El balance consolidado por las autoridades departamentales da cuenta de que el 86% de los 125 municipios de Antioquia resultaron impactados de alguna forma por el movimiento telúrico. El total de afectaciones supera las 1.570, distribuidas entre infraestructura vial, educativa, religiosa e institucional, además de miles de viviendas con daños de distinta magnitud.
Según el reporte oficial, 4.359 familias resultaron damnificadas y 39 viviendas colapsaron por completo. El sismo dejó además 24 personas lesionadas y una muerte confirmada, un saldo que obligó a activar de inmediato la declaratoria de calamidad pública en buena parte del territorio antioqueño.
La magnitud del inventario explica por qué la administración departamental fraccionó la respuesta entre recursos propios, apoyo de la Asamblea Departamental y alianzas con el sector privado.
Solicitud a la Asamblea y peso del sector privado
Uno de los frentes más urgentes es el educativo. La gobernación solicitó a la Asamblea de Antioquia $16.000 millones adicionales para intervenir 777 sedes escolares que reportan afectación estructural. «Hemos solicitado a la Asamblea $16.000 millones para levantar la infraestructura educativa en 777 sedes que reportan afectación», señaló Rendón, quien agregó que se pidió a los municipios y a actores privados asumir la readecuación de centros religiosos o edificaciones con valor patrimonial, «porque ese tipo de estructuras necesitan una intervención especial, que es más costosa».
El sector privado ha tenido un rol determinante desde los primeros días posteriores al sismo. Según relató el gobernador, la administración tocó las puertas de empresas como Argos y la caja de compensación Comfama, que se comprometieron a asumir directamente el levantamiento de las 39 viviendas colapsadas, en un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno seccional y el empresariado antioqueño.
La estrategia de recuperación se apoya en la declaratoria de calamidad pública, que habilita a la gobernación para adelantar contrataciones bajo procedimientos de urgencia coordinados por el Dagrán. Este mecanismo, contemplado en la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres, busca reducir los tiempos habituales de la contratación estatal en situaciones de emergencia. «Los fondos de emergencia se mantendrán disponibles y la calamidad pública permitirá las contrataciones rápidas», sostuvo Rendón.
El mandatario explicó que la empresa departamental de vivienda, Viva, ya dispone de recursos para nutrir el llamado Banco de Material, insumo clave para la reconstrucción, y que se realizaron traslados internos para cubrir esas compras. Con los recursos comprometidos, añadió, la gobernación pedirá a la Asamblea la aprobación de la plata faltante una vez se consolide el costo total del plan.
Sobre el modelo de ejecución, Rendón defendió la vía descentralizada: «En el caso de las instituciones educativas, nosotros le podemos girar los recursos vía resoluciones a las instituciones educativas para que ellas mismas hagan la adecuación. O sea que aquí ya se han probado instrumentos que existen, son bastante rápidos y facilitan mucho la agilidad en la ejecución».
Un modelo probado en 2024
Ese antecedente se remonta a 2024, cuando inundaciones afectaron a regiones como Urabá y la gobernación aplicó un esquema similar de intervención directa que permitió mejorar más de 2.000 instituciones educativas en el departamento. La experiencia, según la administración, sirvió de base para diseñar la respuesta actual ante el terremoto.
En el componente de vivienda, Rendón subrayó que el papel de las familias afectadas será central para agilizar las obras. «Tenemos al mejor interventor, que es la familia, que nos va a ayudar a asegurar que el material que envíe Viva pueda ser utilizado rápidamente con la mano de obra de la que disponen las alcaldías locales», afirmó el gobernador.
El caso antioqueño contrasta con la situación de otros territorios: el fondo del Dagrán conservaba $30.000 millones al momento del sismo, mientras que algunos municipios y departamentos afrontaron la emergencia con reservas inferiores a $500.000 en sus fondos de emergencia, una herramienta creada para garantizar siempre liquidez ante una calamidad. El desfase ha reabierto el debate sobre la suficiencia de los fondos territoriales de gestión del riesgo en el país.
El plan de reconstrucción se encuentra en una fase inicial de ejecución, con los primeros $38.000 millones comprometidos y la solicitud de $16.000 millones adicionales pendiente de discusión en la Asamblea Departamental. La gobernación no ha entregado aún una cifra consolidada del costo total que demandará la recuperación de los 108 municipios afectados, un número que previsiblemente crecerá a medida que avancen las evaluaciones técnicas de infraestructura.
