La cifra anunciada por Saiz eleva a 30,5 millones de euros el total movilizado por el Ejecutivo para Ceuta en apenas un mes, en respuesta a lo que la propia ministra describió como un episodio "inédito" de llegadas irregulares registrado el jueves pasado en la ciudad autónoma. Según explicó, la partida extraordinaria se tramitará desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia, que a su vez ejecutará una transferencia de crédito extraordinario a la ciudad autónoma mediante los mecanismos presupuestarios ya articulados en anteriores crisis migratorias.
Saiz sostuvo que con estos recursos el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y, especialmente, al lado de "los más vulnerables". La ministra apeló además a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas en la acogida de los menores, "por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular", en una intervención que sitúa el reparto territorial de la acogida en el centro del debate.
Un desmentido sobre la alerta marroquí
Preguntada por la información difundida el lunes por fuentes del Ministerio de Exteriores de Marruecos —según la cual Rabat habría alertado a España días antes sobre las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo español de comienzos de julio—, Saiz reiteró que el Gobierno nunca dispuso de un informe que anticipara "la magnitud del hecho inédito" vivido el jueves en Ceuta. La ministra reconoció que el Ejecutivo contaba con información sobre un repunte de llegadas irregulares "propio del verano", pero negó haber recibido aviso de una emergencia de esa dimensión.
Saiz subrayó la colaboración de Marruecos, sin la que, sostuvo, no habría sido posible una "respuesta tan excepcional" por parte del Gobierno, y se remitió a la reunión del Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en la que participaba este martes el titular del ramo, Fernando Grande-Marlaska. También destacó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó el lunes la gestión española de la crisis.
Dos centros educativos y la reubicación entre comunidades
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia informaron este martes de que, tras la coordinación con el Ministerio de Educación, se han habilitado dos centros educativos en Ceuta para la atención de los menores no acompañados, especialmente de las niñas. Las mismas fuentes señalaron que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a la ciudad autónoma en los próximos días para hacer un seguimiento de la situación y activar los mecanismos disponibles de acogida.
Entre esos mecanismos figura la modificación de la Ley de Extranjería, que establece un modelo de reubicación obligatoria de los menores no acompañados desde los territorios con alta presión migratoria —como es el caso de Ceuta ya antes de esta crisis— hacia el resto de comunidades autónomas. El reparto territorial de menores ha sido objeto de fricción entre el Gobierno y varios ejecutivos autonómicos, que en distintos momentos han cuestionado los criterios de distribución y la financiación asociada.
El mecanismo de reubicación se apoya en el sistema de conferencias sectoriales, el foro de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas donde se acuerdan tanto los repartos de menores como las cuantías de financiación. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de julio, en la que se distribuyeron 35 millones de euros, es el marco en el que se asignaron los 5,5 millones que ahora se complementan con la partida extraordinaria.
Ceuta, junto con Melilla y Canarias, constituye una de las principales puertas de entrada de flujos migratorios irregulares hacia España por su condición fronteriza con Marruecos. El precedente más recordado es la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas —según las cifras que entonces facilitó el propio Gobierno— cruzaron a nado o a pie hacia la ciudad autónoma en apenas dos días, en un contexto de tensión diplomática con Rabat, episodio que puso a prueba la capacidad de acogida del enclave y derivó igualmente en transferencias extraordinarias de fondos.
La atención a menores extranjeros no acompañados corresponde, según el marco competencial vigente, a los sistemas de protección de la infancia de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, mientras que el Estado asume la coordinación, la financiación complementaria y la determinación del estatus del menor. Esa distribución de competencias es la razón por la que Saiz apeló a la corresponsabilidad autonómica en la acogida.
El siguiente hito será el viaje de la ministra Sira Rego a Ceuta en los próximos días y la tramitación efectiva de la transferencia de crédito extraordinario por parte de Hacienda, cuya ejecución determinará el ritmo real de llegada de los fondos a la ciudad autónoma. En paralelo, la aplicación del mecanismo de reubicación previsto en la Ley de Extranjería marcará el reparto de menores entre comunidades en las próximas semanas.
