El pacto, impulsado en el contexto de una temporada estival que en 2026 ha vuelto a exigir un despliegue extraordinario de medios en comunidades como Galicia, Castilla y León o Extremadura, busca fijar un marco compartido entre administraciones, bomberos forestales, agentes medioambientales, propietarios de montes y colectivos de prevención. Según fuentes del propio Ministerio, la finalidad es que el documento sirva de hoja de ruta común para reforzar la prevención, la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado y la profesionalización de los efectivos que combaten el fuego.
El proceso de participación previo habría generado fricciones. Los colectivos consultados —sindicatos de bomberos forestales, asociaciones de agentes rurales, plataformas de brigadistas y organizaciones de propietarios forestales— habrían remitido en torno a 4.000 alegaciones al borrador, en las que reclamaban la homologación de categorías profesionales, la extensión de la temporada de contratación más allá del verano, mejoras salariales y de equipamiento y un refuerzo de las plantillas fuera del pico estival. La queja de fondo es recurrente desde hace más de una década: la precariedad estructural del sector, con contratos ligados a la campaña de riesgo alto y plantillas que se reducen en otoño e invierno, cuando el cambio climático y el abandono rural han alargado también la ventana de peligro fuera de julio y agosto.
Un reparto competencial fragmentado y varios intentos previos
La gestión de la extinción en España está repartida entre el Estado, que coordina la Unidad Militar de Emergencias (UME) y aporta medios aéreos a través del Ministerio, y las comunidades autónomas, que tienen la competencia directa sobre prevención y extinción en su territorio conforme al reparto fijado por la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía. Esa fragmentación es uno de los argumentos que el Ministerio esgrime para justificar la necesidad de un pacto de mínimos compartido.
España no es ajena a los intentos de blindar por consenso la política de incendios. Tras los grandes fuegos de octubre de 2017 en Galicia y Portugal, que dejaron más de un centenar de muertos en el país vecino y obligaron a activar la cooperación transfronteriza, se sucedieron iniciativas de coordinación estatal que no cuajaron en un texto vinculante firmado por el conjunto de las comunidades. El propio Ministerio ya había abordado en años posteriores la conveniencia de un marco común, sin que llegara a materializarse en un acuerdo suscrito por todas las administraciones.
La financiación de los medios es otro punto de fricción histórica. Las partidas estatales y las autonómicas conviven con el mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (rescEU), que en los últimos veranos ha desplegado aviones y helicópteros de refuerzo para España, Grecia, Portugal e Italia ante campañas especialmente virulentas. Las comunidades reclaman de forma reiterada una mayor aportación estatal, mientras el Ministerio subraya el carácter autonómico de la competencia ordinaria de extinción.
Colectivos divididos ante la petición de adhesión
Las organizaciones que participaron en las alegaciones mantienen posiciones dispares sobre la comunicación remitida ahora. Fuentes de sindicatos de bomberos forestales habrían expresado su malestar por lo que consideran una petición de respaldo político sin que se hayan atendido sus demandas técnicas y laborales, y habrían advertido de que firmar una adhesión sin cambios sustanciales en el texto equivaldría a legitimar un documento que, a su juicio, no resuelve los problemas estructurales del sector.
Otras asociaciones se habrían mostrado más favorables a sumarse, al entender que un marco de mínimos compartido por todas las administraciones, aunque imperfecto, supone un avance frente a la actual dispersión normativa. Estas voces subrayan que la firma de un pacto de Estado no cierra la puerta a negociaciones posteriores sobre condiciones laborales, que en España se dirimen habitualmente en las mesas sectoriales de cada comunidad autónoma y no en el ámbito estatal.
El Ministerio, por su parte, defiende que el pacto no pretende sustituir esas negociaciones laborales —que corresponden a cada administración autonómica como empleadora directa de la mayoría de los efectivos—, sino fijar un compromiso político y presupuestario de país sobre prevención, coordinación y medios técnicos. El departamento habría insistido en que la adhesión de los colectivos profesionales aporta legitimidad social al acuerdo antes de someterlo a la firma de las comunidades autónomas.
El calendario del pacto no está cerrado. Según fuentes del Ministerio, el objetivo sería completar el proceso de adhesiones y presentar el documento definitivo antes de que concluya la actual campaña de alto riesgo, que en España se extiende oficialmente entre junio y octubre, aunque los servicios de extinción llevan años pidiendo su ampliación formal a primavera y otoño ante el adelanto y la prolongación de los episodios de calor extremo.
Lo que está por ver es si el Gobierno introduce modificaciones que respondan a parte de las alegaciones presentadas o si el pacto se cierra en los términos ya conocidos con el respaldo de los colectivos que decidan sumarse. De ello dependerá, según los sindicatos del sector, que el acuerdo se perciba como un compromiso real de reforma o como un gesto simbólico ante una temporada que, a falta de cerrar el verano de 2026, ya ha vuelto a exigir un despliegue extraordinario de medios en varias comunidades.
