El desembolso se reparte en dos bloques: 285 millones para los 18 H135 y 107 millones para los cuatro H160, lo que arroja un coste presupuestario medio de 15,83 y 26,75 millones de euros por aparato, respectivamente. Hacienda no detalla qué proporción de esas cifras corresponde a la aeronave y cuál a equipamiento o apoyo logístico.
La autorización habilita a la Dirección General de Armamento y Material, dependiente de Defensa, a tramitar el expediente de contratación. El pago se escalonará entre 2027 y 2033, con un pico en 2030, cuando está previsto comprometer 153 millones de euros, cerca del 39% del total del programa.
El origen de esta compra se remonta a julio de 2020, cuando el Gobierno y Airbus alcanzaron un acuerdo marco para impulsar la industria aeronáutica española mediante la renovación de las flotas de helicópteros de Defensa e Interior. Aquel compromiso contemplaba una primera fase de 36 unidades H135, ampliable hasta 59 en una segunda etapa, además de cuatro H160 para el Ministerio del Interior.
En diciembre de 2021 se formalizó la adquisición de los primeros 36 H135 por 310 millones de euros, repartidos a partes iguales entre las Fuerzas Armadas —Ejército del Aire y del Espacio y Armada— y los cuerpos policiales, con nueve unidades para la Policía Nacional y otras tantas para la Guardia Civil. Los H135 se emplean sobre todo en formación de pilotos: el Ejército del Aire los destina al Ala 78, con sede en la base de Armilla (Granada), mientras la Armada los usa para renovar su flota de enseñanza.
La compra de los cuatro H160, por 107 millones de euros, es el elemento sin aclarar de la operación. Hacienda no concreta qué organismo recibirá estas aeronaves, de mayor tamaño y capacidad que los H135, pensadas para vigilancia, búsqueda y rescate, transporte de equipos de intervención y operaciones de seguridad, con posibilidad de incorporar cámaras térmicas y grúas de rescate.
Los antecedentes documentales sitúan su destino en el Ministerio del Interior: el acuerdo de julio de 2020 ya contemplaba estos cuatro aparatos para ese departamento, junto con el desarrollo de una versión policial del modelo con participación de la ingeniería española, destinada a la Guardia Civil y la Policía Nacional. En junio de 2021, el Gobierno justificó la renovación de las flotas policiales por la necesidad de reforzar operaciones contra el narcotráfico, el tráfico de personas y la inmigración irregular, con especial atención a Canarias, el Campo de Gibraltar y el mar de Alborán.
La Guardia Civil, que cuenta con helicópteros Dauphin para vigilancia marítima, ha reclamado en el pasado aeronaves de mayores prestaciones, aunque no existe confirmación oficial pública sobre el reparto final de los cuatro H160 entre ese cuerpo y la Policía Nacional. La renovación de los helicópteros de apoyo a la Unidad Militar de Emergencias discurre por un programa aparte, con el modelo H145M.
Aunque la operación se gestiona desde Defensa, los antecedentes oficiales vinculan los H160 a Interior. La documentación difundida este martes no precisa el calendario de entrega de los 22 helicópteros ni su distribución definitiva entre los organismos implicados en el programa. El Consejo de Ministros, que ejerce la competencia de autorizar contrataciones que superan los umbrales de gasto fijados por la normativa presupuestaria, deja así la ejecución en manos del expediente que ahora abrirá la Dirección General de Armamento y Material.