El mecanismo sigue un guion relativamente estandarizado, según las advertencias difundidas por el sector financiero: una llamada no solicitada en la que alguien se identifica como funcionario de un banco y ofrece un producto —tarjeta de crédito, préstamo o crédito de libre inversión— empleando términos financieros y un discurso aparentemente profesional para generar confianza. El objetivo, de acuerdo con estas alertas, no es vender nada, sino obtener información sensible del interlocutor.
La frase que las entidades señalan como bandera roja es "vamos a simular un crédito", utilizada como excusa para solicitar el número de cédula, los datos bancarios o la dirección, en ocasiones bajo el argumento de "verificar su identidad" o completar la activación del producto. En la práctica, según el Banco Pichincha, el crédito o servicio ofrecido nunca existe, y esa información terminaría en manos de los estafadores para intentar acceder a las cuentas de la víctima.
La Superintendencia Financiera —entidad encargada de vigilar bancos, aseguradoras y demás actores del sistema financiero colombiano— recomienda comprobar directamente que la entidad esté vigilada y desconfiar de ofertas que prometan préstamos inmediatos, sobre todo cuando las condiciones del crédito no son claras o resultan desproporcionadas frente al monto solicitado. Ante una llamada inesperada, la indicación es no entregar información y verificar la oferta a través de los canales oficiales de la propia entidad.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), citada como referencia por las entidades colombianas, describe estas estrategias como la construcción deliberada de situaciones creíbles que generan miedo, urgencia o preocupación para llevar a la víctima a actuar sin pensar y cumplir con las solicitudes de los estafadores. Es lo que en seguridad informática se conoce como ingeniería social. Las alertas señalan que los delincuentes recurren cada vez más a herramientas como la inteligencia artificial para elaborar mensajes y llamadas que parezcan legítimos.
Un delito con marco legal desde 2009
El fraude bancario telefónico no es un fenómeno nuevo en Colombia. Con la masificación de la banca móvil y el comercio electrónico, las modalidades de suplantación telefónica, los mensajes de texto fraudulentos y el phishing por correo se han multiplicado, todas orientadas a obtener credenciales bancarias mediante engaño. Estas conductas están tipificadas en el Código Penal tras la Ley 1273 de 2009, que creó el título de los delitos informáticos e incorporó figuras como el hurto por medios informáticos y la transferencia no consentida de activos; la investigación de estos casos corresponde a la Fiscalía General de la Nación.
A ese marco se suma la Ley 1581 de 2012, de protección de datos personales, que regula el tratamiento de la información de los ciudadanos y sanciona su uso indebido. Por ahora no se ha anunciado una normativa adicional específica para el uso de inteligencia artificial en fraudes financieros, de modo que el seguimiento del fenómeno recae en el ordenamiento vigente y en la labor de vigilancia de la Superintendencia Financiera.
Las entidades bancarias, por su parte, ofrecen canales de denuncia para bloquear cuentas comprometidas y reiteran que ningún funcionario legítimo solicita por teléfono claves completas, códigos de un solo uso ni el número completo de la tarjeta. El propio Banco Pichincha, en sus advertencias, insiste en verificar directamente con la entidad si una oferta es real antes de compartir cualquier dato.
La Superintendencia Financiera recuerda que todas las entidades vigiladas figuran en un registro público consultable, herramienta que permite a cualquier ciudadano confirmar si quien lo contacta pertenece a una entidad autorizada para operar en el sistema financiero colombiano. La recomendación es desconfiar de cualquier oferta que prometa desembolsos inmediatos sin verificación previa de la capacidad de pago.
Hasta el momento no se ha divulgado una cifra oficial consolidada sobre el número de víctimas ni el monto defraudado mediante esta modalidad específica, por lo que cualquier estimación debe tomarse con cautela. Las autoridades concentran su mensaje en tres acciones: no entregar claves, códigos ni números de tarjeta por teléfono; verificar cualquier oferta llamando a la línea oficial de la entidad; y denunciar de inmediato ante el banco y, si hay pérdida de dinero, ante la Fiscalía cualquier movimiento no reconocido.
El seguimiento del fenómeno queda, en lo inmediato, en manos de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía y las propias entidades bancarias. La difusión de la alerta pretende que los usuarios corten la comunicación al escuchar frases sospechosas como "vamos a simular un crédito" y contrasten la información con su banco antes de facilitar cualquier dato que pueda comprometer sus cuentas.
