"Los políticos no están reaccionando a la nueva situación, nos enfrentamos a auténticos monstruos", afirmó Tolosana, en alusión a los denominados incendios de sexta generación: fuegos de gran virulencia, alta velocidad de propagación y comportamiento errático, favorecidos por la acumulación de biomasa en el monte, el abandono rural y el aumento de las temperaturas medias de las últimas décadas. Su diagnóstico apunta a que el modelo de gestión del riesgo vigente no se ha adaptado al ritmo al que evoluciona la amenaza.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes es la corporación profesional que agrupa a los técnicos forestales en España, con competencias de asesoramiento y representación ante las administraciones públicas en materia de gestión forestal y prevención de incendios. Su decano ha insistido en reforzar la planificación preventiva frente al modelo, predominante durante décadas, centrado sobre todo en la extinción una vez declarado el fuego.
Los planes municipales, sobre el papel
La Ley 43/2003, de Montes, y su desarrollo autonómico obligan a los municipios con superficie forestal a disponer de planes de actuación frente a incendios: documentos que deben delimitar zonas de riesgo, establecer protocolos de evacuación, localizar puntos de agua y coordinar la respuesta con los servicios de extinción. Tolosana denunció que, en la práctica, un número relevante de ayuntamientos no cuenta con esos planes actualizados o no los aplica de forma efectiva, lo que dejaría a numerosos núcleos de población en situación de vulnerabilidad ante un gran incendio. "Es algo que nos va a acabar trayendo una tragedia mayor que la de Almería", advirtió.
La competencia sobre extinción de incendios forestales recae en las comunidades autónomas, conforme al reparto establecido en la Constitución de 1978 y en los respectivos estatutos de autonomía, mientras que la coordinación en emergencias de gran magnitud puede recaer en la Administración General del Estado. Ese reparto es, precisamente, uno de los obstáculos que los partidarios de un pacto de Estado señalan para unificar criterios de prevención en todo el territorio.
La petición de un acuerdo de alcance nacional frente a los incendios no es nueva. Colectivos profesionales, sindicatos de bomberos forestales y organizaciones ecologistas la vienen reclamando desde hace más de una década sin que se haya materializado un pacto de ese calibre entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. El debate se reabre cada verano al calor de los grandes siniestros, sin cristalizar hasta ahora en una reforma legislativa que homogenice los criterios entre administraciones.
España acumula en las últimas dos décadas episodios que ilustran la dimensión del fenómeno. Los grandes incendios de Galicia en 2006, la oleada que en octubre de 2017 afectó de forma simultánea a Galicia y Portugal —con decenas de muertos a ambos lados de la frontera— o los fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, que arrasaron decenas de miles de hectáreas, marcaron puntos de inflexión en el debate sobre la prevención. En todos ellos, los técnicos forestales subrayaron el papel del abandono del monte y la acumulación de combustible vegetal.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publica cada año, a través del Sistema Español de Información sobre Incendios Forestales (EGIF), las estadísticas de siniestros y superficie quemada. Los datos de campañas anteriores muestran que la superficie calcinada oscila de forma notable según la meteorología de cada verano, pero que los grandes incendios —los que superan las quinientas hectáreas— concentran la mayor parte del total quemado pese a representar una fracción reducida del número de siniestros.
Sindicatos de bomberos forestales y asociaciones de agentes medioambientales han reclamado en el pasado un incremento de la plantilla estable de prevención, frente al modelo aún vigente en buena parte del territorio de contratación estacional de brigadas solo en los meses de mayor riesgo. Esa reivindicación coincide en lo sustancial con el planteamiento de Tolosana, centrado en reforzar la gestión forestal durante todo el año y no únicamente la capacidad de extinción en verano.
Desde el Gobierno y desde varios ejecutivos autonómicos se ha defendido en los últimos años el refuerzo de los medios aéreos y terrestres de extinción y la coordinación a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005, que interviene en incendios de gran magnitud a petición de las comunidades autónomas. Distintos técnicos forestales insisten, sin embargo, en que ese refuerzo no sustituye a una prevención estructural que incluya la gestión del combustible vegetal, el pastoreo extensivo o la restauración de mosaicos agroforestales.
La próxima cita relevante en la agenda institucional será la evaluación de la campaña de este verano, que el Miteco suele presentar al término de la temporada de alto riesgo, en torno a octubre, con los datos definitivos de superficie quemada y número de siniestros a nivel nacional. De esos balances, y de la voluntad política de las administraciones implicadas, dependerá que la reclamación de un pacto de Estado avance más allá del debate estival recurrente.
