El convenio, según la documentación publicada en el BOE, desglosaba la aportación en dos partidas. La primera, de 346.535 euros, se destinaba al Proyecto de Retorno Voluntario y Reintegración desde Marruecos para migrantes en situación de vulnerabilidad. La segunda, de 450.000 euros, correspondía al programa conocido como GEFNES-VI, orientado a reforzar la capacidad de las autoridades españolas para la gestión de los flujos migratorios procedentes del país vecino.
Ambas partidas figuraban como adendas o ampliaciones de programas ya en marcha con la OIM, agencia de Naciones Unidas especializada en movilidad humana de la que España es Estado miembro. Esa financiación adicional se sumaba a la cuota anual que España aporta a la organización en su condición de miembro, cifrada en 1.450.000 euros al año, según los términos del acuerdo recogidos en el propio BOE.
La coincidencia temporal entre la publicación del convenio y la crisis migratoria de Ceuta ha alimentado interpretaciones dispares. Los hechos de mayo de 2021 se desencadenaron tras una crisis diplomática entre España y Marruecos, motivada por la hospitalización en un centro español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, lo que Rabat interpretó como un gesto hostil. Durante varios días, las fuerzas de seguridad marroquíes relajaron el control de la frontera, lo que permitió la entrada masiva de personas —entre ellas numerosos menores no acompañados— a través de la playa de El Tarajal y del espigón fronterizo.
El Gobierno de Pedro Sánchez calificó entonces lo sucedido como una agresión y un uso de la migración como instrumento de presión por parte de Marruecos, mientras que Rabat vinculó la tensión al asunto Ghali y a la posición española sobre el Sáhara Occidental. Meses después, en marzo de 2022, España modificó su posición histórica sobre el territorio y respaldó la propuesta marroquí de autonomía, lo que permitió normalizar la relación bilateral.
La firma del convenio con la OIM se produjo, según la fecha que consta en el propio texto, una semana antes de que estallara la crisis, por lo que la coincidencia con el día de publicación en el BOE respondería, previsiblemente, a los tiempos administrativos ordinarios de tramitación y publicación de este tipo de acuerdos, y no a una decisión adoptada en respuesta a los hechos de Ceuta. Interior no ha ofrecido, hasta el momento, una explicación pública detallada sobre el calendario de tramitación de este convenio en particular.
Quince años al frente de la misión en España
María Jesús Herrera Ceballos ocupa la dirección de la misión de la OIM en España desde hace quince años ininterrumpidos, una permanencia que la Asociación de Diplomáticos Españoles ha denunciado por considerarla anómala frente a la rotación habitual de los puestos internacionales ocupados por personal español, codiciados por diplomáticos de carrera que regresan a Madrid tras sus destinos en el exterior. Según fuentes del sector diplomático, esas quejas no obtuvieron respuesta ni durante los gobiernos de Mariano Rajoy ni durante las sucesivas legislaturas de Pedro Sánchez.
La OIM ha anunciado ya el relevo de Herrera Ceballos, en fase de retirada del cargo, y ha trascendido el nombre de su previsible sustituto: Fernando Medina Donoso, abogado español especializado en gestión humanitaria que dirigió la misión de la organización en Colombia durante cuatro años. La agencia no ha confirmado públicamente una fecha concreta para el traspaso de responsabilidades.
La normativa española sobre conflictos de interés e incompatibilidades, recogida en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, no contempla de forma expresa situaciones como esta, en la que el cónyuge de un ministro ocupa un puesto directivo en un organismo internacional que recibe fondos de un departamento distinto al que dirige su pareja. La ley se centra en las incompatibilidades del propio alto cargo con actividades privadas, y no regula directamente los cargos que puedan ejercer familiares en organizaciones internacionales financiadas por España.
España, como el resto de los Estados miembros de la OIM, aporta fondos tanto a través de la cuota obligatoria como mediante contribuciones voluntarias adicionales destinadas a proyectos concretos, un modelo de financiación habitual en el sistema de Naciones Unidas que permite a los países respaldar programas alineados con sus prioridades de política exterior o de gestión de fronteras.
El precedente más directo de tensión entre gestión migratoria y financiación a organismos internacionales en España se remonta a la crisis de los cayucos en Canarias en 2006, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incrementó notablemente la cooperación y los fondos destinados a países africanos de origen y tránsito, en un intento de contener los flujos mediante acuerdos bilaterales y multilaterales, con resultados desiguales según los análisis posteriores de organizaciones especializadas en migración.
Ni Interior ni el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han remitido respuesta a las preguntas planteadas sobre la coincidencia de fechas ni sobre la permanencia prolongada de Herrera Ceballos en su cargo. La OIM, por su parte, no ha valorado públicamente las críticas sobre la duración de la misión de su representante en España, más allá de confirmar el proceso de relevo en marcha.
El episodio se enmarca en un debate recurrente en la política española sobre la transparencia en la concesión de subvenciones y convenios con organismos internacionales y sobre los mecanismos de control que fiscalizan la relación entre cargos públicos, sus entornos familiares y las entidades beneficiarias de fondos estatales. El Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público, no ha anunciado hasta la fecha ninguna actuación específica relacionada con este convenio.
