El primer acto público del encuentro ha sido una rueda de prensa conjunta en la que Sánchez ha calificado a Lula como 'un referente y un amigo que lleva dos décadas demostrando que se puede gobernar para la mayoría social sin renunciar al crecimiento económico'. La frase, cuidadosamente calibrada, llevaba una carga de profundidad dirigida a Washington: en el contexto de una guerra comercial arancelaria abierta entre la Casa Blanca y media docena de socios comerciales, la palabra 'mayoría social' funciona como antónimo directo del 'America First' que articula la doctrina Trump en este segundo mandato.
Los quince acuerdos firmados se estructuran en tres bloques temáticos. El primero, de naturaleza económica y comercial, incluye un memorando sobre minerales críticos —litio, niobio, tierras raras— que abre la puerta a la participación de consorcios españoles en la cadena de suministro brasileña, una línea de crédito del ICO de doscientos millones para empresas españolas que inviertan en infraestructura sostenible en Brasil y un protocolo de certificación agrícola mutua que beneficiará especialmente a la industria cárnica y oleícola. El segundo bloque, centrado en innovación y tecnología, crea el fondo bilateral de ciento veinte millones y establece un programa de intercambio de investigadores entre el CSIC y la FAPESP paulista. El tercer bloque aborda compromisos sociales: cooperación en la lucha contra la violencia de género, igualdad racial y acceso a medicamentos genéricos.
Pero la cumbre bilateral es solo el aperitivo de lo que verdaderamente ha convertido a Barcelona en el epicentro de la diplomacia progresista este fin de semana: el Global Progressive Mobilisation (GPM), un foro que agrupa a partidos y líderes de centroizquierda de quince países y que el PSOE ha logrado anclar en la capital catalana con el argumento de que España es 'el único gran país europeo gobernado por la socialdemocracia'. Al GPM asisten Gustavo Petro, presidente de Colombia; Claudia Sheinbaum, presidenta de México en su primera visita oficial a Europa; Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica; y líderes de Portugal, Chile, Uruguay, Albania y varios estados del este de Europa.
La presencia de Sheinbaum es especialmente significativa. La sucesora de López Obrador ha elegido Barcelona como primera escala europea de su mandato, un gesto que Moncloa interpreta como un aval a la estrategia exterior de Sánchez y que el ala diplomática del PP ha calificado de 'oportunismo electoral disfrazado de multilateralismo'. El diputado popular Esteban González Pons publicó un comunicado a media tarde acusando al presidente de 'convertir las instituciones del Estado en una agencia de viajes de la izquierda radical internacional'.
La Fundación DISENSO, vinculada a Vox, fue más allá: en un acto convocado en Madrid a la misma hora que la rueda de prensa de Pedralbes, Ignacio Garriga denunció que Sánchez 'quiere que España sea la sede permanente de la izquierda radical mundial' y exigió al Tribunal de Cuentas que audite el coste del despliegue de seguridad del GPM, que cifró en tres millones seiscientos mil euros sin citar la fuente del dato. Moncloa no ha respondido a la cifra específica pero ha subrayado que 'la proyección internacional de España como democracia sólida no tiene precio'.
En términos de contenido político, el borrador de la Declaración de Barcelona —que se cerrará mañana sábado— contempla treinta y dos compromisos estructurados en cuatro ejes: defensa de las instituciones democráticas frente al populismo autoritario, transición energética justa, protección de los derechos digitales y cooperación fiscal contra la evasión de las grandes fortunas. El texto incluye un compromiso explícito de crear un observatorio permanente de calidad democrática con sede en Barcelona, financiado con contribuciones anuales de los quince países firmantes.
La dimensión económica del foro no es menor. La presencia simultánea de Ramaphosa y Lula convierte a Barcelona en un nodo temporal de la diplomacia de los BRICS ampliados, precisamente en un momento en que la fractura entre el bloque occidental y el Sur Global se ha acentuado por la guerra de Oriente Medio.
El reverso incómodo de la cumbre es interno. Mientras Sánchez despliega alfombra roja en Pedralbes, su socio parlamentario Junts mantiene congeladas las relaciones con Sumar tras las declaraciones de Yolanda Díaz calificando al partido de Puigdemont de 'racista y clasista'. La paradoja es evidente: el presidente que predica alianzas globales contra el populismo no consigue cerrar una alianza parlamentaria estable dentro de sus propias fronteras. Un diputado de Junts, que pidió no ser identificado, lo resumió con acidez: 'Sánchez habla de mayoría social en Barcelona mientras nosotros esperamos una llamada que nunca llega desde Moncloa'.
La seguridad del evento ha movilizado a más de dos mil agentes entre Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y escoltas de las delegaciones visitantes. El perímetro de Pedralbes se cerró a las 07:00 con controles de acceso que provocaron retenciones de hasta cuarenta minutos en la Diagonal. Los vecinos de la zona alta han expresado su malestar en redes sociales, aunque las asociaciones de comerciantes del Eixample han valorado positivamente el impacto en hostelería y restauración.
El foro continuará mañana sábado con la firma de la Declaración de Barcelona y una sesión plenaria abierta a medios. Sánchez cerrará el acto con un discurso que, según fuentes de Moncloa, incluirá una referencia directa a la necesidad de 'un orden mundial multipolar que no dependa de las decisiones de un solo hombre en un solo despacho'. La alusión a Trump no necesita traducción. Lo que queda por ver es si la alianza progresista de Barcelona sobrevive al lunes, cuando la aritmética parlamentaria devuelva al presidente a la cruda realidad del hemiciclo.
