Han pasado ocho años desde que el Congreso de los Diputados aprobó, el 1 de junio de 2018, la primera moción de censura exitosa de la democracia española, que destituyó al presidente Mariano Rajoy y colocó en la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, con el apoyo de Podemos, los independentistas catalanes y vascos y otros grupos minoritarios. Aquel voto, el único en la historia constitucional española que ha derrocado a un ejecutivo por esta vía, cumple su octavo aniversario con los argumentos que lo sostuvieron todavía en disputa.
El mecanismo que nadie había logrado activar
La moción de censura constructiva —aquella que, para prosperar, debe proponer simultáneamente un candidato alternativo— está regulada en el artículo 113 de la Constitución de 1978. Su diseño dificulta deliberadamente su éxito: exige mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 votos sobre 350. Hasta 2018, ninguna de las tres mociones presentadas en democracia —en 1980 contra Adolfo Suárez, en 1987 contra Felipe González y en 1996, también contra González— había superado ese umbral. La de 2018 lo rebasó con 180 votos a favor.
El detonante formal y el contexto político
El argumento jurídico invocado por el PSOE para presentar la iniciativa fue la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la cúpula de Gürtel, red de corrupción vinculada al Partido Popular, y que incluía en sus hechos probados referencias a una contabilidad paralela del partido entonces en el gobierno. Rajoy llevaba en el poder desde diciembre de 2011 y gobernaba en minoría tras haber perdido la mayoría absoluta obtenida en aquellas elecciones. Sánchez, por su parte, había regresado a la secretaría general socialista en mayo de 2017 tras ganar unas primarias internas, después de haber dimitido del cargo en octubre de 2016.
Los apoyos que hicieron posible la aritmética
Para alcanzar los 180 votos, el PSOE tejió en pocos días un acuerdo con fuerzas de naturaleza y objetivos muy distintos. Podemos aportó sus 67 escaños. El bloque independentista catalán —PDeCAT y ERC— y el PNV sumaron votos determinantes, lo que convirtió aquella mayoría en el primer gran ejemplo de la aritmética parlamentaria fragmentada que definiría la política española durante los años siguientes. Los críticos de la operación señalaron desde el primer momento la heterogeneidad ideológica del bloque y, en particular, el papel de las formaciones que cuestionaban la unidad territorial del Estado.
El programa presentado y lo que ocurrió después
Sánchez presentó ante el Congreso un programa de gobierno de carácter progresista que incluía compromisos presupuestarios y sociales. Sin embargo, su gobierno en minoría chocó con la misma aritmética que le había encumbrado: en febrero de 2019, el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso —con el voto en contra de los independentistas catalanes, entre otros— le llevó a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para el 28 de abril de 2019. Aquella legislatura duró menos de nueve meses, la más corta desde la Transición.
El debate que el aniversario reactiva
Ocho años después, la moción de censura de 2018 sigue siendo terreno de controversia política e historiográfica. Sus defensores sostienen que fue un ejercicio legítimo y constitucionalmente impecable de control parlamentario al ejecutivo, activado por una causa objetiva —una sentencia judicial— y resuelto conforme al procedimiento previsto. Sus detractores argumentan que los apoyos recabados comprometieron la coherencia del proyecto de gobierno y establecieron un patrón de dependencia parlamentaria que ha condicionado las legislaturas posteriores. Ninguna de las dos lecturas ha desaparecido del debate público.
Precedente constitucional en perspectiva comparada
En el derecho constitucional comparado, la moción de censura constructiva es un mecanismo asociado al parlamentarismo alemán de posguerra, adoptado precisamente para evitar la inestabilidad que asoló la República de Weimar. España lo incorporó en 1978 siguiendo ese modelo. Desde 2018, el instrumento ha vuelto a ser objeto de atención académica y política: en 2020, Vox presentó una moción contra Sánchez que no prosperó, y en 2023 repitió el intento con idéntico resultado, lo que confirma que la barrera de los 176 votos sigue siendo el filtro central del sistema.
Lo que queda abierto
El aniversario llega en un contexto en que la figura del presidente que accedió al poder por esta vía acumula ya más de seis años en La Moncloa, con dos legislaturas distintas y una coalición de gobierno —la primera de la democracia española— como resultado de las elecciones de noviembre de 2019. La moción de 2018 no puede leerse, por tanto, solo como un episodio cerrado: es el punto de origen de un ciclo político que aún no ha concluido y cuyo balance definitivo depende de procesos —electorales, judiciales e institucionales— todavía en curso.
