El planteamiento parte de una premisa geográfica: las temperaturas promedio del Caribe colombiano, muy superiores a las de Bogotá, Medellín o el eje cafetero, obligan a un uso de electrodomésticos de refrigeración que no es comparable con el de zonas de clima frío o templado. Bajo ese argumento, la Liga de Usuarios considera que el esquema actual de subsidios y topes de consumo penaliza de manera desproporcionada a los hogares costeños cuando la factura se dispara por encima de los límites fijados para los estratos subsidiables.
El esquema de subsidios de energía en Colombia se rige por la Ley 142 de 1994, que fijó el marco general de los servicios públicos domiciliarios, y por resoluciones posteriores de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establecen el llamado «consumo de subsistencia»: la cantidad de kilovatios-hora mensuales que reciben apoyo estatal según el estrato socioeconómico. Cuando un hogar de estratos 1, 2 o 3 supera ese tope, el excedente se factura a tarifa plena, sin el descuento que sí aplica dentro del rango subsidiado. La organización plantea que ese tope debería ajustarse al alza en los municipios afectados por temperaturas extremas asociadas a El Niño.
El fenómeno de El Niño corresponde al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) monitorea de forma periódica. Sus episodios recurrentes en las últimas décadas han tenido impacto directo sobre la disponibilidad hídrica para generación eléctrica y sobre la demanda de energía en las regiones más cálidas. Los ciclos de 2015-2016 y 2023-2024 dejaron antecedentes de incrementos tarifarios y de tensiones similares entre usuarios costeños y las comercializadoras.
La región Caribe ha sido, además, foco recurrente de conflictividad en materia de servicio eléctrico. La crisis de Electricaribe —empresa que durante años prestó el servicio en la costa y que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 2016 ante su inviabilidad financiera y las fallas continuas en la prestación— marcó un precedente que sigue presente en la memoria de los usuarios. Tras su liquidación, el mercado quedó dividido entre Air-e y Afinia, dos compañías que asumieron la operación en distintos departamentos bajo esquemas de intervención y, posteriormente, de operación con supervisión estatal.
Voceros de la Liga de Usuarios señalaron que los recargos por sobreconsumo, aplicados de manera uniforme en todo el país, no reflejan las condiciones climáticas reales de la costa, y que un hogar en Barranquilla o Montería enfrenta necesidades de refrigeración muy distintas a las de uno bogotano. La organización reclama una revisión de los rangos de consumo de subsistencia diferenciada por zona climática, mecanismo que ya existe parcialmente en la regulación colombiana para las llamadas «zonas de difícil gestión» y para territorios de clima extremo, pero que —sostiene— resulta insuficiente frente a los picos de temperatura que trae El Niño.
Desde el lado regulatorio, la CREG ha defendido en ocasiones anteriores que los subsidios de energía, financiados en parte por las contribuciones de los estratos altos y del sector industrial y comercial bajo el esquema de solidaridad tarifaria previsto en la Ley 142, tienen un límite fiscal y técnico que impide ampliaciones automáticas sin afectar la sostenibilidad del sistema. Ese argumento ha sido usado históricamente para resistir peticiones similares de otras regiones, lo que anticipa que cualquier ajuste normativo requeriría un análisis técnico previo de la propia Comisión y, eventualmente, del Ministerio de Minas y Energía.
Los repuntes de demanda en el Caribe durante los periodos de mayor calor han sido, según los reportes de XM —operador del sistema interconectado nacional, que registra la demanda en tiempo real y publica cifras periódicas de generación y consumo por región—, superiores a los de otras zonas del país, un patrón que la Liga de Usuarios utiliza como respaldo empírico de su reclamo.
La discusión sobre subsidios energéticos diferenciados no es nueva en el Congreso de la República. En legislaturas anteriores se han radicado proyectos orientados a crear regímenes tarifarios especiales para zonas de clima extremo, iniciativas que en su mayoría no superaron los primeros debates en comisión, bien por falta de consenso entre bancadas de distintas regiones, bien por objeciones técnicas sobre su viabilidad fiscal. Congresistas de departamentos del Caribe han insistido en mantener el tema en la agenda, aunque hasta la fecha no se ha logrado una ponencia que llegue a plenaria con respaldo suficiente.
Por parte del Gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía no se ha pronunciado de forma pública sobre esta solicitud específica, según la información disponible. La ausencia de respuesta oficial deja abierta la pregunta de si el Ejecutivo considerará una revisión regulatoria en el corto plazo o si remitirá el asunto a la CREG como instancia técnica competente para evaluar cualquier ajuste en los topes de consumo subsidiado.
El trasfondo económico de la disputa también involucra a Air-e y Afinia, que operan bajo esquemas de vigilancia reforzada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tras los problemas heredados de Electricaribe, y que enfrentan presiones simultáneas por sostenibilidad financiera y por calidad del servicio. Cualquier ampliación de subsidios sin una fuente de financiamiento clara podría trasladarse, según advierten analistas del sector, a mayores exigencias sobre el fondo de solidaridad tarifaria o a un incremento en las contribuciones de los usuarios no subsidiados.
De cara a los próximos meses, el reclamo de la Liga de Usuarios podría convertirse en materia de debate de control político si congresistas de la bancada caribeña deciden llevar el tema a comisión, o en insumo para una eventual resolución de la CREG que revise los criterios de zonificación climática aplicados a los subsidios. Mientras no exista una decisión regulatoria formal, los hogares de la región seguirán sujetos al esquema tarifario vigente, con la incertidumbre de si el próximo pico de El Niño volverá a reabrir la misma controversia.
