La propuesta que España ha formalizado esta madrugada ante el Alto Representante tiene el mérito de la concreción. Donde otros hablan de «capacidades complementarias» y «sinergias defensivas», Madrid pone cifras: 5.000 a 7.000 soldados, 4.200 millones anuales, una brigada operativa en 2030. Es la primera vez que un Estado miembro se atreve a ponerle precio a la autonomía estratégica, y solo por eso merece un debate serio.
Pero el debate serio obliga a mirar lo que la propuesta no dice. Y lo que no dice es lo que todos los documentos europeos sobre defensa llevan medio siglo esquivando: para qué, contra quién y bajo qué autoridad. Una brigada de 7.000 efectivos es una fuerza respetable para una misión de estabilización en el Sahel o una evacuación de civiles en una crisis humanitaria. Es insignificante frente a un conflicto de alta intensidad con Rusia, que es la amenaza que justifica políticamente toda la discusión. El ejército europeo que Europa necesita y el que Europa puede construir no son el mismo.
El obstáculo no es técnico ni financiero. El gasto militar agregado de los 27 supera los 300.000 millones de euros anuales. El problema es político, y tiene un nombre que los diplomáticos pronuncian en voz baja: soberanía. Un ejército funciona porque un soldado obedece una orden. Una orden funciona porque la da una autoridad legítima. La autoridad legítima en materia de defensa reside en los Estados nacionales, no en Bruselas. No hay parlamento europeo con capacidad de declarar la guerra, no hay ejecutivo europeo con mando militar efectivo, no hay pueblo europeo que haya votado delegar en una institución supranacional el monopolio de la violencia legítima.
La historia de los intentos de defensa común europea es una historia de fracasos ilustrados. La Comunidad Europea de Defensa fue firmada en 1952 y enterrada en 1954 por la Asamblea Nacional francesa. Los Battlegroups de la UE fueron creados en 2007 y no se han desplegado jamás. La Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), lanzada en 2017 con 47 proyectos, ha producido más informes que capacidades. La Brújula Estratégica de 2022 prometió una fuerza de despliegue rápido de 5.000 efectivos para 2025: estamos en 2026 y la fuerza existe sobre el papel.
España tiene razones legítimas para liderar esta conversación. Es el quinto país más poblado de la Unión, tiene una industria de defensa competitiva y una tradición de participación en misiones internacionales que le otorga credibilidad operativa. Pero tiene también una inconsistencia que el documento entregado en Bruselas no aborda: España gasta el 1,28% de su PIB en defensa, por debajo del 2% que la OTAN exige y que la propia UE ha adoptado como referencia. Pedir un ejército europeo mientras se incumple el compromiso de gasto nacional es una posición difícil de sostener en una mesa de 27.
La relación con la OTAN es el elefante en la habitación. La propuesta española habla de «pilar europeo de la Alianza Atlántica», una fórmula elegante para un problema irresoluble: si la fuerza europea solo se activa con acuerdo de la OTAN, no es autónoma; si se activa sin acuerdo de la OTAN, es una ruptura. Washington ha dejado claro en los últimos cuatro años que quiere que Europa gaste más en defensa, pero no que Europa decida dónde y cómo gastar. La autonomía estratégica que reclama París choca con la dependencia nuclear que asume Berlín. Y en esa grieta, cualquier brigada multinacional, por bien financiada que esté, navegará sin brújula.
Lo que la madrugada de hoy revela no es que Europa quiera un ejército. Eso ya lo sabíamos. Lo que revela es que Europa todavía no sabe qué es. Un mercado con ejército es un imperio. Una alianza con presupuesto es una OTAN con más burocracia. Una federación con soberanía compartida en defensa es un Estado, y nadie en el Consejo Europeo pronuncia esa palabra en público. Mientras esa conversación siga posponiéndose, los documentos de 14 páginas seguirán acumulándose en los cajones del Servicio Europeo de Acción Exterior, elegantes, razonados y profundamente inútiles.
A las dos de la madrugada, con Bruselas dormida y las capitales pendientes de sus propias crisis, la propuesta española ha caído sobre la mesa como una piedra en un estanque. Las ondas llegarán al Consejo Europeo de junio, donde se debatirá con la seriedad que merece y se aparcará con la prudencia que exige. Porque Europa no tiene un problema de defensa. Tiene un problema de identidad. Y los problemas de identidad no se resuelven con brigadas.

