La primera intervención se registró en la vereda Cachimbero, predio Los Robles, jurisdicción de Cimitarra, donde según el Ejército fueron halladas cuatro válvulas de 12 pulgadas instaladas de manera ilícita sobre el Poliducto Sebastopol–Salgar. De acuerdo con el reporte castrense, esa infraestructura ilegal permitía la extracción de cerca de 1.500 barriles de hidrocarburo por semana.
En Simacota, las tropas ubicaron siete válvulas ilícitas que, según la institución, facilitaban la sustracción de aproximadamente 700 barriles, equivalentes a 29.400 galones. El Ejército calculó que esta estructura generaba rentas criminales superiores a los $353 millones mensuales, recursos que —de acuerdo con el comunicado— alimentan las finanzas de grupos armados ilegales con presencia en la región.
En Sabana de Torres se hallaron ocho válvulas ilícitas adicionales. Según el Ejército, esta intervención evitó el robo de cerca de 1.600 barriles de hidrocarburo, unos 67.200 galones, con una afectación económica estimada por la institución en $605 millones. El último punto intervenido fue la vereda La Cascajera, en jurisdicción del distrito de Barrancabermeja, donde se ubicó una válvula de 14 pulgadas sobre el Poliducto Galán–Pozos Colorados, empleada, según las tropas, para la extracción ilegal de diésel; esa acción, precisó el Ejército, impidió el hurto de cerca de 300 barriles, unos 12.600 galones, con una afectación cercana a los $113 millones.
En su comunicado, el Ejército Nacional señaló que «la neutralización de estas válvulas ilícitas no solo impide la afectación al sistema de transporte de hidrocarburos del país, sino que contribuye a la protección del medio ambiente, salvaguarda los recursos energéticos de la nación y debilita las fuentes de financiación de las estructuras criminales que delinquen en la región». La institución no precisó si los operativos derivaron en capturas o en la identificación de los responsables del robo.
Una renta ilegal arraigada en el Magdalena Medio
El robo de hidrocarburos mediante válvulas ilícitas constituye desde hace décadas una de las principales fuentes de financiación de estructuras armadas en el corredor del Magdalena Medio, una región que combina infraestructura petrolera estratégica con presencia histórica de grupos guerrilleros y bandas sucesoras del paramilitarismo. Barrancabermeja, sede de la mayor refinería del país desde 1922, fue escenario recurrente de disputas armadas por el control de estas rentas ilegales, particularmente durante la expansión paramilitar de finales de los años noventa y comienzos de los dos mil.
El hurto de combustibles representa además un riesgo ambiental en zonas rurales de Santander, dado que las válvulas artesanales suelen provocar fugas y derrames que afectan fuentes hídricas y suelos agrícolas cercanos a los corredores de los poliductos. La red nacional de transporte de hidrocarburos conecta refinerías con centros de distribución en buena parte del territorio, lo que la convierte en objetivo persistente de este tipo de intervenciones ilegales.
En el plano legal, el marco normativo vigente contempla el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados como conducta penal autónoma, tipificada en el Código Penal colombiano, con agravantes cuando se establece conexión con estructuras de crimen organizado o grupos armados al margen de la ley, lo que habilita a la Fiscalía General de la Nación a adelantar las investigaciones correspondientes.
El Ejército Nacional reiteró en su comunicado el llamado a la ciudadanía para que reporte a la línea 107 cualquier información relacionada con la instalación de válvulas ilícitas o actividades de robo de combustible, como mecanismo de prevención complementario a los operativos militares. La institución indicó que continuará desarrollando este tipo de intervenciones en Santander con el propósito de proteger la infraestructura energética y reducir las fuentes de financiación de los grupos criminales que operan en la zona.
Está por verse si las intervenciones anunciadas este domingo derivarán en procesos judiciales concretos y si la Fiscalía General de la Nación adelantará imputaciones contra responsables identificados en las zonas afectadas, un desenlace que en operativos anteriores en el Magdalena Medio no siempre se ha producido pese a la destrucción de la infraestructura ilegal.
