El proyecto, del que apenas habían trascendido detalles, contemplaba la creación de un vehículo financiero mixto en el que la FIFA mantendría el control institucional del Mundial pero cedería a inversores privados una porción sustancial de los ingresos comerciales futuros, a cambio de un desembolso anticipado. La fórmula se inspiraba en operaciones ensayadas en otras competiciones, como la entrada de fondos de capital riesgo en ligas europeas o en circuitos como la Fórmula 1, donde CVC Capital Partners adquirió participaciones en derechos comerciales a cambio de financiación.
La diferencia sustancial reside en la naturaleza del activo. El Mundial no es una competición gestionada por un operador privado, sino el torneo insignia de una federación internacional que se define como entidad sin ánimo de lucro en sus propios estatutos, registrada en Zúrich y sometida a un marco de gobernanza que exige la aprobación de su Consejo y, en determinadas materias, del Congreso que reúne a las 211 federaciones miembro.
La UEFA lidera el rechazo y los inversores frenan
La oposición habría cristalizado en torno a la UEFA, la confederación que agrupa a las 55 federaciones europeas y que representa el mercado más lucrativo para la retransmisión del torneo. Su presidente, Aleksander Ceferin, habría transmitido a Infantino en reuniones recientes que una parte relevante de las federaciones europeas consideraba inaceptable ceder control comercial sobre un torneo que interpretan como patrimonio colectivo del fútbol mundial, y no como un activo divisible entre accionistas.
A esa resistencia se habría sumado una reacción de los propios inversores institucionales sondeados por la FIFA. Varias firmas de capital riesgo habrían expresado reticencias ante la falta de claridad jurídica sobre qué franja de ingresos se pondría a la venta, dado que buena parte de los contratos de patrocinio y retransmisión del Mundial se negocian por ciclos de cuatro años y están sujetos a renovaciones que dependen de decisiones del propio organismo, no de criterios puramente mercantiles.
El elemento de presión adicional habría sido la amenaza, nunca formalizada públicamente pero deslizada en las conversaciones internas, de que algunas federaciones europeas estudiaran acciones de boicot a torneos organizados por la FIFA si el plan seguía adelante sin consenso previo. Un escenario de ruptura de ese calibre resultaría inédito en la historia reciente del organismo, que desde el escándalo de corrupción destapado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2015 —que precipitó la caída de Joseph Blatter y la posterior elección de Infantino en 2016— ha intentado proyectar una imagen de gobernanza reforzada.
No es la primera fractura de Infantino con el fútbol europeo. En 2019, la FIFA ya intentó impulsar una versión ampliada de la Copa Mundial de Clubes con entrada de fondos soberanos, principalmente de Arabia Saudí, un proyecto que hubo de reformular ante las reticencias de clubes y ligas europeas. Aquel episodio, junto con la resistencia que encontró el intento de crear una Superliga europea de clubes —rechazada por la UEFA y la propia FIFA en 2021—, ilustra hasta qué punto las tentativas de reestructurar comercialmente las grandes competiciones chocan con el equilibrio de poder entre confederaciones continentales y el organismo rector.
Ni la FIFA ni la UEFA han emitido, hasta la fecha, un comunicado oficial que confirme o desmienta la existencia del plan ni su posterior congelación. Los detalles concretos de la negociación —cifras, calendario e interlocutores— proceden del relato reconstruido de reuniones privadas, lo que obliga a manejarlos en condicional mientras ninguna de las partes se pronuncia en sede pública.
El marco estatutario y la vía de financiación frustrada
El marco estatutario de la FIFA, reformado en profundidad en 2016 tras el escándalo de corrupción, exige que cualquier modificación sustancial en la explotación comercial de sus competiciones insignia se someta a sus órganos de gobierno, en particular al Consejo, integrado por representantes de las seis confederaciones continentales. Una operación de la envergadura descrita, que cedería derechos económicos a terceros privados por primera vez en la historia del torneo, habría requerido un respaldo amplio de ese Consejo, donde la UEFA cuenta con representación acorde a su peso deportivo y económico.
El fútbol ha vivido en la última década una entrada creciente de capital privado en competiciones nacionales, desde la Premier League hasta la Ligue 1, pasando por la propia Liga española, que en 2021 aprobó un acuerdo con CVC Capital Partners para financiar infraestructuras y digitalización de los clubes. Aquel precedente doméstico, con la oposición inicial de clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona, ilustra las tensiones que genera la llegada de fondos a estructuras deportivas gestionadas tradicionalmente por entidades sin ánimo de lucro o asociaciones de clubes.
Para la FIFA, la operación frustrada habría representado una vía de financiación alternativa a los ingresos ordinarios por derechos de televisión y patrocinio, en un contexto en el que el organismo ha ampliado el formato del Mundial a 48 selecciones a partir de la edición de 2026, lo que eleva los costes operativos y logísticos de organización.
Qué puede ocurrir ahora
La congelación no equivaldría necesariamente a la cancelación definitiva, sino a una pausa para rediseñar la fórmula de manera que resulte aceptable para las confederaciones y para los inversores. En el sector no se descarta que la FIFA presente en los próximos meses una versión revisada, posiblemente limitada a activos comerciales secundarios y no al núcleo de los derechos de televisión del torneo principal.
El episodio llega en un momento de transición para el organismo, que gestiona la resaca del Mundial 2026 —el primero con formato ampliado— y trabaja en la designación de sedes de futuras ediciones. Cualquier decisión sobre la estructura financiera del torneo insignia deberá pasar previsiblemente por el filtro del Congreso de la FIFA, que reúne a las 211 federaciones miembro y constituye, según sus estatutos, el órgano soberano de la institución.
