La noche que cerró abril: tres crisis, un país y la sensación de que el suelo se mueve bajo nuestros pies

La primera grieta es judicial, y tiene nombre y apellido: caso Koldo más caso Kitchen. Dos juicios simultáneos contra exministros de los dos grandes partidos de España, celebrándose al mismo tiempo en tribunales diferentes de la misma ciudad, produciendo revelaciones que se retroalimentan mutuamente y que generan una percepción de corrupción sistémica que ninguno de los dos partidos puede combatir con credibilidad porque ambos están en el banquillo. Cuando Aldama señala a Sánchez como «número uno» de la trama Koldo, el PP lo utiliza como argumento de campaña. Cuando los testigos de Kitchen describen una operación policial ilegal para robar documentos a Bárcenas, el PSOE devuelve el golpe. Pero ninguno de los dos golpes resuelve nada: simplemente confirman, ante una ciudadanía cada vez más cansada y cada vez más cínica, que la corrupción no es un accidente sino una constante, no es una excepción sino una regla, no es un problema de personas sino de un sistema que genera incentivos perversos para que las personas que alcanzan el poder lo utilicen en beneficio propio. La declaración de Ábalos de esta tarde ha sido, quizá, la imagen más elocuente de lo que la corrupción le hace a las personas que la practican: un hombre que fue uno de los políticos más poderosos de España, reducido a pedir un vaso de agua porque no encontraba las palabras para explicar por qué le escribía a su asesor pidiéndole que «moviera lo de siempre antes del viernes». El silencio de quince segundos de Ábalos ante la pregunta sobre Jésica no es solo un momento procesal: es un espejo en el que se refleja la fragilidad de todo poder construido sobre mentiras, favores y lealtades que se desmoronan en cuanto la presión judicial las somete a escrutinio.

La segunda grieta es económica, y su profundidad se mide en datos que, individualmente, podrían parecer manejables pero que, combinados, dibujan un cuadro preocupante. Un PIB que frena al 0,6%, el nivel más bajo en dos años. Un IBEX que cierra abril como el peor mes desde 2022, con un flash crash matutino que ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas de negociación electrónica. Un Brent a 122 dólares que encarece todo — la gasolina, los alimentos, los plásticos, los medicamentos, la calefacción — y que no dará tregua mientras no se resuelva la crisis de Ormuz. Un BCE que congela los tipos porque no puede bajarlos sin arriesgar la inflación ni subirlos sin arriesgar la recesión. Un Euríbor que cierra abril en el 2,742% y que encarece las hipotecas de 3,8 millones de familias españolas en 53 euros mensuales de media. La combinación de estos datos configura lo que los economistas llaman estanflación suave: un crecimiento que se debilita sin llegar a cero combinado con una inflación que persiste sin llegar a dispararse. Es la peor situación posible para un banco central, porque no tiene una herramienta que cure ambos males simultáneamente: si baja tipos, alimenta la inflación; si los sube, mata el crecimiento. Y es la peor situación posible para un gobierno, porque no puede prometer prosperidad ni culpar a la oposición de una crisis que tiene causas globales — el petróleo, Irán, las cadenas de suministro — que escapan al control de cualquier política nacional.

La tercera grieta es geopolítica, y es la más peligrosa porque es la que menos control tiene España sobre ella. La presentación del plan CENTCOM a Trump ha introducido en el debate europeo una posibilidad que hasta hace semanas se consideraba remota: una acción militar estadounidense contra Irán que podría desencadenar una escalada con consecuencias imprevisibles para la estabilidad del Mediterráneo, los precios de la energía y la arquitectura de la OTAN. España se ha posicionado con claridad — negándose a ceder las bases de Rota y Morón —, pero esa claridad tiene un precio que todavía no conocemos: el correo del Pentágono amenazando con «consecuencias dentro de la OTAN» no es una bravata; es un mensaje calculado de un país que tiene la capacidad de convertir las amenazas en realidades. La posición española es jurídicamente sólida y moralmente defendible, pero políticamente arriesgada en un momento en que la alianza atlántica está sometida a tensiones que podrían redefinir las relaciones transatlánticas durante una generación. Europa, que debería ser el contrapeso natural de la unilateralidad estadounidense, se encuentra dividida en tres bloques que no logran articular una posición común, y la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores convocada para mañana por Kaja Kallas es más un gesto de urgencia que una garantía de resultado.

