Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos del PP y número dos del Ministerio del Interior, reconoció ante Leire Díez —agente de inteligencia empleada como enlace informal por el PSOE— que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró informes sobre las saunas y los negocios de la familia política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el semestre previo a las elecciones generales de 2015. La revelación procede de las propias conversaciones mantenidas entre ambos, según el material verificado que sustenta esta información.
El vínculo entre Martínez y Díez
Leire Díez es conocida en los sumarios judiciales vinculados a la trama de presunta espionaje político como la 'fontanera' del PSOE, denominación que recoge su función de intermediaria en operaciones de inteligencia informal. Francisco Martínez, por su parte, ocupó la Secretaría de Estado de Seguridad entre 2012 y 2016, cargo desde el que tuvo mando funcional sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acceso directo a los productos de inteligencia interior. Que ambos mantuvieran conversaciones sobre actividad del CNI constituye, por sí mismo, un elemento de interés procesal y político.
Por qué importa este dato
El núcleo de la relevancia no es solo el contenido de los supuestos informes —centrados en el entorno familiar de Sánchez—, sino el momento en que habrían sido encargados o producidos: el primer semestre de 2015, año electoral en el que se celebraron elecciones generales el 20 de diciembre. El uso de servicios de inteligencia del Estado para recopilar información sobre familiares de líderes de la oposición —Sánchez era entonces secretario general del PSOE— plantea interrogantes sobre los límites legales del mandato del CNI y la cadena de mando que habría autorizado esos trabajos.
Qué es el CNI y cuáles son sus límites legales
El Centro Nacional de Inteligencia está regulado por la Ley 11/2002, de 6 de mayo, que circunscribe su actividad a la obtención, evaluación e interpretación de información para proteger los intereses nacionales. La ley exige autorización judicial del magistrado del Tribunal Supremo competente para cualquier medida que afecte a derechos fundamentales. La elaboración de informes sobre actividades comerciales o personales de familiares de dirigentes políticos sin que medie una investigación penal abierta se sitúa en una zona jurídicamente sensible que la propia norma fundacional del servicio no contempla como misión ordinaria.
La figura del 'número dos' de Interior
La Secretaría de Estado de Seguridad es el segundo escalón orgánico del Ministerio del Interior y tiene atribuida la dirección operativa de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la coordinación con los servicios de inteligencia en materia de seguridad interior. Que su titular en aquel período haya trasladado a una tercera persona —ajena a la cadena de mando oficial— información sobre productos del CNI supone, si se confirma, una filtración de inteligencia clasificada, conducta tipificada en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y en el Código Penal.
Contexto: la trama de espionaje político ya en sede judicial
Las conversaciones entre Martínez y Díez no surgen en un vacío. Existen procedimientos judiciales en curso que investigan el uso presuntamente irregular de recursos del Estado para recabar información sobre adversarios políticos durante distintos gobiernos. La figura de Leire Díez aparece ya documentada en esas causas como elemento de conexión entre estructuras formales e informales de inteligencia. La nueva revelación añade un eslabón concreto: la implicación directa, según lo confesado por el propio Martínez, del CNI —y no solo de policías o agentes privados— en la elaboración de esos trabajos.
Posición de las partes
El material verificado no recoge hasta el momento una declaración pública de Francisco Martínez que contradiga o matice lo que habría confesado a Díez. Tampoco consta en dicho material una respuesta oficial del CNI, cuya política institucional es no comentar sus actividades operativas. La Presidencia del Gobierno no ha emitido, según los datos disponibles, ninguna valoración sobre el fondo de las informaciones. Este diario ha dado traslado de las preguntas pertinentes a las partes afectadas en aplicación del derecho de réplica; sus respuestas serán incorporadas en cuanto consten.
La familia Sánchez como objetivo declarado
Que los supuestos informes tuvieran por objeto las saunas —negocios del suegro del entonces líder de la oposición— sugiere un enfoque en el entorno privado y comercial más que en actividad política directa. Este tipo de recopilación de información sobre familiares de dirigentes tiene precedentes en distintas democracias occidentales, donde ha derivado en escándalos institucionales de primer orden y, en varios casos, en reformas legislativas sobre el control parlamentario de los servicios de inteligencia. En España, la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso ejerce ese control, aunque con publicidad restringida.
Qué viene a continuación
La revelación abre al menos tres frentes. El judicial: si los hechos descritos por Martínez a Díez están o no incorporados a alguna de las causas en tramitación, y si la cadena de mando que habría autorizado los trabajos puede ser identificada. El político: la oposición y el propio partido en el Gobierno disponen ahora de un nuevo elemento para reconstruir —o disputar— el relato sobre el espionaje político cruzado entre 2012 y 2016. Y el institucional: la credibilidad del CNI como servicio apolítico depende de que su cúpula actual y las comisiones parlamentarias competentes respondan con transparencia verificable a las preguntas que este caso plantea.
