La noche de los siete duelos: España afronta siete crisis simultáneas en un sábado que pone a prueba la resiliencia de una democracia acostumbrada a sobrevivir a sus propias contradicciones

Siete crisis sin jerarquía posible

Lo extraordinario de este sábado no es que España afronte siete crisis abiertas de forma simultánea —la gestión de múltiples frentes es el oficio cotidiano de cualquier gobierno— sino que las siete sean de naturaleza radicalmente diferente y de gravedad equiparable, lo que hace imposible establecer una jerarquía entre ellas sin que el criterio empleado revele más sobre quien ordena que sobre lo que se ordena. Un ciudadano de Huelva situará en el centro la muerte de los guardias civiles Germán y Jerónimo, dos agentes del SERMAR fallecidos en acto de servicio. Un epidemiólogo señalará que el barco Hondius y la posible presencia de una cepa de hantavirus con transmisión entre humanos representa la amenaza de mayor potencial pandémico. Un jurista advertirá que la sentencia del caso Koldo puede redefinir los límites de la responsabilidad penal de los cargos públicos. Un economista defenderá que los aranceles impuestos por la administración Trump constituyen la mayor amenaza estructural a la economía exportadora española. Y un analista de política exterior sostendrá que las negociaciones en curso con Irán pueden determinar el equilibrio de poder en Oriente Medio durante una generación. Todos tienen razón. Ninguno tiene toda la razón.

Esa imposibilidad de priorizar —la necesidad de atender todo a la vez con recursos económicos, institucionales y atencionales que son finitos— es precisamente la condición que hace de esta jornada un momento singular en la historia reciente del país. Cada crisis que absorbe energía política y administrativa se la resta a las demás. El problema no es la existencia de varios frentes; es que el cauce por el que discurre la normalidad democrática lleva años estrechándose por la acumulación de problemas sin resolver, y que este sábado el caudal ha desbordado de forma visible.

Debilidades estructurales que cada crisis pone al descubierto

Bajo la superficie de cada uno de los siete frentes aparecen rasgos compartidos que apuntan a debilidades estructurales del Estado español que llevan años sin ser abordadas. La muerte de los dos guardias civiles de Huelva revela la insuficiencia crónica de medios del SERMAR, un servicio que acumula dos décadas de solicitudes de renovación de flota sin respuesta presupuestaria suficiente. La crisis del Hondius expone la vulnerabilidad del sistema sanitario ante amenazas biológicas que exigen infraestructura de aislamiento de alta capacidad: la que existe fue creada a contrarreloj durante la pandemia de covid-19, sin que desde entonces se haya consolidado una red estable de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel —UATAN— en todos los hospitales de referencia. El caso Koldo señala la permeabilidad de la administración pública a redes de corrupción que operan en la intersección entre poder político y poder económico. El caso Kitchen, por su parte, evidencia la disposición documentada de estructuras del Estado a utilizar capacidades de inteligencia contra ciudadanos propios cuando el poder político lo considera conveniente.

Los aranceles de la administración Trump ponen en evidencia la dependencia de la economía española del comercio internacional y su dificultad histórica para diversificar mercados de exportación más allá de la Unión Europea y Estados Unidos. Las negociaciones bilaterales entre Washington y Teherán —a las que Bruselas no ha sido formalmente invitada como parte— ilustran la marginalidad de Europa en un tablero geopolítico donde las decisiones que afectan directamente a su seguridad energética se adoptan sin su participación. El recurso de Begoña Gómez, finalmente, concentra el debate sobre las disfunciones de un poder judicial que, según la percepción mayoritaria entre los juristas consultados en los últimos meses, ha sido sometido a una presión creciente por parte de acusaciones populares con motivación política declarada.

El sedimento acumulado y el marco institucional que lo regula

El hilo que recorre estas siete crisis no es una debilidad específica sino una condición más general: la acumulación progresiva de problemas aplazados que, como sedimento en un lecho fluvial, van estrechando el cauce hasta que un día el volumen de crisis supera la capacidad de absorción del sistema. España lleva años postergando reformas, recortando inversiones en servicios esenciales, viendo cómo se desprestigian instituciones clave y alimentando una polarización que ha roto consensos que tardaron décadas en construirse. El marco normativo que debería gestionar cada uno de estos frentes existe —el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Nacional, los reglamentos sanitarios internacionales de la OMS, los tratados comerciales de la UE— pero la eficacia de las normas depende de la capacidad operativa y la legitimidad de las instituciones que las aplican, y ambas llevan tiempo bajo presión.

