El reporte plantea un diagnóstico pormenorizado sobre el estado de los MI-17, una flota adquirida en distintas etapas y distribuida en tres versiones —MI-17 IV, MI-17 MD y MI-17V5— según el momento de compra. De las veinte aeronaves con que cuenta la institución, ocho, el 40 %, se encuentran en operación y mantenimiento conforme al programa establecido por el Batallón de Mantenimiento de Aviación n.º 3 (BAMAV3), unidad que, según el propio documento, es responsable de generar «un volumen considerable de horas de vuelo destinadas al apoyo de las misiones asignadas a las diferentes divisiones del Ejército».
El resto de la flota atraviesa distintos grados de deterioro. Nueve helicópteros, el 45 % del total, permanecen en lo que el documento denomina «programa de preservación», tras haber cumplido el tiempo estipulado para el mantenimiento mayor tipo Overhaul —una revisión estructural profunda que se realiza periódicamente a este tipo de aeronaves— con estado «Pendiente por Asignación de Recursos» (PAR). Dos máquinas más, el 10 %, están pendientes de recuperación tras sufrir siniestros, y una última unidad, el 5 % restante, se encuentra en proceso de baja.
En su balance, el Ejército sostiene que «la ausencia de estas aeronaves dentro del dispositivo de seguridad compromete de manera significativa la capacidad de respuesta del Ejército Nacional en el desarrollo de operaciones estratégicas y tácticas». La caída sostenida en la disponibilidad, según el documento, se traduce en una reducción proporcional de las horas de vuelo, con impacto en el transporte de tropas, las evacuaciones médicas, el apoyo logístico y el despliegue rápido en zonas de difícil acceso.
Los MI-17 han sido durante más de dos décadas una pieza central de la aviación militar colombiana, especialmente en operaciones en zonas rurales y de conflicto donde la infraestructura vial es limitada o inexistente. Su versatilidad para transportar tropas, carga y equipos en terrenos montañosos y selváticos los convirtió en un activo recurrente en distintas fases del conflicto armado interno, incluidas las ofensivas contra estructuras del narcotráfico y grupos armados ilegales en regiones como el Catatumbo, el sur del Tolima o el Cauca.
El sostenimiento de estas aeronaves depende en buena parte de proveedores vinculados a la industria aeronáutica rusa. Las sanciones internacionales que pesan sobre empresas de ese país desde la invasión a Ucrania en 2022 han complicado en el plano global el acceso a partes y soporte técnico especializado para plataformas de fabricación rusa, un factor que suele condicionar los contratos de mantenimiento y repuestos de esta clase de flotas.
Frente a ese panorama, el Ejército Nacional abrió una licitación dirigida a empresas certificadas que puedan asumir el mantenimiento de dieciséis helicópteros MI-17, con el objetivo de recuperar buena parte de la capacidad aérea hoy inmovilizada. El material consultado no precisa el monto exacto del proceso, sus plazos de ejecución ni la partida asignada dentro del Presupuesto General de la Nación para este fin.
La situación de la flota aérea no es un asunto nuevo en el debate sobre las capacidades de las Fuerzas Militares. Congresistas de distintas bancadas han citado en el pasado a debates de control político en el Congreso de la República a mandos militares y al Ministerio de Defensa para indagar sobre el estado del pie de fuerza aéreo, en particular tras reportes de accidentes o pérdidas operativas. En la práctica parlamentaria colombiana, estas citaciones —que competen a las comisiones segunda de Senado y Cámara, encargadas de defensa y relaciones exteriores— pueden derivar en una moción de censura contra el ministro del ramo, mecanismo que hasta el momento no se ha activado por este asunto.
El precedente más recordado en la historia reciente de la aviación militar colombiana es la expansión de la flota de helicópteros con apoyo de la cooperación estadounidense en el marco del Plan Colombia, a comienzos de la década de 2000, cuando el país adelantó un programa de renovación ante el desgaste acelerado de las aeronaves por el ritmo operativo del conflicto armado. Aquel episodio dejó como lección la necesidad de sostener en el tiempo los contratos de mantenimiento preventivo, un punto que el actual informe vuelve a poner sobre la mesa respecto a los MI-17.
Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido específico del documento. Tampoco ha habido respuesta pública de la Casa de Nariño frente a sus conclusiones, que circulan en medio del debate más amplio sobre el gasto militar y las prioridades presupuestales del gobierno en materia de seguridad y defensa.
La Contraloría General de la República ejerce la vigilancia fiscal sobre los contratos estatales, entre ellos los de mantenimiento de la flota aérea militar, aunque no se conoce por ahora un pronunciamiento específico sobre la situación actual de los MI-17. De escalar el asunto, no se descarta que sea objeto de un nuevo debate de control político, donde los responsables del sector podrían ser citados nuevamente.
En el corto plazo, el foco estará puesto en el desarrollo de la licitación abierta por el Ejército para el mantenimiento de los dieciséis helicópteros, un proceso cuyo resultado determinará qué tan rápido puede la institución recuperar la disponibilidad operativa de una flota que, según su propio diagnóstico, resulta clave para sostener el despliegue de tropas y el apoyo logístico en buena parte del territorio nacional.
