Casi cuatro semanas después de la entrada irregular de un elevado número de personas el 30 de julio, el delegado admitió públicamente que la situación dista de estar controlada. «Vamos a seguir trabajando e intentando ser útiles», afirmó Pérez Triano en una comparecencia convocada oficialmente para presentar el nuevo CATE, pero que derivó en un balance sobre la gestión de la crisis y sobre su propia continuidad al frente de la Delegación.
El delegado reconoció que ni siquiera dispone de una cifra exacta de las personas que permanecen actualmente en la ciudad, una circunstancia que, según sus propias palabras, evidencia que la situación todavía está lejos de ser normal. Frente a las voces que reclaman su salida, defendió su permanencia: «Yo llegué a la política con la maleta hecha y cuando me vaya, me iré con la maleta hecha también. No necesito la política para vivir», declaró.
Pérez Triano calificó los últimos 25 días como «los peores» de su vida, aunque insistió en que continuará trabajando para que Ceuta recupere «la normalidad lo antes posible». Rechazó ofrecer «soluciones sencillas a problemas complejos» y pidió que el debate se aleje de la consigna de que se vayan «todos» los inmigrantes: «No vayamos a mentir, vamos a contar la verdad, a contar cómo funciona y cuáles son los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestra disposición para poder cuanto antes revertir la situación», señaló.
El nuevo CATE presentado este lunes se enmarca, según explicó el delegado tras reunirse con efectivos de la Policía Nacional, en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el marco aprobado por la Unión Europea en 2024 que reforma el sistema común de asilo y establece procedimientos reforzados de gestión de fronteras exteriores, entre ellos centros de acogida temporal para tramitar solicitudes de protección internacional. Triano subrayó que su puesta en marcha respondía tanto a necesidades operativas como a una tendencia de entradas que, según indicó, «estuvo creciendo durante varias semanas antes del día 30».
Un enclave bajo presión histórica
Ceuta, con apenas 19 kilómetros cuadrados y una población en torno a los 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, constituye junto con Melilla uno de los puntos de mayor presión migratoria de la frontera sur de la Unión Europea, por su condición de frontera terrestre entre España y Marruecos en el litoral norteafricano. La ciudad ya vivió un episodio de gran magnitud en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas, un precedente que derivó en una crisis diplomática entre Madrid y Rabat y en el despliegue del Ejército para labores de apoyo logístico.
El delegado reclamó públicamente el envío de más medios materiales y humanos. «Todavía quedan bastantes medios que están reclamando. Algunos han llegado, otros están por venir y nosotros vamos a seguir proponiendo y pidiendo refuerzos, que es lo que hemos hecho desde el primer momento», señaló, sin precisar el contingente ya desplegado ni el calendario de llegada de los refuerzos pendientes.
Sobre el procedimiento aplicable, Pérez Triano situó como prioridad inmediata disponer de instalaciones donde poder notificar formalmente a los inmigrantes su situación administrativa, paso previo para activar los mecanismos de retorno o de tramitación de solicitudes de protección contemplados en la Ley de Extranjería y en la normativa europea de asilo. Sin esa notificación no es posible iniciar los plazos legales que permiten, en su caso, proceder a una expulsión o repatriación conforme a los acuerdos bilaterales vigentes con Marruecos.
La crisis ha abierto también una derivada económica que el Ejecutivo trata de abordar en paralelo a la gestión fronteriza. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, se desplazó este lunes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, así como con representantes de los agentes sociales y del tejido empresarial local, con el objetivo de analizar un plan de relanzamiento económico. El propio delegado defendió que la respuesta institucional no puede limitarse a la «gestión inmediata» de las llegadas, sino que debe abarcar también la recuperación económica posterior.
La situación en Ceuta ha alimentado el debate político desde finales de julio. Desde el Partido Popular y Vox se han reclamado medidas más contundentes frente a la inmigración irregular y se ha criticado la gestión de la Delegación del Gobierno; desde el Ejecutivo y el PSOE se defiende la aplicación del marco legal vigente y la coordinación con las instituciones europeas como vía dentro del Estado de derecho. Ninguna de las partes ha ofrecido, hasta la fecha, un balance oficial cerrado sobre el número total de personas llegadas ni sobre su situación administrativa.
A falta de una cifra oficial consolidada por el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno, la gestión de la crisis permanece abierta y su evolución dependerá de la llegada efectiva de los refuerzos reclamados, del ritmo de puesta en marcha del nuevo CATE y de la capacidad de las autoridades para tramitar las notificaciones administrativas pendientes. El propio delegado ha evitado fijar plazos concretos para hablar de una recuperación plena de la normalidad en la ciudad autónoma.
