El nuevo espacio, dirigido por Belén García y producido por Buendía Estudios, reunió en su mesa de debate a los periodistas Vicente Vallés e Irene Dorta, al analista político Javier Nart y al consultor Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. La conversación giró alrededor de un informe policial de evaluación de la situación en Ceuta que, según se planteó en el programa, habría advertido del riesgo de una entrada masiva sin que ello derivara en un refuerzo del dispositivo fronterizo.
La cuestión central del debate fue si el Ejecutivo disponía de información previa. Fuentes gubernamentales han negado en las últimas semanas que el informe contuviera una advertencia explícita sobre lo ocurrido, mientras que los intervinientes en el programa sostuvieron la tesis contraria. La discrepancia entre ambas lecturas —la de quienes atribuyen la crisis a una falta de planificación y la de quienes defienden que la información disponible no permitía anticiparla— seguía sin resolverse un mes después.
Vicente Vallés apuntó al papel de Rabat en el episodio: «Podemos pensar que, por acción o por omisión, las autoridades de Marruecos han permitido que esto pase», dijo, y añadió que el informe no le sorprendía «más allá de lo que se haya dicho» porque, a su juicio, respondía al «sentido común».
Uno de los momentos de mayor repercusión llegó con la intervención en directo de Alberto Sáiz, que dirigió el CNI entre 2004 y 2009. Preguntado por Pardo sobre si una llegada de decenas de miles de personas podía producirse sin conocimiento previo de los servicios secretos marroquíes o españoles, Sáiz respondió: «No. Me parece prácticamente imposible. Saber que iba a haber un problema, lo sabían». Matizó, no obstante, que el informe policial contiene «muchos elementos sueltos» y que «para mí no tiene mucho valor», al tiempo que subrayó: «Claro que me fío del CNI».
Sobre la actuación del Gobierno, Sáiz la calificó de «lenta». La propia Pardo contrastó la respuesta de este episodio con la de la crisis migratoria de mayo de 2021: «En 2021 se produjo una avalancha en Ceuta y se actuó, pero ahora ha habido una avalancha y no se ha actuado», afirmó. La presentadora cuestionó también la reacción pública del presidente: «Es muy raro que un presidente comparezca ante la nación y luego se vaya de vacaciones (…) Los ceutíes también tenían derecho a vacaciones».
La comparación con mayo de 2021 recorrió el debate. Entonces, unas 8.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en apenas 48 horas y la respuesta incluyó el despliegue del Ejército y una comparecencia del propio Sánchez, que calificó lo ocurrido como una crisis grave para la seguridad y las fronteras españolas. Aquel episodio se enmarcó en la tensión diplomática abierta tras la acogida en España, por motivos sanitarios, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, gesto que Rabat interpretó como hostil.
La crisis de 2021 tensó la relación bilateral hasta la reunión de abril de 2022 entre Sánchez y el rey Mohamed VI, que reactivó la cooperación migratoria y desembocó en el reconocimiento español del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, un giro que rompió con la neutralidad mantenida por gobiernos españoles de distinto signo desde la retirada del territorio en 1975.
El debate reabrió asimismo el episodio del espionaje al teléfono móvil de Sánchez y de varios ministros mediante el programa Pegasus, revelado en 2022 y que las autoridades españolas atribuyeron en su momento, con reservas, a Marruecos, sin que Rabat reconociera responsabilidad. La tesis planteada en el programa fue que ese antecedente habría condicionado la respuesta diplomática del Ejecutivo ante episodios migratorios posteriores, hipótesis que no cuenta con confirmación oficial y que fuentes gubernamentales rechazan.
La gestión de la frontera de Ceuta y Melilla se rige por el Reglamento (UE) 2016/399, que establece el Código de fronteras Schengen, y por los acuerdos bilaterales de readmisión suscritos entre España y Marruecos desde 1992, cuya aplicación ha sido objeto de críticas recurrentes de organizaciones humanitarias y de asociaciones profesionales de la Guardia Civil por la falta de medios en el perímetro fronterizo.
Frente a la lectura crítica dominante en la mesa, Iván Redondo defendió que la valoración de la respuesta gubernamental exige distinguir entre la gestión de la comunicación política y la gestión operativa de la crisis fronteriza, dos planos que, argumentó, tienden a entremezclarse en el debate público. El Ejecutivo, por su parte, ha sostenido reiteradamente que el marco de cooperación reforzada con Rabat permitió reducir las llegadas irregulares por la frontera sur en los años posteriores a 2022, en línea con los balances de inmigración irregular que publica el Ministerio del Interior.
En el plano parlamentario, la oposición ha reclamado en las últimas semanas la comparecencia de la titular de Interior en el Congreso para detallar la cadena de decisiones adoptada antes y durante el episodio, una petición que el Gobierno no ha descartado ni ha fijado en el calendario. La actividad ordinaria de las Cámaras se reanuda en septiembre tras el periodo estival, lo que sitúa esa eventual comparecencia como el próximo escenario donde se contrastarán las versiones enfrentadas.
Hasta entonces, la controversia sobre qué información manejaba el Gobierno y en qué momento seguirá dependiendo de la interpretación que cada parte haga del informe policial. La comparecencia de responsables de Interior y la eventual publicación de conclusiones adicionales serán los hitos que permitan aclarar los términos de un episodio que, un mes después, continúa abierto en el debate político.
