Alemania y los Países Bajos han presentado, con menos de 48 horas para el inicio del Consejo Europeo extraordinario, una contrapropuesta que descarta los eurobonos por valor de 25.000 millones de euros y los sustituye por un fondo de 15.000 millones financiado mediante la reasignación de partidas de cohesión, mientras aceptan un tope dinámico al precio del gas TTF sujeto a revisión trimestral. La iniciativa ha provocado la reacción inmediata del bloque sur —España, Italia, Grecia y Portugal—, que la considera inaceptable, y ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llamar por teléfono al canciller alemán, Olaf Scholz, para advertirle de que sin deuda conjunta no existe posibilidad de acuerdo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado para este domingo una reunión de sherpas en busca de un texto de compromiso.
La fractura Norte-Sur llega al límite
La propuesta germano-holandesa pone sobre la mesa una línea de fractura que recorre la arquitectura financiera de la Unión Europea desde hace más de una década: la resistencia de los países con mayor calificación crediticia a asumir deuda emitida de forma mancomunada. El mecanismo de eurobonos —o, en su denominación técnica más habitual, bonos de estabilidad europeos— implica que todos los Estados miembros responden solidariamente de la deuda emitida, lo que reduce el coste de financiación para los países con primas de riesgo más elevadas pero exige a los Estados con mejor historial fiscal que asuman parte del riesgo ajeno. Berlín y La Haya rechazan ese principio y proponen en su lugar nutrir el fondo con recursos ya comprometidos en los presupuestos plurianuales de la Unión, concretamente los destinados a la política de cohesión.
El argumento del Sur: una penalización encadenada
Las delegaciones de España, Italia, Grecia y Portugal han trasladado su «profunda decepción» ante la contrapropuesta y han articulado un argumento de doble impacto: la reasignación de fondos de cohesión, afirman, castiga precisamente a los países que más dependen de esas transferencias para reducir las diferencias de renta, productividad e infraestructuras respecto al núcleo europeo. Los fondos de cohesión tienen como función declarada en los Tratados acelerar la convergencia económica y social de las regiones menos desarrolladas; desviarlos hacia un mecanismo de respuesta a una crisis energética supone, según estas delegaciones, sacrificar el objetivo estructural de largo plazo para cubrir una necesidad coyuntural, sin que los países del norte —que son receptores netos menores de esos fondos— asuman una carga proporcional.
El único punto de acuerdo: el tope al gas TTF
El único elemento de la contrapropuesta germano-holandesa que no ha encontrado rechazo explícito del bloque sur es la aceptación de un mecanismo de tope dinámico al precio del gas natural en el mercado de referencia europeo, el TTF de Ámsterdam, con una cláusula de revisión trimestral. Este punto constituyó durante meses uno de los principales bloqueos en las negociaciones energéticas europeas: Alemania se opuso durante largo tiempo a cualquier forma de intervención en los precios del mercado mayorista por temor a efectos secundarios sobre el suministro y la competitividad industrial. La inclusión de una cláusula de revisión trimestral busca acomodar esa cautela, permitiendo ajustar o suspender el tope si se detectan distorsiones en los flujos de abastecimiento.
Von der Leyen activa el mecanismo de los sherpas
Ante la parálisis entre los dos bloques, la Comisión Europea ha tomado la iniciativa y convocado para el domingo una reunión de sherpas —los negociadores de alto nivel que en la arquitectura institucional europea preparan los acuerdos antes de que los jefes de Estado o de Gobierno los ratifiquen en el Consejo—. Según el material disponible, la comisaria Teresa Ribera y la responsable danesa Jorgensen trabajan en un documento puente con una fórmula híbrida cuyo contenido concreto no ha trascendido todavía. Este tipo de reuniones previas al Consejo tienen precedente en las negociaciones del Fondo de Recuperación aprobado en julio de 2020, cuando varias cumbres consecutivas fracasaron antes de alcanzarse un acuerdo en una maratón de cuatro días.
El peso de la llamada Sánchez-Scholz
La conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Olaf Scholz añade una dimensión bilateral a una negociación que hasta ahora discurría en formato multilateral. Que el presidente del Gobierno español haya advertido directamente al canciller de que la ausencia de eurobonos hace inviable un acuerdo supone elevar la posición española al nivel de línea roja explícita, lo que reduce el margen de maniobra para un texto híbrido que pudiera interpretarse ambiguamente. En el historial de las cumbres europeas, las llamadas bilaterales de este tipo suelen preceder bien a un acuerdo de última hora —cuando uno de los interlocutores cede en privado lo que no puede ceder en público— bien a un Consejo que concluye sin conclusiones, con el expediente del mandato de continuar las negociaciones.
El precedente del fondo de recuperación y sus límites
El debate actual tiene un antecedente directo en la negociación del instrumento Next Generation EU, aprobado en 2020 con una dotación de 750.000 millones de euros y emitido mediante deuda común de la Comisión Europea. Aquel acuerdo supuso la primera emisión de deuda mancomunada a gran escala en la historia de la Unión y fue presentado por sus defensores como un cambio de paradigma. Sin embargo, los países del norte lograron incluir en ese acuerdo mecanismos de condicionalidad, frenos de emergencia y el compromiso de que la deuda se amorticese con recursos propios de la Unión antes de 2058, sin que se convirtiera en deuda permanente. El hecho de que Alemania y los Países Bajos rechacen ahora un instrumento mucho menor en volumen sugiere que aquel acuerdo no alteró la posición de principio de estos países, sino que respondió a las circunstancias excepcionales de la pandemia.
Lo que se decide en las próximas horas
El Consejo Europeo extraordinario comienza con los bloques en posiciones declaradas como incompatibles. La reunión de sherpas del domingo, la eventual fórmula híbrida de Ribera y Jorgensen, y la capacidad de Von der Leyen para ofrecer un texto que ninguna de las partes pueda rechazar sin coste político determinarán si el Consejo concluye con un acuerdo, con una declaración de mínimos que posponga la decisión sobre la deuda conjunta, o con un fracaso abierto que reabriría el debate sobre la capacidad de la Unión para actuar en situaciones de urgencia energética y fiscal.
