El texto, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en coordinación con Sumar, buscaba prorrogar hasta 2028 los límites a la actualización de las rentas de alquiler que recoge la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, e introducir modificaciones en el régimen del suelo urbanizable orientadas a agilizar la promoción de vivienda protegida.
La aritmética de la actual legislatura, marcada por una mayoría de investidura fragmentada, obliga al Ejecutivo a negociar decreto a decreto con socios cuyo apoyo no está garantizado. Un decreto-ley requiere el respaldo de la mayoría simple del pleno para su convalidación en el plazo de treinta días; sin los votos de Junts y Podemos, el Gobierno no reuniría los apoyos necesarios y el texto quedaba abocado a decaer.
Junts, formación decisiva desde la investidura de Pedro Sánchez en 2023, ya había votado en contra de iniciativas previas vinculadas a la política de vivienda. La formación catalana ha reiterado en distintas intervenciones públicas que su respaldo a cualquier norma en este ámbito pasa por el reconocimiento de las competencias autonómicas en suelo y urbanismo, que considera exclusivas de la Generalitat, y por avances en otros expedientes pendientes con el Ejecutivo central.
Podemos, que abandonó el grupo parlamentario de Sumar en 2024 y opera desde entonces como formación independiente, ha rechazado el decreto por considerarlo insuficiente para frenar la subida de los precios del alquiler y ha defendido públicamente la necesidad de topes más estrictos y de declarar zonas tensionadas en más municipios, un mecanismo que la Ley de Vivienda de 2023 deja en manos de las comunidades autónomas.
Ante ese escenario, y según fuentes conocedoras de las deliberaciones internas, Moncloa optó por no arriesgarse a una derrota parlamentaria visible y retirar el texto antes de su aprobación en Consejo de Ministros, dejando la puerta abierta a una renegociación posterior. Desde el Ministerio de Vivienda no se ha ofrecido una versión oficial sobre los motivos de la retirada.
Un precedente que marca la legislatura
El episodio remite al fallido decreto ómnibus de enero de 2024, que el Congreso tumbó tras el rechazo de Junts, un revés que evidenció por primera vez en esta legislatura la fragilidad de la mayoría de investidura y obligó al Gobierno a trocear después sus iniciativas legislativas para facilitar pactos parciales. Ya entonces, la prórroga de otras medidas de contención de precios había generado fricciones con la formación catalana en torno a la cesión de competencias en vivienda.
El trasfondo de la controversia es un problema estructural. Según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, el precio del alquiler mantiene una tendencia alcista sostenida desde mediados de la pasada década, con incrementos en los grandes núcleos urbanos que superan la evolución de los salarios registrada por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del propio INE, un desajuste que el Gobierno esgrime para justificar las medidas de contención.
El Banco de España, en sus informes de estabilidad financiera, ha advertido en ocasiones anteriores de que los controles de precios en el mercado del alquiler pueden tener efectos ambivalentes: alivian la carga de los inquilinos existentes, pero pueden desincentivar la oferta de vivienda en alquiler a medio plazo. Esa discusión técnica atraviesa también el debate político sobre la norma ahora retirada.
La ley del suelo que el decreto pretendía modificar tiene su origen en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprobó el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. La norma distribuye competencias entre el Estado, que regula las condiciones básicas de igualdad, y las comunidades autónomas, que ostentan la competencia exclusiva en urbanismo según el artículo 148.1.3 de la Constitución, lo que explica la sensibilidad de Junts ante cualquier reforma en ese terreno.
Qué pasa ahora
El calendario político no favorece una resolución rápida. El Congreso afronta el cierre del periodo de sesiones antes del receso de agosto, lo que reduce la ventana para negociar un texto de consenso, mientras que la vuelta parlamentaria en septiembre coincidirá con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, un expediente que requerirá los mismos apoyos que ahora faltan para el decreto de vivienda.
El foco en las próximas semanas estará puesto en si Moncloa logra articular una nueva propuesta que satisfaga a la vez las exigencias competenciales de Junts y las demandas de mayor intervención de Podemos, un equilibrio que no ha alcanzado en las anteriores negociaciones sobre vivienda de esta legislatura.
