La reunión del 4 de septiembre reabre un contencioso que lleva meses enquistado entre el Ejecutivo y la mayoría de comunidades. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano de coordinación entre el Estado y las autonomías previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), debe pronunciarse sobre un modelo que, según las cifras de Hacienda, repartiría 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto al sistema vigente, hasta elevar los recursos totales para las comunidades de régimen común a 224.507 millones.
Cuando Hacienda convocó inicialmente el CPFF para el 29 de julio con intención de llevar el modelo a votación, los gobiernos autonómicos del PP remitieron una carta al ministro en la que denunciaban que la propuesta era, en lo sustancial, la misma que habían rechazado 16 de los 17 territorios afectados en enero. Calificaron el proceso de reforma «pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás» y reclamaron que no se sometiera a votación de forma precipitada. Hacienda accedió a retrasar la cita hasta septiembre, pero no ha retirado el modelo ni ha abierto una renegociación de fondo con el resto de comunidades.
El rechazo no se limita a los territorios gobernados por el Partido Popular. En el CPFF de enero, también Castilla-La Mancha y Asturias, ambas con gobiernos del PSOE, cuestionaron que una reforma que afecta al conjunto del sistema se hubiera diseñado a partir de una negociación bilateral entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya. Ese matiz sitúa el eje de la controversia en el procedimiento tanto como en el resultado: lo que las comunidades discrepantes objetan es que un pacto con una formación catalana se presente después como modelo de aplicación general.
El precedente de la deuda condonada
No es el primer choque de este tipo en la presente legislatura. La condonación de la deuda autonómica siguió un patrón similar: un acuerdo cuyo origen el propio Gobierno vinculó a las negociaciones de investidura con ERC, extendido después al conjunto de comunidades de régimen común para defender que el pacto beneficiaba a todos los territorios. El Ejecutivo reconoció que aquella medida formaba «parte de la negociación» mantenida con los republicanos catalanes.
La quita implicó que el Estado asumiera hasta 83.252 millones de euros correspondientes a las comunidades de régimen común, según los datos del propio Ministerio de Hacienda. Andalucía, gobernada por el PP, resultó la mayor beneficiaria con 18.791 millones condonados, seguida de Cataluña con 17.104 millones, la Comunidad Valenciana con 11.210 millones y Madrid con 8.644 millones. Hacienda ha subrayado que casi 60.000 de esos 83.252 millones corresponden a comunidades del PP, argumento que ha empleado para negar que la medida constituyera un trato de favor hacia Cataluña.
El propio ministerio calcula un ahorro en torno a 6.700 millones de euros en intereses derivado de la operación, una cifra que las comunidades del PP han cuestionado al considerar que no incorpora las penalizaciones asociadas al pago anticipado de la deuda. El argumento del reparto tampoco despeja una objeción de fondo: la deuda condonada no desaparece del balance de las cuentas públicas, sino que cambia de titular. El Estado pasa a ocupar el lugar de las comunidades como deudor, de modo que el volumen agregado de deuda pública española permanece inalterado, un extremo que consta en la propia documentación elaborada por Hacienda.
El trasfondo institucional de la disputa remite al artículo 156 de la Constitución, que reconoce la autonomía financiera de las comunidades «para el desarrollo y ejecución de sus competencias», y a la propia LOFCA, que atribuye al CPFF la función de coordinar la política presupuestaria de las administraciones territoriales. La financiación autonómica ha sido, desde la aprobación del actual modelo en 2009, una de las materias más disputadas del sistema autonómico español. Aquel acuerdo, alcanzado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue el último gran pacto de calado y ninguna de las tentativas posteriores logró reunir el consenso de todas las comunidades a la vez, un patrón que las diferentes formaciones han atribuido a las diferencias de renta per cápita entre territorios.
El Ejecutivo sostiene que el origen bilateral de la propuesta no invalida el fondo del acuerdo y que corresponde al CPFF, como órgano multilateral, discutir y en su caso aprobar la reforma con independencia de cómo se gestara su diseño inicial. Hacienda defiende además que el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante entre comunidades y refuerza los mecanismos de solidaridad interterritorial. Los gobiernos autonómicos del PP, por su parte, han reclamado un mecanismo de evaluación técnica previo a cualquier votación y garantías de que la reforma no perjudique a las comunidades que más aportan al sistema de nivelación.
Qué ocurre a partir del 4 de septiembre
La votación del CPFF no es meramente simbólica, aunque su resultado dependerá de la correlación de fuerzas entre comunidades gobernadas por el PSOE, el PP y los territorios con representación de fuerzas nacionalistas o independentistas. El órgano puede aprobar el modelo sin unanimidad, ya que sus decisiones no requieren consenso pleno para su validez, pero una reforma de calado que carezca de respaldo amplio afronta dificultades de aplicación práctica en las comunidades que se opongan.
Si el modelo saliera adelante en el CPFF, su tramitación posterior exigiría el desarrollo normativo correspondiente y, en función de su alcance, una eventual modificación de la propia LOFCA, lo que abriría un debate parlamentario en unas Cortes Generales donde el Gobierno no dispone de mayoría absoluta. Las comunidades del PP ya han avanzado que, de aprobarse la reforma sin su respaldo, no descartan recurrir la decisión ante los tribunales, un escenario que también se planteó tras la condonación de deuda.
