La propuesta, en los términos en que ha trascendido, implicaría un giro frente a la política de Estado que sucesivos gobiernos —con matices y ritmos distintos— han mantenido desde la firma del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, tras el proceso de negociación adelantado en La Habana. La institucionalidad derivada del pacto incluye entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad —que entregó su informe final en 2022— y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que cobijan a 170 municipios identificados como los de mayor pobreza, presencia de cultivos ilícitos y afectación histórica por el conflicto armado.
Sectores que siguen la implementación sostienen que buena parte del músculo del acuerdo está dirigida precisamente a esos territorios, marcados por la débil presencia estatal y la persistencia de economías ilegales. Acabar con esa institucionalidad, advierten, dejaría sin hoja de ruta a regiones donde el Estado colombiano ha tenido históricamente una presencia limitada.
El andamiaje jurídico que habría que desmontar
La JEP fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y su marco normativo ha sido revisado en varias ocasiones por la Corte Constitucional. Tiene competencia para juzgar los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado por excombatientes de las FARC, agentes del Estado y terceros. Su eventual desmonte requeriría, según el marco constitucional vigente, una reforma de similar rango —tramitada en el Congreso de la República—, no una simple decisión administrativa del Ejecutivo. Lo mismo aplica a buena parte de la arquitectura del acuerdo, incorporada al ordenamiento a través de actos legislativos y leyes que blindaron su implementación por varios periodos de gobierno.
El Acuerdo de Paz de 2016 no es el primer intento de negociación con las FARC ni el primer proceso de paz de la historia reciente del país. Precedentes como la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005, o el fallido proceso del Caguán entre 1998 y 2002, dejan lecciones sobre los riesgos de suspender instrumentos jurídicos y de verificación una vez iniciados, así como sobre las consecuencias territoriales de los vacíos que dejan.
Desde la Casa de Nariño, tanto el actual Gobierno como sus antecesores han sostenido posiciones distintas frente al ritmo y alcance de la implementación, pero ninguno ha planteado formalmente la eliminación de la institucionalidad derivada del acuerdo. El propio proceso ha sido objeto de debates de control político en el Congreso, donde bancadas de distintas orientaciones han cuestionado tanto la lentitud de la implementación como sus costos fiscales.
La Contraloría General de la República ha advertido en informes previos sobre rezagos en la ejecución de recursos destinados a la reforma rural integral, uno de los seis puntos del acuerdo, mientras que la Procuraduría General de la Nación ha hecho seguimiento al cumplimiento de compromisos en materia de sustitución de cultivos ilícitos y reincorporación de excombatientes.
De la Espriella, quien ha ganado visibilidad como precandidato presidencial de cara a las elecciones de 2026, ha construido buena parte de su discurso público en torno a una postura crítica frente al proceso de paz y a sectores políticos vinculados con su implementación. Hasta el momento no se conoce un documento de su eventual candidatura que detalle mecanismos jurídicos concretos para ejecutar el desmonte anunciado.
Organizaciones sociales y de víctimas que han acompañado la implementación, así como excombatientes en proceso de reincorporación, no se han pronunciado públicamente sobre el anuncio del precandidato al cierre de esta edición. Su equipo de campaña tampoco entregó una reacción adicional hasta el momento de publicación.
El debate sobre la continuidad o el desmonte de la institucionalidad de paz atraviesa la campaña presidencial de 2026, en la que distintos aspirantes han fijado posiciones diferenciadas frente al acuerdo, desde quienes proponen fortalecerlo hasta quienes cuestionan su vigencia o su costo para el Presupuesto General de la Nación.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha documentado en sus mediciones de pobreza multidimensional que los municipios PDET registran indicadores más altos que el promedio nacional, un dato que sectores defensores del acuerdo citan como argumento central para sostener que la institucionalidad territorial derivada del pacto sigue siendo necesaria.
De cara a los próximos meses, el calendario electoral de 2026 obligará a los precandidatos, incluido De la Espriella, a precisar sus propuestas en materia de paz durante los debates formales de campaña y ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar el proceso electoral. Será en ese escenario donde deba aclararse el alcance jurídico y político real de un eventual desmonte de la institucionalidad creada en 2016, así como los mecanismos legislativos que exigiría cualquier reversión del acuerdo.