Las tres grietas no son independientes: se refuerzan mutuamente en una espiral de inestabilidad que hace que cada crisis agrave las demás. La crisis judicial erosiona la confianza en los partidos, lo que debilita la capacidad del Gobierno para gestionar la crisis económica y la crisis geopolítica. La crisis económica reduce el margen fiscal del Gobierno, lo que limita su capacidad para invertir en sanidad — donde los médicos llevan meses en huelga — y en defensa — donde la OTAN exige un gasto del 2% del PIB que España no alcanza. La crisis geopolítica encarece el petróleo, lo que agrava la desaceleración económica y alimenta la inflación. Y la inflación erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que genera descontento social que los partidos en el banquillo — PSOE y PP — no pueden canalizar porque su credibilidad está hipotecada por los juicios de corrupción. Es un círculo vicioso que se retroalimenta y que, si no se interrumpe, puede conducir a un escenario de deterioro institucional que España no ha experimentado desde la crisis de 2008 — y que, en algunos aspectos, es más peligroso que aquella crisis porque afecta simultáneamente a la justicia, la economía, la seguridad internacional y la cohesión social.

La huelga médica y el incidente Gómez-Quiles son, en este contexto, síntomas de una sociedad que está perdiendo la capacidad de procesar sus conflictos de forma ordenada. Cuando 223.274 actos médicos se suspenden porque los profesionales sanitarios no encuentran otro canal para que sus demandas sean escuchadas, algo falla en el sistema de diálogo social. Cuando la esposa del presidente del Gobierno y un comunicador de ultraderecha protagonizan un incidente en una cafetería que se convierte en trending topic y en arma de campaña antes de que la policía haya podido investigar lo ocurrido, algo falla en la proporcionalidad del debate público. Cuando un partido que representa al 14% del electorado obtiene un tercio de las consejerías de un gobierno autonómico, algo falla en la aritmética del poder democrático. Y cuando todo esto ocurre el mismo día — el mismo jueves 30 de abril de 2026 —, la pregunta no es si España tiene un problema, que obviamente lo tiene, sino si los mecanismos de los que dispone para resolverlo — las instituciones, los partidos, los tribunales, los medios, la sociedad civil — están a la altura de la complejidad del momento.

Abril de 2026 ha sido un mes que la historia política de España recordará como un punto de inflexión, aunque todavía no sabemos hacia dónde inflexiona. ¿Hacia la regeneración? Es posible, si los juicios de Kitchen y Koldo producen sentencias que establezcan precedentes disuasorios contra la corrupción y si los partidos extraen las consecuencias internas necesarias. ¿Hacia el deterioro? También es posible, si la acumulación de crisis satura la capacidad de respuesta de las instituciones y si la ciudadanía responde a la saturación con abstención, cinismo o radicalización. ¿Hacia la normalización de lo anormal? Quizá sea esta la posibilidad más preocupante: que la sociedad española se acostumbre a vivir con dos grandes partidos simultáneamente en los tribunales, con un petróleo a 120 dólares, con huelgas médicas cíclicas, con coaliciones que entregan parcelas de poder a partidos minoritarios, con debates públicos reducidos a incidentes en cafeterías, y que esa normalización haga innecesaria tanto la indignación como la reforma, tanto el diagnóstico como la cura.

Mayo comienza mañana. Comienza con una campaña electoral en Andalucía que puede dar a Moreno la mayoría absoluta que le permita gobernar sin Vox o puede obligarle a replicar el modelo aragonés. Comienza con un juicio del caso Koldo que se reanuda el lunes con un careo que puede ser demoledor. Comienza con un juicio del caso Kitchen que entra en la fase de los testigos clave. Comienza con un petróleo que nadie sabe si bajará o subirá porque depende de las decisiones de un presidente estadounidense cuya previsibilidad es, como mucho, limitada. Comienza con una amenaza de nueva huelga médica que pende sobre el sistema sanitario. Y comienza con la regularización migratoria entrando en su fase más intensa, con 140.000 solicitudes pendientes y un debate público que oscila entre la solidaridad y la xenofobia. Mayo será, con toda probabilidad, más intenso que abril. Y abril ya fue casi insoportable.

Desde esta redacción, cerramos abril con una reflexión que no es nueva pero que cada mes se siente más urgente: el periodismo independiente no es un lujo sino una necesidad democrática, y lo es especialmente en momentos como este, en los que la complejidad de la realidad invita a la simplificación, en los que la polarización del debate invita al maniqueísmo, en los que la velocidad de los acontecimientos invita a la superficialidad. Nuestro compromiso es resistir esas tres tentaciones: no simplificar lo que es complejo, no reducir a buenos y malos lo que es un entramado de intereses y responsabilidades compartidas, no sacrificar la profundidad en el altar de la inmediatez. Abril nos ha exigido más que nunca ese compromiso, y mayo nos exigirá todavía más. Estaremos aquí, con las luces de la redacción encendidas, con la certeza de que contar lo que pasa — todo lo que pasa, tal como pasa, sin omisiones ni adornos — es la única contribución que un medio de comunicación puede hacer a una democracia que necesita información veraz como el cuerpo necesita oxígeno. La noche cierra abril. El amanecer abrirá mayo. Y entre medianoche y la primera luz, alguien tiene que seguir vigilando.