La situación se ha tensado en las últimas semanas ante la llegada de un número elevado de personas migrantes, en su mayoría de origen subsahariano, que ha desbordado la capacidad del CETI, el dispositivo estatal destinado a la primera acogida de quienes llegan de forma irregular a la ciudad autónoma. Decenas de personas se agolpan a diario a las puertas del centro a la espera de plaza —al menos medio centenar el martes, según las imágenes difundidas—, mientras otras pernoctan en playas y espacios públicos ante la falta de alojamiento disponible.
El acuerdo alcanzado el lunes entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí contempla la habilitación de cuatro nuevos espacios para albergar a 1.500 migrantes, una cifra que, de confirmarse su puesta en marcha efectiva, aliviaría la presión sobre el CETI y reduciría el número de personas sin techo en la vía pública. La medida se suma a otras anunciadas semanas atrás por el Ministerio de Inclusión, aunque su ejecución material —la adecuación de polideportivos y otros inmuebles municipales— requiere tiempo y coordinación entre administraciones.
Un pulso a varias bandas
Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma desde 2001, ha reiterado que el Gobierno central «ha abandonado a Ceuta» ante la magnitud de la crisis. El Ejecutivo rechaza la acusación al recordar que la ministra Saiz permanece desplazada en la ciudad y que los refuerzos reclamados ya están, según su versión, en marcha o en fase de tramitación. La discrepancia sobre el ritmo y la suficiencia de la respuesta estatal constituye el eje del pulso político que atraviesa la crisis.
La presión no procede únicamente del ámbito político. Los sindicatos policiales destinados en Ceuta han elevado sus demandas de refuerzos al considerar insuficientes los efectivos actuales para gestionar la seguridad en torno al CETI y controlar los movimientos de personas migrantes en el entorno urbano. Estas organizaciones advierten desde hace tiempo de la sobrecarga de trabajo del personal desplegado en la frontera sur, un problema que se agrava en los picos de llegadas.
El Poder Judicial también ha entrado en la ecuación. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, tiene entre sus competencias dotar de recursos humanos y materiales los juzgados, incluidos los de Ceuta, que deben tramitar los procedimientos de expulsión y las peticiones de asilo derivadas del flujo migratorio. El Gobierno recuerda que ofreció hace dos semanas refuerzos judiciales para agilizar esos trámites, sin que el CGPJ haya formalizado aún la solicitud, lo que retrasa la llegada de personal de apoyo adicional a los juzgados ceutíes.
La dimensión europea tampoco es menor. Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, lo que convierte a la ciudad en un punto de observación permanente para Bruselas en materia de gestión de fronteras exteriores y de aplicación del Reglamento de Dublín, que determina qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de protección internacional. La UE apoya a España a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), cuyo despliegue efectivo depende de acuerdos y de la disponibilidad de medios.
El marco legal y los antecedentes
El régimen aplicable combina la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) y la normativa de asilo (Ley 12/2009), que fijan plazos y procedimientos para determinar si una persona puede acceder a territorio peninsular, ser repatriada o iniciar una solicitud de protección internacional. El CETI, gestionado por el Ministerio de Inclusión, tiene una capacidad estructural muy inferior a la demanda actual, lo que obliga a habilitar instalaciones de emergencia en cada repunte de llegadas desde su apertura, en el año 2000.
Ceuta ha vivido episodios de tensión migratoria similares. El más recordado se produjo en mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos en apenas 48 horas tras una relajación puntual de los controles fronterizos marroquíes, en plena crisis diplomática entre Rabat y Madrid vinculada al conflicto del Sáhara Occidental. Aquel episodio obligó a un despliegue del Ejército y derivó, meses después, en el relevo de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya. La situación actual, de menor intensidad numérica, reabre el debate sobre la ausencia de una solución estructural para la frontera sur.
Las magnitudes exactas del repunte actual no están oficialmente cuantificadas más allá de las estimaciones trasladadas por fuentes institucionales locales sobre la ocupación del CETI y las personas que pernoctan fuera de él. El Ministerio del Interior es el organismo competente para ofrecer datos consolidados sobre llegadas irregulares a las fronteras españolas, que en los últimos años han fluctuado en función de la situación en el norte de África y del grado de cooperación migratoria con Marruecos.
El impacto se percibe con especial intensidad por la escala de la ciudad, de en torno a 85.000 habitantes según el padrón del INE, lo que hace que cualquier llegada masiva tenga un efecto proporcionalmente mucho mayor que en la península. En paralelo a la inquietud de comerciantes y vecinos por la visibilidad de la crisis en el espacio público, se han movilizado voluntarios en polideportivos habilitados de urgencia para atender a los recién llegados.
El PP, desde el Gobierno local y desde su dirección nacional, ha aprovechado la crisis para reclamar una revisión de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno central defiende que la respuesta en Ceuta se enmarca en una estrategia más amplia de gestión de fronteras que incluye la cooperación con Marruecos y el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas, un mecanismo regulado por norma que ha generado fricciones políticas, especialmente con comunidades gobernadas por el propio PP.
El desarrollo de la crisis dependerá en las próximas semanas de la velocidad con la que se habiliten los cuatro espacios pactados para 1.500 personas, de la eventual formalización por parte del CGPJ de la petición de refuerzos judiciales y de la evolución de las llegadas, condicionada por la situación en la orilla sur del Estrecho. El Gobierno mantendrá el despliegue de la ministra Saiz en Ceuta mientras dure la fase más aguda, sin que haya fijado por ahora un calendario público para resolver la saturación del CETI.
