La orden publicada en el BOE precisa que la prórroga será objeto de «evaluación permanente» y que quedará sin efecto antes de la fecha prevista «cuando desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas». El texto añade que cualquier prolongación posterior deberá acordarse mediante una «nueva decisión motivada», previa evaluación actualizada de su necesidad y proporcionalidad, conforme a los requisitos y procedimientos que fija el Código de Fronteras Schengen.
Ese marco normativo, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, permite a los Estados miembros reintroducir controles temporales en sus fronteras interiores cuando concurra una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, siempre bajo criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y duración limitada. La medida española responde a la decisión previa de Italia, que reintrodujo sus propios controles el 1 de agosto alegando la persistencia de los elementos que motivaron esa primera reintroducción.
Los controles no son una novedad de este sábado, sino la continuación de una medida instaurada el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes. A finales de agosto, el Ejecutivo español ya había ampliado la verificación por otros quince días, en paralelo a la decisión italiana de extender por idéntico plazo la suspensión del espacio de libre circulación con España. El resultado es una situación de controles cruzados que, según cifras difundidas en semanas anteriores, ha afectado a más de 8.200 viajeros procedentes de Italia sometidos a verificación en aeropuertos y puertos españoles.
Del episodio de Ceuta a la ruptura de la reciprocidad
El origen del conflicto se remonta al 30 de julio, fecha de una entrada masiva de personas migrantes en Ceuta, ciudad autónoma española fronteriza con Marruecos y uno de los puntos de mayor presión migratoria de la Unión Europea junto con Melilla, Lampedusa y las islas del Egeo. La gestión de aquel episodio fue cuestionada por Roma, que adoptó como réplica la suspensión del acuerdo de Schengen respecto a los vuelos y embarcaciones procedentes de territorio español.
El Gobierno italiano justificó su decisión alegando la persistencia de «elementos de evaluación» que, a su juicio, seguían justificando la reintroducción de controles, si bien reconoció «las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse hacia una próxima normalización». Esa mención abre la puerta a una eventual retirada de los controles italianos si se constata una mejora sostenida en la gestión fronteriza en Ceuta, aunque Meloni no ha fijado fecha para esa reevaluación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo que los controles italianos no tienen «ningún sentido» en una entrevista concedida a la Cadena Ser En esa intervención recordó que España colaboró en el pasado con Italia para acoger a personas migrantes llegadas a Lampedusa, uno de los principales puntos de entrada hacia la Unión Europea desde el norte de África, y reclamó reciprocidad en forma de solidaridad europea.
Sánchez lamentó también una carta firmada por 22 líderes europeos, entre ellos la propia Meloni, en la que se cuestionaba la política migratoria del Ejecutivo español. El jefe del Gobierno defendió que los países situados en primera línea de la ruta migratoria mediterránea, como España e Italia, necesitan el respaldo de los Estados del centro y el norte de Europa, en alusión al reparto de responsabilidades que desde hace más de una década enfrenta a los socios comunitarios en materia de asilo y acogida.
El pacto europeo sobre migración y asilo, aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo en 2024 tras años de negociación, establece mecanismos de solidaridad entre Estados miembros mediante reubicación de solicitantes de asilo, contribuciones financieras o apoyo operativo. Su aplicación práctica, sin embargo, sigue generando fricciones como la que ahora enfrenta a Madrid y Roma, dentro de un espacio Schengen que ha vivido otras tensiones bilaterales por flujos migratorios, como los repetidos desencuentros entre Francia e Italia en el paso fronterizo de Ventimiglia.
Desde la entrada en vigor de Schengen en 1995, la suspensión temporal de sus disposiciones ha sido un recurso excepcional, empleado históricamente en contextos de atentados terroristas, grandes cumbres internacionales o crisis migratorias agudas —como la de 2015, cuando varios Estados centroeuropeos restablecieron controles ante la llegada de refugiados—, pero rara vez de forma bilateral y prolongada entre dos socios como ocurre ahora entre España e Italia.
El Ministerio del Interior no ha ofrecido una previsión sobre cuándo podría producirse la retirada definitiva de los controles, y todo apunta a que la decisión dependerá de los pasos que dé Roma respecto a su propia suspensión. La orden publicada este sábado deja abierta la puerta a nuevas prórrogas si las circunstancias no varían antes del 22 de septiembre, fecha en la que el Gobierno deberá decidir si mantiene, amplía o retira la medida, con la obligación legal de motivar cualquier nueva extensión ante las instituciones europeas.
