El nombramiento marca un giro en el perfil de quienes han dirigido la UNGRD. A diferencia de otros directores que llegaron a la entidad con una trayectoria mayoritariamente política, Tamayo aterriza con una formación técnica ligada al conocimiento del territorio y de los riesgos naturales. Es ingeniero geólogo, disciplina dedicada a la evaluación de amenazas como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y otros fenómenos que afectan de forma permanente a un país con la complejidad geográfica de Colombia.
Según se planteó durante la presentación, ese conocimiento será una de las principales herramientas con las que Tamayo buscará orientar la entidad hacia un modelo que privilegie la prevención sobre la reacción, fortaleciendo la planificación territorial y la gestión del riesgo antes de que ocurran las emergencias.
La jornada de empalme no se limitó al anuncio sobre la UNGRD. El encuentro también abordó proyectos estratégicos para el departamento y confirmó otros nombramientos con sello paisa, entre ellos el de Mauricio Tobón como embajador de Colombia en México. De la Espriella anticipó además que tendría una oficina de despacho en la Plaza Botero, en el centro de Medellín, y que la ciudad sería sede de ProColombia, entidad encargada de promover las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo del país.
Una entidad marcada por la corrupción
El verdadero desafío de Tamayo estará en recuperar la legitimidad de una institución que terminó convertida en símbolo de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes del país. La UNGRD quedó en el centro de las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos públicos destinados a la atención de desastres, un caso que derivó en procesos penales contra exdirectivos y exfuncionarios y que afectó gravemente la imagen de la entidad.
Las indagaciones sobre esos hechos han estado a cargo de la Fiscalía General de la Nación, mientras que a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República les corresponde adelantar, respectivamente, las actuaciones disciplinarias y el control fiscal sobre el manejo de los recursos comprometidos. El caso generó un fuerte desgaste reputacional y puso en entredicho la capacidad de la entidad para cumplir con su misión central: coordinar la respuesta del Estado ante desastres.
La UNGRD fue creada en 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, como resultado de la reforma institucional que siguió a la ola invernal de 2010 y 2011, uno de los episodios climáticos más devastadores de la historia reciente del país, que dejó cientos de miles de damnificados y evidenció las limitaciones del entonces Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Desde entonces, la entidad ha sido responsable de coordinar la respuesta estatal ante terremotos, inundaciones, deslizamientos y erupciones volcánicas, entre otros fenómenos que afectan de manera periódica al territorio nacional.
La designación de un director con formación en ciencias de la tierra rompe con la línea de titulares con perfil administrativo o político que ha tenido la Unidad. Ese cambio ha sido presentado desde el entorno del presidente electo como una apuesta por dotar a la entidad de mayor capacidad técnica para el diagnóstico de riesgos, en un país expuesto de forma recurrente a los fenómenos asociados a la variabilidad climática de El Niño y La Niña.
La designación se enmarca en el proceso de transición: el nombramiento quedaría formalmente en firme una vez se produzca la posesión presidencial y se surtan los trámites administrativos correspondientes ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El futuro director recibirá una entidad cuyo presupuesto y funciones han sido objeto de debate en el Congreso de la República en los últimos periodos legislativos. Congresistas de distintas bancadas han citado a debates de control político a exdirectivos de la UNGRD para esclarecer el manejo de los recursos comprometidos en el escándalo, procesos que continúan su curso en paralelo a la transición gubernamental.
De cara a los próximos meses, la gestión de Tamayo quedará sometida al escrutinio de la opinión pública y de los organismos de control desde su primer día al frente de la entidad. La atención se centrará en las primeras decisiones administrativas, en la ejecución de los recursos asignados dentro del Presupuesto General de la Nación y en los avances judiciales de los procesos que aún tramita la Fiscalía por los hechos de corrupción que marcaron a la Unidad.