El documento reúne información de entidades oficiales y organizaciones especializadas en derechos humanos con el propósito declarado de convertirse en un insumo para las decisiones normativas y presupuestales que deberán adoptar tanto la Casa de Nariño como el Congreso. La Defensoría del Pueblo, órgano de control encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, viene documentando desde hace años la evolución del conflicto armado interno y sus derivaciones tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas Farc-EP.
Entre los hallazgos más señalados figura la geolocalización de las estructuras armadas surgidas después de la desmovilización de esa guerrilla. El Nuevo Estado Mayor Central, que lidera Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', aparece como la disidencia con mayor despliegue territorial, con actividad registrada en 239 municipios. Le sigue el Estado Mayor de los Bloques y del Frente, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', presente en 140 municipios según el mismo monitoreo.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura señalada como uno de los procesos con mayores avances dentro de la política de 'paz total' impulsada por el gobierno anterior, figura en 68 municipios. La Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', tiene presencia en 46 municipios, mientras que el Frente 57 —catalogado por la Defensoría como disidencia independiente— registra actividad en 22 municipios adicionales.
El informe identifica también 24 municipios donde se ha detectado accionar de disidencias aún sin identificar plenamente, lo que refleja, según la entidad, que el mapa de estructuras armadas continúa en transformación y que persisten zonas donde no ha sido posible establecer con precisión qué grupo ejerce presencia. Esa indeterminación plantea un desafío operativo para la Fuerza Pública y para las autoridades locales, que deben diseñar respuestas de seguridad sin contar siempre con información precisa sobre el actor armado presente en su territorio.
La expansión paralela del Clan del Golfo
Más allá de las disidencias de las Farc, el documento advierte sobre la magnitud territorial de los grupos sucesores del paramilitarismo. El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, junto con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mantiene presencia permanente o intermitente en 509 municipios del país, una cifra sensiblemente superior a la reportada para las disidencias de las Farc. De manera individual, según el mismo monitoreo, el Clan del Golfo sostiene un accionar permanente en 383 municipios, lo que lo convierte en la organización armada ilegal con mayor capacidad de despliegue geográfico en Colombia.
La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1991 como parte del Ministerio Público junto con la Procuraduría General de la Nación, tiene entre sus funciones el monitoreo de riesgos para la población civil a través de su Sistema de Alertas Tempranas. Ese mecanismo ha sido utilizado históricamente para advertir sobre la expansión de actores armados en zonas rurales, aunque organizaciones sociales han reclamado en el pasado que dichas alertas no siempre se traducen en respuesta estatal oportuna.
El precedente más cercano de un ejercicio similar de diagnóstico se remonta a los informes que la propia Defensoría presentó durante la implementación del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón en noviembre de 2016, cuando advirtió tempranamente sobre el riesgo de que estructuras disidentes ocuparan los territorios dejados por las Farc en zonas como el sur del Meta, Guaviare, Catatumbo y el litoral Pacífico. Aquellas advertencias, formuladas en los años posteriores a la firma, resultaron parcialmente confirmadas por la evolución del conflicto, lo que otorga peso institucional al nuevo documento.
El informe llega en un momento de transición política, semanas después de la posesión del nuevo mandatario, y busca posicionarse como hoja de ruta temprana para la política de seguridad y de derechos humanos del gobierno entrante. Hasta el momento no se ha conocido una respuesta pública detallada de la Casa de Nariño sobre las medidas concretas que se derivarían de estas cifras, ni un pronunciamiento oficial del Ministerio de Defensa sobre el mapa de presencia armada presentado.
Voceros de organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos han insistido en que cifras como estas deben traducirse en una revisión de la estrategia de seguridad territorial, particularmente en los municipios donde coinciden varias estructuras armadas, lo que incrementa el riesgo de confrontaciones y desplazamiento forzado de comunidades. Sectores de la Fuerza Pública han señalado en el pasado que la multiplicación de siglas y fracciones dificulta el diseño de una respuesta unificada, dado que cada estructura opera con lógicas y alianzas distintas según la región.
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han sido escenario en años recientes de litigios relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluidas tutelas sobre incumplimientos en la sustitución de cultivos ilícitos y en la protección de líderes sociales en zonas de influencia de estos grupos. La Jurisdicción Especial para la Paz continúa procesando casos del conflicto armado, aunque su competencia se circunscribe a hechos cometidos antes de la firma del acuerdo, lo que deja fuera de su ámbito buena parte de la violencia atribuida a las disidencias surgidas después de 2016.
De cara a los próximos meses, se espera que el Congreso de la República discuta eventuales ajustes al Presupuesto General de la Nación destinado a seguridad rural y sustitución de economías ilícitas, un debate en el que el informe de la Defensoría podría convertirse en referencia durante las sesiones de control político. La magnitud de las cifras presentadas —cientos de municipios bajo influencia de distintos grupos armados— anticipa que la discusión sobre la política de seguridad será uno de los primeros grandes frentes en la relación del gobierno de Abelardo De la Espriella con el Legislativo.