El precedente histórico más próximo de acumulación de crisis simultáneas de naturaleza heterogénea en España es el periodo 2010-2012, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero gestionó de forma concurrente el rescate financiero de las cajas de ahorro, el inicio del procés catalán como fenómeno de masas, la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y la presión de los mercados de deuda soberana que acabó forzando el ajuste fiscal de mayo de 2010. Entonces, como ahora, el debate sobre los límites de la resiliencia institucional ocupó el centro del análisis político. El sistema no se rompió, pero el coste acumulado —en términos de desempleo, desafección y deterioro del tejido productivo— fue extraordinariamente alto y sus efectos se prolongaron durante años.

La resiliencia como capital que se gasta

Y sin embargo, este sábado el sistema no se rompe. Los médicos del Hospital de La Candelaria preparan la UATAN para una evacuación que les exigirá trabajar sin descanso durante las próximas cuarenta y ocho horas. Los abogados redactan recursos en fin de semana porque el derecho no entiende de horarios. Decenas de miles de personas han hecho cola bajo el sol de Huelva para despedir a dos guardias civiles que no conocían. Los trabajadores de SEAT en Martorell afrontan la incertidumbre arancelaria sin que se haya producido una ruptura social aguda, confiando en que la planta sobrevivirá a esta tormenta como ha sobrevivido a las anteriores. Esta capacidad de absorción —lo que los politólogos denominan resiliencia democrática— no es un mérito del gobierno ni de la oposición sino el producto de una sociedad civil que, pese a los índices de desafección que registran los barómetros del CIS de forma sostenida desde 2013, sigue funcionando con eficacia notable cuando las circunstancias lo exigen.

La resiliencia, no obstante, no es un recurso infinito. Es un capital que se acumula en los periodos de calma y se gasta en los de crisis. España lleva varios años gastando más de lo que acumula. Cada escándalo de corrupción que prescribe o queda sin condena efectiva erosiona la confianza en las instituciones. Cada servicio público que se deteriora por falta de inversión sostenida reduce el margen de maniobra del Estado para absorber shocks sin que el sistema cruja de forma audible. La AIReF ha advertido en varios informes —el más reciente correspondiente al seguimiento presupuestario de 2024— sobre la necesidad de márgenes fiscales que permitan responder a emergencias sin comprometer la sostenibilidad a medio plazo; esos márgenes siguen siendo más estrechos de lo que la magnitud de los riesgos simultáneos requeriría.

Lo que queda flotando cuando termina la noche

La pregunta que esta jornada deja sin responder es si la resiliencia democrática española tiene un límite cuantificable y si la acumulación actual de tensiones nos acerca a él. No existe respuesta empírica disponible, y quien afirme tenerla o miente o simplifica. Lo que sí puede sostenerse con rigor es que la respuesta institucional a cada una de las siete crisis marcará precedentes concretos: la decisión sobre los medios del SERMAR condicionará la seguridad marítima durante la próxima década; el protocolo sanitario aplicado al Hondius establecerá el estándar de respuesta ante futuras alertas biológicas; la sentencia del caso Koldo —cuya lectura está prevista en los próximos meses— fijará jurisprudencia sobre la responsabilidad de los intermediarios políticos en tramas de corrupción; y el impacto final de los aranceles sobre el sector exportador español dependerá en gran medida de la posición negociadora que adopte la Comisión Europea en las próximas semanas, con la ronda de conversaciones comerciales UE-EE.UU. pendiente de fecha concreta pero prevista antes del verano de 2025.

El horizonte inmediato concentra, por tanto, varios plazos que convertirán parte de las incógnitas actuales en hechos con consecuencias medibles. La gestión de cada uno de esos plazos —judicial, sanitario, diplomático, presupuestario— determinará si este sábado de mayo queda en la memoria como el momento en que el sistema demostró que sus márgenes eran suficientes o como el punto a partir del cual el sedimento acumulado empezó a hacerse irreversiblemente visible.