El dictamen del CES es un paso preceptivo, aunque no vinculante, antes de que un anteproyecto de ley llegue al Consejo de Ministros: permite que los interlocutores sociales trasladen sus observaciones antes de que el texto se tramite como proyecto de ley en las Cortes Generales. Que el órgano lo saque adelante «con hondas discrepancias» refleja la falta de consenso previo entre Gobierno, sindicatos y patronal sobre una materia tan sensible como la salud laboral.
El CES ha denunciado en su dictamen el reducido plazo del que dispuso para debatir una norma llamada a sustituir a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde hace más de tres décadas y que traspuso al ordenamiento español la Directiva Marco europea 89/391/CEE. La reforma pretende adaptar ese marco a realidades del mercado de trabajo —plataformas digitales, teletrabajo, riesgos psicosociales— que no existían o eran marginales cuando se aprobó el texto original.
De la mesa de negociación al dictamen
La tensión entre Trabajo y la CEOE no es nueva en este expediente. Días antes de que el CES emitiera su dictamen, el ministerio decidió expulsar a la patronal de la mesa de negociación de la ley, alegando una actitud «inasumible» y de «rémora» para el avance de las conversaciones. La decisión supone un paso excepcional en las relaciones laborales españolas, donde la negociación tripartita —Gobierno, sindicatos y patronal— ha sido la fórmula habitual desde los Pactos de la Moncloa de 1977 y, más recientemente, en los grandes acuerdos de diálogo social alcanzados durante la pandemia.
La CEOE, a través de su representación en el CES, ha mantenido en el dictamen su rechazo a varios puntos concretos de la reforma, cuyo detalle no ha trascendido con precisión. La patronal ha defendido tradicionalmente que cualquier endurecimiento de las obligaciones empresariales en materia preventiva debe acompañarse de un análisis de impacto económico, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la práctica totalidad del tejido productivo español según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística.
Desde el lado sindical, tanto CCOO como UGT han reclamado históricamente una actualización profunda de la normativa preventiva, argumentando que la siniestralidad laboral sigue siendo una asignatura pendiente. Según la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la siniestralidad se concentra especialmente en sectores como la construcción y en actividades con alta rotación de personal.
El episodio se enmarca en una relación tensa entre el departamento de Yolanda Díaz y la organización que preside Antonio Garamendi. Ambas partes han protagonizado desencuentros recurrentes en torno a materias como la reforma laboral de 2021, el registro horario o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aunque en varias de esas ocasiones lograron finalmente puntos de acuerdo o, al menos, la aceptación tácita de la norma aprobada.
La composición plural del CES —integrado por representantes de organizaciones empresariales, sindicales y del denominado tercer grupo, con expertos y entidades del sector agrario, pesquero, de consumidores y economía social— hace que sus dictámenes reflejen con frecuencia el pulso real de las tensiones entre agentes sociales antes de que una norma llegue al debate político. Su papel, previsto en la Ley 21/1991 que lo creó, es precisamente canalizar ese diálogo previo, aunque su carácter no vinculante limita su capacidad de forzar cambios sustanciales en los textos que informa.
El procedimiento legislativo, pese a las discrepancias, sigue su curso. Una vez emitido el dictamen del CES, corresponde al Consejo de Ministros aprobar el anteproyecto y remitirlo como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se abrirá el trámite de enmiendas y el debate en la Comisión de Trabajo. Ese proceso, según la complejidad del texto y la correlación de fuerzas en la Cámara, puede prolongarse varios meses antes de su aprobación definitiva.
El Ministerio de Trabajo no ha detallado públicamente si tiene previsto introducir modificaciones en el anteproyecto a raíz de las discrepancias expresadas en el dictamen. Tampoco ha trascendido un calendario oficial para la aprobación en Consejo de Ministros ni para el inicio de la tramitación parlamentaria, de modo que el desenlace del proceso —y el margen real que tendrá la CEOE para reincorporarse a la negociación— permanece abierto en las próximas semanas.
