La fórmula elegida por el Ejecutivo combina dos instrumentos: una cuenta de ahorro con beneficios fiscales pensada para el pequeño inversor y un vehículo adicional orientado a canalizar recursos hacia fondos que inviertan en compañías radicadas en la Unión Europea. Ambas figuras contemplan exenciones tributarias, si bien el alcance exacto —total o parcial según el producto y el plazo de permanencia— queda por concretar en el desarrollo reglamentario posterior. El Ministerio de Economía trabajaba en esta línea desde hace años, en coordinación con las instituciones europeas.
El objetivo declarado es acercar el ahorro español a los mercados bursátiles del continente. España mantiene una tasa de inversión minorista en Bolsa muy inferior a la de otros socios comunitarios, un rasgo que diversos organismos económicos han vinculado con la menor financiación de las empresas europeas frente a bloques como Estados Unidos, donde el ahorro de los hogares fluye en mayor medida hacia la renta variable.
Que el Gobierno haya introducido estas medidas dentro del real decreto de vivienda, y no en una norma fiscal específica, responde a una técnica legislativa habitual en los decretos ómnibus de los últimos años, que permite tramitar medidas dispares bajo un mismo paraguas normativo. Esa práctica ha sido cuestionada por la oposición en ocasiones anteriores por reducir el debate parlamentario específico sobre cada materia.
El mismo decreto incluye los cambios que afectan al mercado del alquiler, entre ellos la rebaja del IRPF para los propietarios en zonas tensionadas, una medida por la que, según los cálculos disponibles, los inquilinos de zonas tensionadas ahorrarán 500 euros al año. El paquete normativo se convierte así en un vehículo con implicaciones simultáneas en vivienda y en ahorro financiero, dos frentes que el Ejecutivo aborda de manera conjunta pese a operar en registros regulatorios distintos.
Convalidación pendiente en el Congreso
Como todo real decreto-ley, el texto necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días desde su publicación para no decaer, un trámite que en la legislatura actual ha resultado incierto en más de una ocasión dada la aritmética parlamentaria. La convalidación abre además la puerta a que los grupos presenten enmiendas o a su tramitación como proyecto de ley, lo que podría modificar el diseño final de las dos figuras fiscales.
El antecedente más próximo son los planes de pensiones y los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), productos introducidos en las últimas décadas que combinaron ventajas fiscales con el objetivo de estimular el ahorro a largo plazo, con resultados desiguales en cuanto a penetración entre los hogares. El reto de fondo no es tanto crear el instrumento como lograr que cale entre un ahorrador tradicionalmente volcado en el ladrillo, en un país que, según el Banco de España, acumula un déficit cercano al millón de viviendas.
El texto publicado este miércoles en el BOE marca el punto de partida de un proceso cuyo alcance real —las exenciones concretas y el calendario de aplicación de ambas figuras— dependerá de la convalidación parlamentaria y del posterior desarrollo reglamentario.
