El mecanismo de reparto de la Corte Constitucional funciona, en teoría, mediante un sorteo aleatorio administrado por un sistema informático que asigna cada expediente a uno de los despachos de los magistrados. Ese procedimiento, regulado por el reglamento interno de la corporación, busca blindar la imparcialidad en la selección de ponentes para tutelas, demandas de inconstitucionalidad y otros procesos que llegan al alto tribunal.
La Sala respectiva concluyó entonces que el CNE carecía de competencia para investigar al jefe de Estado, lo que dejó ese proceso sancionatorio en un limbo jurídico que, según el material disponible, no se ha resuelto.
Meses más tarde, de acuerdo con las mismas fuentes, el reparto volvió a recaer en el despacho de Fernández con la tutela que presentó el exsenador Alexander López contra un fallo del Consejo de Estado que lo había apartado de su curul en el Congreso. La Corte Constitucional falló a favor de López y ordenó restituirle el escaño; López, exdirector del Departamento Nacional de Planeación durante la administración Petro, figura entre las personas próximas al Gobierno.
El patrón, según habría trascendido en los últimos días, se repitió con la tutela radicada por Lina Castillo contra la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la denuncia por presunto acoso sexual que Castillo interpuso contra Hollman Morris, exgerente de RTVC y figura cercana al petrismo. Ese expediente también recayó, por reparto, en el despacho del magistrado Fernández.
La coincidencia de que varios procesos con nexos con el anterior Gobierno o con figuras próximas a este hayan llegado reiteradamente al mismo despacho habría motivado una solicitud verbal, formulada por fuentes internas, para que la propia Corte revise el funcionamiento del sistema de reparto y determine si existió alguna anomalía técnica o humana en la asignación de esos expedientes. Esa misma solicitud, según el material, pidió una verificación de la labor de Isaac Sáenz, jefe de la oficina de sistemas de la corporación, oriundo de Neiva, la misma ciudad de origen del magistrado Fernández. La coincidencia geográfica se habría mencionado como uno de los elementos que alimentan las sospechas, aunque no constituye por sí sola prueba de irregularidad alguna.
El magistrado Fernández ya había sido citado antes en la controversia pública. En mayo de 2025 fue llamado a responder ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes —el órgano constitucional encargado de investigar disciplinaria y penalmente a los magistrados de las altas cortes— tras una denuncia presentada por Sandra Ortiz, otra exfuncionaria del Gobierno Petro. Ese trámite es de naturaleza distinta al actual señalamiento sobre el reparto.
Un señalamiento sin instancia formal abierta
Hasta el momento no existe pronunciamiento oficial de la Sala Plena de la Corte Constitucional ni de su presidencia sobre una eventual irregularidad comprobada en el sistema de reparto. Tampoco consta, según la información disponible, una investigación formal abierta por este señalamiento específico. Se trata, por ahora, de un indicio reportado por fuentes internas del tribunal, no de una acusación formalizada ante ninguna instancia disciplinaria o penal.
El propio magistrado Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre las sospechas relacionadas con el reparto de expedientes en su despacho. Tampoco hay registro de una respuesta oficial de la Corte Constitucional ni del funcionario de sistemas señalado, Isaac Sáenz, ante estos señalamientos, lo que mantiene abierto el derecho de réplica de todas las partes implicadas.
El episodio se inscribe en un marco de tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y algunas de las altas cortes —particularmente el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral—, con los que el mandatario ha sostenido choques públicos desde el inicio de su gestión en 2022. La Corte Constitucional, por su parte, ha sido escenario de decisiones de alto impacto político en los últimos años, lo que ha mantenido al tribunal bajo escrutinio de distintos sectores.
No es la primera vez en la historia reciente que el funcionamiento interno de una alta corte colombiana despierta suspicacias. El escándalo conocido como el 'cartel de la toga', que estalló en 2017 y reveló presuntas negociaciones de fallos en la Corte Suprema de Justicia a cambio de dádivas, dejó precedente sobre la vulnerabilidad de los mecanismos internos de las corporaciones judiciales cuando los controles cruzados resultan insuficientes.
De confirmarse alguna anomalía en el sistema informático de reparto, el asunto podría derivar en una investigación disciplinaria contra los funcionarios involucrados e incluso, si se estableciera responsabilidad directa de un magistrado, en un trámite ante la Comisión de Acusación, única instancia competente para investigar penal y disciplinariamente a los togados de las altas cortes. Por ahora, el señalamiento sigue en fase de indicio y verificación interna, sin que se haya anunciado un cronograma ni una instancia formal encargada de resolverlo.
