La crisis se remonta a los últimos días de julio de 2026, cuando un número elevado de personas accedió a territorio ceutí en un movimiento que las autoridades locales calificaron de excepcional por su volumen y concentración temporal. Desde entonces, la ciudad autónoma —con apenas 19,3 kilómetros cuadrados y unos 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025— ha visto desbordada su capacidad estructural de acogida, según las autoridades locales.
Ceuta arrastra una vulnerabilidad crónica frente a episodios de presión migratoria por su condición de frontera exterior de la Unión Europea en suelo africano, colindante con la provincia marroquí de Tetuán. Esa singularidad geográfica —compartida con Melilla— ha generado episodios comparables en el pasado. El más notorio se produjo en mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat por la atención sanitaria en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en una tensión bilateral que tardó meses en normalizarse y evidenció la dependencia española de la cooperación marroquí en el control fronterizo.
Las 1.500 plazas temporales anunciadas se distribuyen en cuatro espacios habilitados en la ciudad y se suman a los recursos ya existentes, entre ellos el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuya capacidad estructural resulta muy inferior a la demanda actual. En episodios anteriores, el sistema de acogida ceutí ha tenido que recurrir a instalaciones improvisadas, como polideportivos municipales, para atender los picos de llegadas.
El Ejecutivo autonómico, presidido por Vivas desde 2001, ha elevado el tono de sus críticas hacia el Gobierno central en los últimos días. Vivas ha reclamado una respuesta más rápida y ha sostenido que la ciudad autónoma no puede sostener sola la magnitud de la crisis, en referencia a la presión sobre los servicios sanitarios, educativos y de seguridad, y ha pedido acelerar la derivación de migrantes hacia la península. Desde el Gobierno se defiende que la gestión se ajusta al protocolo de emergencia migratoria activado en episodios anteriores.
El marco jurídico de las devoluciones
No se han facilitado por el momento cifras desglosadas sobre el ritmo de las devoluciones ni sobre el número de personas trasladadas a centros peninsulares desde finales de julio. El marco que ampara las devoluciones es el acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en 1992, que permite el retorno de quienes son interceptados en el intento de entrada irregular con las garantías establecidas por la jurisprudencia europea.
Ese marco ha sido objeto de escrutinio judicial. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de febrero de 2020, en el caso N.D. y N.T. contra España, avaló las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla siempre que existan vías legales y accesibles para solicitar protección internacional, un extremo que organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han cuestionado por la insuficiencia de oficinas de asilo en los pasos fronterizos.
La crisis ha llegado también al Congreso de los Diputados, donde la oposición ha reclamado comparecencias del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la titular de Interior. Diputados del Partido Popular y de Vox han pedido explicaciones sobre la coordinación con Marruecos y sobre el reparto de competencias entre el Estado y la Ciudad Autónoma. El Defensor del Pueblo, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 3/1981, actúa como mecanismo de supervisión de las condiciones en los centros de acogida.
La dimensión europea no es menor: Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y el continente africano, lo que las convierte en punto de observación permanente para Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Bruselas ha financiado en los últimos años parte de las infraestructuras de control fronterizo español a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), aunque la gestión última de la acogida recae en las autoridades españolas.
La relación bilateral con Marruecos está marcada por intereses cruzados: la cooperación en control migratorio convive con la disputa histórica sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, que Rabat reclama y que España considera parte integral de su territorio. Esa tensión de fondo condiciona la intensidad de la colaboración marroquí en el control de sus propias fronteras, un factor recurrente en la frecuencia de los episodios de presión migratoria.
Entre los migrantes que permanecen en la ciudad figuran menores no acompañados, un colectivo cuya tutela corresponde a la Ciudad Autónoma conforme a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. La atención a este grupo añade presión sobre los servicios sociales ceutíes y ha centrado buena parte del debate sobre la capacidad real de acogida de la ciudad.
La ampliación de plazas no resuelve, según fuentes municipales, el problema de fondo: la ausencia de un mecanismo estable de reparto de la carga migratoria entre comunidades autónomas más allá de acuerdos puntuales. El Gobierno ha defendido en el pasado la necesidad de un pacto de Estado migratorio que hasta la fecha no ha alcanzado el consenso parlamentario necesario para traducirse en una reforma legal de calado.
En las próximas semanas, la evolución de la crisis dependerá del ritmo de las devoluciones, de la capacidad de derivación hacia centros peninsulares y de la presión en el paso fronterizo del Tarajal, principal punto de acceso terrestre a la ciudad. La coordinación fronteriza a medio plazo entre España y Marruecos se perfila como el factor determinante para estabilizar la situación una vez agotada la respuesta de emergencia.