La controversia se enmarca en el episodio migratorio que ha vuelto a poner el foco sobre Ceuta, uno de los dos puntos de fricción permanentes —junto con Melilla— entre España y Marruecos en materia de control de fronteras. Las llegadas irregulares a través del perímetro fronterizo o por vía marítima reactivan de forma recurrente el debate sobre los medios disponibles en la ciudad autónoma y sobre el reparto de responsabilidades entre la Administración General del Estado, la Ciudad Autónoma y las autoridades marroquíes.
Según trasladó la ministra, el Gobierno central ha mantenido en todo momento un despliegue de recursos en Ceuta orientado a la atención de las personas migrantes, con el CETI como pieza central de ese entramado. Este centro, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, tiene como función legal la acogida temporal de solicitantes de protección internacional y de personas en situación irregular mientras se resuelve su situación administrativa, conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) y su reglamento de desarrollo.
Un vínculo bilateral marcado por la crisis de 2021
La mención expresa a la «colaboración» de Marruecos no es un detalle menor. Rabat y Madrid mantienen una relación bilateral marcada por ciclos de tensión y distensión desde la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando la llegada masiva de personas a Ceuta —coincidiendo con el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali— provocó una ruptura temporal de las relaciones entre ambos países. Aquel episodio se saldó con más de 8.000 entradas en apenas 48 horas, según datos del Ministerio del Interior de la época, y solo se reconducio meses después con el reconocimiento español de la autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como base de solución al conflicto, un giro que Rabat reclamaba desde hacía años.
Desde entonces, la cooperación migratoria con Marruecos —control de costas, vigilancia del perímetro fronterizo y readmisión de personas interceptadas— se ha convertido en un elemento estructural de la política migratoria española en el Estrecho y en el norte de África. Ceuta y Melilla, como únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, concentran una presión migratoria que Bruselas sigue de cerca a través de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras y costas, y de los mecanismos de solidaridad previstos en el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, adoptado en 2024.
El reproche de la ministra al PP se produce en un contexto de confrontación política recurrente sobre la gestión de fronteras, un terreno en el que los principales partidos españoles han mantenido posiciones enfrentadas durante los últimos gobiernos, tanto del PSOE como del PP. Desde la oposición, dirigentes populares han reclamado en ocasiones anteriores mayor firmeza en el control fronterizo y han cuestionado la suficiencia de los medios estatales desplegados en Ceuta y Melilla, así como la coordinación con las autoridades autonómicas y locales.
El Ministerio de Migraciones tampoco ha publicado, hasta el momento, un comunicado propio con el detalle de los recursos citados ni cifras actualizadas de ocupación del CETI de Ceuta. La capacidad de este centro ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de organizaciones humanitarias como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Save the Children, que en informes previos han alertado sobre situaciones de saturación, especialmente en episodios de llegadas masivas. El centro, diseñado para una capacidad ordinaria muy inferior a los picos de ocupación registrados en momentos de crisis, ha llegado a superar varias veces su aforo teórico, obligando a habilitar instalaciones complementarias, como ocurrió en 2021.
Desde el punto de vista normativo, la gestión de las llegadas irregulares en Ceuta se rige por el régimen especial contemplado en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, un mecanismo que ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional y de pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2020 avaló su compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso N.D. y N.T. contra España, siempre que existan vías legales y efectivas de acceso al procedimiento de asilo.
El trasfondo migratorio en el Estrecho y el Mediterráneo occidental sigue marcado por factores estructurales: la inestabilidad en el Sahel, las dificultades económicas en varios países del África subsahariana y la persistencia de rutas migratorias hacia Canarias y el sur peninsular. Según datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2025, las llegadas por esta última vía se mantuvieron por debajo de los picos históricos registrados en 2018 y 2020, aunque con oscilaciones estacionales vinculadas a las condiciones meteorológicas y a la actividad de las redes de tráfico de personas.
En el plano bilateral, Marruecos ha reforzado en los últimos años su papel como socio de la Unión Europea en el control migratorio, a cambio de compromisos europeos en materia de inversión y cooperación económica y, en el caso español, de posicionamiento diplomático sobre el Sáhara Occidental. Esta dinámica ha sido descrita como una forma de externalización de fronteras, un modelo que la UE aplica también con Turquía, Libia y Túnez y que ha sido objeto de escrutinio por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
A partir de ahora, el foco estará en si el Ministerio de Migraciones ofrece datos concretos sobre la evolución de las llegadas a Ceuta en las últimas semanas y sobre el estado real de ocupación del CETI, así como en la respuesta que pueda dar el PP a las críticas de la ministra. La comparecencia de responsables gubernamentales ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en caso de producirse, podría aportar mayor concreción sobre los recursos desplegados y sobre el marco de cooperación vigente con Marruecos en este ámbito.
