El cartel que circula por redes sociales invita a los asistentes a acudir portando banderas de España como gesto de apoyo tanto a la población de Ceuta y Melilla como a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas del norte de África. Los promotores animan además a compartir la convocatoria en redes para ampliar la participación, si bien no consta una organización formalmente constituida detrás del llamamiento.
La cita de Palma se suma a otras concentraciones similares convocadas en distintos puntos de España en las últimas semanas, coincidiendo con el repunte de los intentos de entrada irregular registrados en Ceuta y Melilla. Este tipo de movilizaciones, articuladas al margen de partidos y organizaciones formalmente constituidas, ha proliferado en España en los últimos años como cauce de expresión ciudadana ante episodios de tensión migratoria, sin que hasta el momento se hayan registrado contramanifestaciones convocadas frente al mismo Consulado.
Un derecho de reunión sin autorización previa
El derecho de reunión pacífica y sin armas está reconocido en el artículo 21 de la Constitución española y regulado por la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, que exige comunicación previa a la autoridad gubernativa —no autorización— con al menos diez días de antelación, plazo que puede reducirse a 24 horas en casos de urgencia justificada. Corresponde a la Delegación del Gobierno velar por que el acto se desarrolle sin alterar el orden público ni afectar a la inviolabilidad de la sede consular marroquí, protegida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que obliga al Estado receptor a garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras.
La Delegación del Gobierno en Baleares no ha trasladado, por el momento, información sobre medidas de seguridad extraordinarias, más allá del dispositivo habitual que suele acompañar este tipo de actos ante sedes diplomáticas. Este tipo de concentraciones se desarrolla bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar el mantenimiento del orden público y el normal desarrollo de la movilización.
Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, han vivido en las últimas semanas un repunte de los intentos de acceso irregular, tanto por el perímetro fronterizo como por vía marítima a través del Estrecho de Gibraltar. El Ministerio del Interior no ha ofrecido cifras oficiales recientes específicas de este episodio. La presión migratoria en ambas ciudades autónomas constituye un fenómeno recurrente y estacional, vinculado a las condiciones meteorológicas del Estrecho y a la evolución de las relaciones bilaterales con Rabat.
La gestión de la frontera sur española se apoya en un marco de cooperación con Marruecos que ha atravesado episodios de fuerte tensión, como la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, coincidió con la entrada de más de 8.000 personas en Ceuta en apenas 48 horas, según datos del Ministerio del Interior de la época. Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la relación bilateral y precipitó un acercamiento posterior, formalizado en marzo de 2022 con el reconocimiento español del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.
Ese giro en la posición española sobre el Sáhara Occidental, ligado al proceso de descolonización iniciado tras la Marcha Verde de 1975, sigue siendo objeto de debate parlamentario y ha sido invocado en distintas ocasiones tanto por el Gobierno como por la oposición para explicar los vaivenes en la cooperación fronteriza entre Madrid y Rabat. Ceuta y Melilla, con estatutos de autonomía propios desde 1995, dependen en última instancia de la coordinación entre el Ministerio del Interior, las delegaciones del Gobierno y las autoridades marroquíes para el control de sus perímetros fronterizos, vallados y reforzados con sistemas de vigilancia tras sucesivos incidentes.
Ante el aumento de la presión migratoria, las reacciones se han dividido entre sectores enfrentados. Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes vienen reclamando desde hace años un enfoque que combine el control fronterizo con vías legales y seguras de migración, así como el respeto a las garantías del derecho de asilo recogidas en la Ley 12/2009 y en la Convención de Ginebra de 1951. Desde otros sectores, entre ellos asociaciones de residentes en Ceuta y Melilla y sindicatos policiales, se ha reclamado de forma reiterada un refuerzo de medios materiales y humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en la zona, argumentando que la presión sobre las vallas se ha intensificado en los últimos ejercicios.
El Consulado General de Marruecos en Palma, como el resto de sedes consulares y diplomáticas marroquíes en España, no ha realizado declaraciones públicas sobre la convocatoria prevista para este domingo. Tampoco el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se ha pronunciado sobre este acto concreto, si bien el departamento mantiene de forma habitual canales de coordinación con Rabat para gestionar incidencias relacionadas con la seguridad de las representaciones diplomáticas de ambos países.
A falta de que se confirme la asistencia final y de que las autoridades detallen el dispositivo de seguridad desplegado, la jornada de este domingo servirá como termómetro de la capacidad de movilización de este tipo de convocatorias ciudadanas surgidas al margen de las estructuras políticas y sociales tradicionales, en un verano marcado por la atención mediática y política sobre la situación en la frontera sur española.
