La nueva escala de copago se estructura en seis tramos que reflejan con mayor granularidad la capacidad económica de los usuarios. El primer tramo, para rentas inferiores a 9.000 euros anuales, fija un porcentaje de aportación del 0 por ciento con un tope mensual de 8,23 euros. El segundo, para rentas entre 9.000 y 17.999 euros, establece un 10 por ciento de aportación con un tope de 18,52 euros mensuales. El tercero, entre 18.000 y 34.999 euros, aplica un 30 por ciento con un tope de 61,75 euros. El cuarto, entre 35.000 y 59.999 euros, mantiene el 40 por ciento con un tope de 80 euros. El quinto, entre 60.000 y 99.999 euros, sube al 50 por ciento con un tope de 120 euros. Y el sexto, para rentas superiores a 100.000 euros, fija el 60 por ciento sin tope mensual, una novedad que afectará a aproximadamente 310.000 usuarios según las estimaciones del Ministerio de Sanidad.
La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó la reforma en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la calificó como «el acto de justicia sanitaria más importante desde la universalización de la cobertura en 1986». García detalló que el nuevo sistema beneficiará directamente a 8,2 millones de pensionistas, de los cuales 3,1 millones se encuentran en el primer tramo de renta y verán reducida su aportación máxima mensual en un 54 por ciento. La ministra presentó un estudio de impacto que estima el ahorro medio por pensionista en 127 euros anuales, una cifra que, multiplicada por el universo de beneficiarios, explica el coste presupuestario total de 265,63 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha incluido en la adenda al plan presupuestario remitida a Bruselas.
El mecanismo técnico de la reforma es más complejo de lo que las cifras de titulares sugieren. El decreto modifica el artículo 94 bis de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos e introduce un sistema de verificación de rentas en tiempo real que conecta las bases de datos de la Agencia Tributaria con el sistema de receta electrónica de cada comunidad autónoma. La conexión permitirá que el farmacéutico aplique automáticamente el tramo correspondiente a cada usuario en el momento de la dispensación, eliminando el desfase de hasta dieciocho meses que existía en el sistema anterior entre la declaración de renta y la asignación del tramo de copago. La implementación tecnológica requerirá una inversión adicional de 43 millones de euros que el Ministerio asumirá con cargo al fondo de cohesión sanitaria.
El PP anunció apenas dos horas después de la aprobación del decreto que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El portavoz de Sanidad del grupo popular, José Manuel Baltar, argumentó en una comparecencia en el Congreso que la reforma «invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de gestión sanitaria» y que el Gobierno utiliza el copago como «instrumento de propaganda electoral a cuatro días de las elecciones andaluzas». Baltar señaló que al menos ocho comunidades gobernadas por el PP habían expresado su rechazo a la reforma durante la Conferencia Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 5 de mayo, donde la medida fue sometida a debate sin alcanzar el consenso necesario.
La batalla competencial tiene fundamento jurídico pero también una dimensión política innegable. La Constitución atribuye al Estado la competencia sobre las bases de la sanidad, lo que incluye la regulación del copago, pero las comunidades autónomas son las responsables de la gestión y financiación del sistema sanitario, lo que les otorga margen para modular la aplicación de las normas estatales. El recurso del PP se apoyará previsiblemente en la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su sentencia 136/2012, estableció que las bases estatales no pueden vaciar de contenido las competencias autonómicas de gestión.
Las organizaciones de consumidores y las asociaciones de pacientes crónicos han recibido la reforma con un apoyo matizado. La Plataforma de Organizaciones de Pacientes valoró positivamente la ampliación de tramos y la reducción de los topes mensuales para las rentas más bajas, pero criticó que el decreto no incluya una exención total para los pacientes con enfermedades crónicas graves cuyos gastos farmacéuticos superan los 200 euros mensuales independientemente de su nivel de renta. La Organización de Consumidores y Usuarios señaló que el nuevo sistema, aunque más progresivo, sigue sin resolver el problema de los medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria, que quedan fuera del régimen de copago y cuyo coste puede superar los 1.000 euros mensuales para patologías como la hepatitis C o ciertos tipos de cáncer.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos, que agrupa a los 52.000 farmacéuticos titulares del país, expresó su preocupación por la carga administrativa que la reforma impondrá a las oficinas de farmacia. El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, advirtió de que la conexión en tiempo real con la Agencia Tributaria requerirá una actualización de los sistemas informáticos de las 22.400 farmacias españolas cuyo coste estimado asciende a 180 millones de euros que «nadie ha previsto quién pagará». Aguilar recordó que las farmacias son empresas privadas que prestan un servicio público y que «no pueden asumir indefinidamente los costes de implementación de políticas diseñadas sin su participación».
La dimensión electoral de la reforma es imposible de ignorar a cuatro días del 17-M. El decreto se aprobó un martes, fuera del calendario habitual de los consejos de ministros, y su contenido fue filtrado a los medios con 48 horas de antelación para maximizar su impacto mediático durante la recta final de la campaña andaluza. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de pensionistas por debajo de los 9.000 euros de renta anual —1,2 millones de personas según el padrón de la Seguridad Social—, lo que convierte la reforma del copago en un mensaje electoral con destinatario claro. El PP ha acusado al Gobierno de utilizar los medicamentos como arma electoral; el PSOE responde que la reforma estaba prevista desde enero y que el calendario legislativo no puede supeditarse a las convocatorias electorales.
El impacto presupuestario de 265,63 millones de euros se financiará, según el Ministerio de Hacienda, mediante una combinación de tres fuentes: la reasignación de 120 millones del fondo de contingencia de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2024, la activación de 80 millones del fondo de cohesión territorial sanitaria y la aportación de 65,63 millones procedentes del incremento de recaudación del sexto tramo de copago, que se aplica por primera vez a las rentas superiores a 100.000 euros. Los economistas de Funcas cuestionan la viabilidad de esta última partida y estiman que la recaudación real del sexto tramo no superará los 40 millones de euros, lo que dejaría un agujero de 25 millones que el Gobierno deberá cubrir con fondos adicionales.
La reforma del copago es, en última instancia, un ejercicio de política redistributiva que refleja dos visiones enfrentadas de la sanidad pública. Para el Gobierno, la progresividad fiscal debe extenderse a todos los ámbitos del Estado del bienestar, incluido el acceso a los medicamentos, y quienes más tienen deben contribuir más para que quienes menos tienen paguen menos. Para el PP y las comunidades que gobierna, la financiación sanitaria es una cuestión de gestión autonómica que no puede resolverse con decretos centralizadores que ignoran las diferencias territoriales en costes, demografía y morbilidad. El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra, pero el debate político sobre el copago no se resolverá en un tribunal: se resolverá en las urnas, empezando por las andaluzas del domingo.
