El caso ha reabierto un debate que atraviesa la historia reciente del conflicto armado colombiano: cómo se comunican y se miden los resultados de las operaciones militares contra estructuras armadas ilegales. Medicina Legal estableció, en un reporte posterior a la operación, que dos de las 23 personas dadas de baja en Guaviare eran menores de edad, un dato que ha añadido presión sobre el Gobierno para que explique los protocolos aplicados antes y después del operativo.
La Defensoría del Pueblo, en su pronunciamiento, fue explícita en señalar que su llamado de atención no cuestiona la legitimidad de la actuación de la Fuerza Pública ni el deber constitucional del Estado de enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales. Tampoco pone en duda la obligación de proteger a la población civil en zonas donde estas estructuras ejercen control territorial, como ocurre en amplias regiones del Guaviare, departamento históricamente afectado por la presencia de disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco.
El punto central del reclamo de la entidad tiene que ver con los límites que, según recordó, existen incluso en contextos de confrontación armada. La Defensoría citó el marco de la Constitución Política y del derecho internacional humanitario, que establecen que toda privación de la vida, aun en el marco de operaciones militares legítimas, debe cumplir criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. El derecho a la vida, subrayó la entidad, sigue siendo un derecho fundamental que no se suspende por el hecho de que la persona fallecida perteneciera a un grupo armado ilegal.
El trato a los cuerpos y la comunicación oficial
Uno de los cuestionamientos más directos de la Defensoría apunta a la manera en que el Gobierno nacional divulgó los resultados del operativo. Para la entidad, los cuerpos de las personas fallecidas en combate deben recibir un trato digno, conforme a los estándares del derecho internacional humanitario, y no deberían convertirse en parte de la puesta en escena de declaraciones o comparecencias públicas de las autoridades. Las imágenes del presidente de la Espriella caminando entre los cuerpos durante la operación Hazarías fueron el detonante directo del pronunciamiento.
La Defensoría también llamó la atención sobre la existencia de un portal denominado ‘Las Bajas del Tigre’, cuya oficialidad no ha sido confirmada por ninguna entidad del Estado, en el que se contabilizarían muertes y otros resultados operacionales registrados desde la llegada del actual Gobierno. La entidad no precisó quién administra el sitio ni si cuenta con algún respaldo institucional, pero pidió cautela frente a cualquier ejercicio que reduzca la política de seguridad a un conteo de bajas.
Ese señalamiento remite directamente a uno de los episodios más oscuros de la historia militar reciente del país: los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, ocurridas principalmente entre 2002 y 2008. Esos casos son investigados y juzgados actualmente por la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, que ha documentado miles de víctimas y ha señalado que la presión por mostrar resultados medidos en número de bajas fue un factor estructural detrás de esas ejecuciones.
La Defensoría del Pueblo, como magistratura moral del Estado colombiano, insistió en que la seguridad nacional no debería medirse únicamente por el número de integrantes de grupos armados dados de baja, sino también por los derechos garantizados y las vidas de civiles salvadas frente a la acción de estructuras criminales. Esta distinción ha sido central en los debates de control político que distintas bancadas del Congreso han promovido en los últimos años sobre la doctrina militar y los indicadores de éxito operacional.
La respuesta pendiente del Gobierno
Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido una respuesta oficial y detallada a los señalamientos de la Defensoría, más allá de la defensa genérica de los resultados operacionales obtenidos por la Fuerza Pública en el Guaviare. El Ministerio de Defensa tampoco se ha pronunciado sobre el portal ‘Las Bajas del Tigre’ ni ha aclarado su relación, si la hay, con las comunicaciones oficiales del Gobierno.
La operación Hazarías se enmarca en la ofensiva militar que el Gobierno de Abelardo de la Espriella, posesionado hace poco más de un mes, ha priorizado contra las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, uno de los principales objetivos de la política de seguridad del actual Ejecutivo. El Guaviare, junto con otros departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estas estructuras, que disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal.
El pronunciamiento de la Defensoría se produce en un momento en el que distintos sectores políticos y sociales debaten el enfoque de seguridad del nuevo Gobierno, que ha defendido una política de mano dura frente a los grupos armados ilegales como uno de sus principales sellos distintivos. Congresistas de oposición han anunciado que solicitarán información adicional sobre los protocolos seguidos en la operación Hazarías, aunque hasta el momento no se ha radicado formalmente ninguna citación a debate de control político en el Congreso sobre este caso específico.
La Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la función pública y de investigar posibles faltas disciplinarias de servidores del Estado, no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos denunciados por la Defensoría. Tampoco la Fiscalía General de la Nación ha confirmado si existe alguna investigación en curso relacionada con la muerte de los dos menores de edad reportados por Medicina Legal tras el operativo.
La discusión sobre la exhibición pública de resultados militares no es nueva en Colombia, pero el caso de Guaviare le añade un componente inédito: la presencia directa del jefe de Estado en el lugar donde se hallaban los cuerpos de las personas dadas de baja, un gesto que la Defensoría interpretó como una forma de comunicación que bordea, en su criterio, los límites de lo que resulta compatible con el trato digno exigido por el derecho internacional humanitario.
En los próximos días se espera que la Defensoría del Pueblo amplíe su pronunciamiento con recomendaciones específicas dirigidas al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares sobre los protocolos de comunicación pública tras operaciones militares. También queda por establecerse si la Fiscalía abrirá alguna indagación formal por la muerte de los menores de edad reportados, y si el Congreso de la República decide citar a debate de control político a los responsables de la operación Hazarías.
