum de 2017.
El fallo no entra a valorar la constitucionalidad de la norma en el ordenamiento interno español, cuestión que corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, que mantiene abiertos recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y por Vox desde 2024. El alto tribunal español no ha fijado fecha para resolver sobre el fondo, aunque el pronunciamiento europeo se interpreta en el entorno del Gobierno como un elemento que despeja el terreno para una resolución favorable a la ley.
El Gobierno reivindica su 'mayoría plurinacional'
Fuentes gubernamentales citadas por El País sostienen que la sentencia no solo despeja las dudas jurídicas sobre la amnistía, sino que valida la que consideran la principal apuesta política de la legislatura: la construcción de lo que Sánchez ha denominado la 'mayoría plurinacional', el bloque de investidura que agrupa a PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG. El Ejecutivo defiende que la ley ha contribuido a normalizar la situación política en Cataluña y que el resultado europeo 'demuestra' el sentido de esa mayoría, según la lectura que trasladó tras conocerse el fallo.
Con ese argumento, el Gobierno y sus socios parlamentarios han pedido a los tribunales españoles —el Constitucional y el Supremo— que agilicen la aplicación de la amnistía a todos los afectados y cuanto antes, incluidos los procesos que aún afectan a máximos responsables del procés. El objetivo, según fuentes del Ejecutivo, es cerrar antes de que finalice la legislatura los flancos judiciales que permanecen abiertos desde 2017.
Junts y ERC hablan de 'rotunda victoria', no de cierre
Frente a esa interpretación, tanto Junts como ERC han trasladado una lectura opuesta del fallo., ambas formaciones consideran que la sentencia constituye una 'rotunda victoria' que revalida sus reivindicaciones y demuestra que el conflicto entre Cataluña y el Estado no se ha cerrado, sino que continúa vigente pese a la amnistía. Para el independentismo, la norma es un instrumento fruto de la negociación parlamentaria y no una solución de fondo al encaje territorial de Cataluña.
La divergencia se produce en una relación de por sí tensa entre el Gobierno y Junts, que en los últimos meses ha condicionado su apoyo parlamentario a distintas iniciativas y ha reclamado avances en autogobierno, financiación autonómica y reconocimiento lingüístico. ERC mantiene una posición equivalente desde su papel en el arco parlamentario catalán, donde el independentismo perdió la mayoría absoluta frente al avance del PSC en las últimas autonómicas.
El único precedente: la amnistía de 1977
La amnistía carece de un precedente reciente comparable en democracia: la última ley de este tipo en España fue la de 1977, aprobada en plena Transición para excarcelar a presos políticos del franquismo, una norma de un contexto histórico radicalmente distinto que buscaba pasar página de la dictadura. La comparación entre ambas leyes ha sido recurrente en el debate político y jurídico desde que se anunció la negociación de la amnistía de 2024, con posiciones enfrentadas sobre si son equiparables.
El laberinto procesal que aún queda por resolver
El recorrido judicial de la norma ha incluido, además de la cuestión prejudicial ante el TJUE, recursos de inconstitucionalidad ante el Constitucional presentados por el PP y por Vox, así como cuestiones prejudiciales planteadas por jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que debían decidir su aplicación en causas concretas, entre ellas las relativas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros exdirigentes del Govern de 2017. El punto más disputado ha sido la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación de fondos públicos, sobre cuyo encaje con la normativa europea recaían las principales dudas ahora abordadas por Luxemburgo.
PP y Vox remiten al Constitucional
El Partido Popular, que ha calificado la amnistía desde su aprobación como una cesión política sin respaldo constitucional, ha reiterado su rechazo y ha insistido en que la resolución determinante para el futuro de la norma es la pendiente del Tribunal Constitucional español, no la del TJUE. Vox ha mantenido una posición similar de oposición frontal. En el debate de estos años, sectores de la magistratura han cuestionado también la ley por su posible afectación al principio de igualdad ante la ley, mientras el Gobierno y sus socios la han defendido como legítima y ya avalada en Europa.
Los hitos que vienen: Constitucional y Supremo
El siguiente hito relevante será la decisión del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad pendientes, sin fecha confirmada. En paralelo, el Tribunal Supremo deberá resolver la aplicación concreta de la amnistía a los procesos aún abiertos, incluidos los que afectan a dirigentes independentistas con causas de malversación, el extremo que en el pasado generó las mayores dudas sobre su compatibilidad con el derecho europeo y que, según la lectura del Gobierno, quedaría ahora despejado. De esas resoluciones dependerá si el Ejecutivo logra dar por cerrado el capítulo judicial del procés antes del final de la legislatura.
