La denominación «nini» se emplea en la literatura de organismos multilaterales para describir a la población joven que no cursa estudios formales, no recibe formación complementaria y tampoco participa del mercado laboral. La OCDE utiliza este indicador —conocido en inglés como NEET, por las siglas de Not in Employment, Education or Training— como termómetro de la exclusión juvenil y como variable de alerta sobre el riesgo de informalidad y pobreza en el largo plazo.
Colombia ingresó formalmente a la OCDE en abril de 2020, tras un proceso de adhesión de cerca de seis años que implicó ajustes en materia tributaria, laboral, ambiental y de gobierno corporativo. Desde entonces el país quedó sometido a un sistema de comparación permanente con las demás economías del organismo, la mayoría con ingresos per cápita, sistemas educativos y mercados laborales más consolidados que el colombiano.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mide el fenómeno en Colombia a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), aunque con metodología propia que no siempre coincide en el corte etario ni en la definición exacta con la que aplica la OCDE, lo que explica eventuales diferencias entre cifras nacionales e internacionales sobre un mismo indicador. La medición internacional suele acotar a la población entre 15 y 29 años.
Un fenómeno con sesgo de género y territorial
El fenómeno golpea con particular intensidad a las mujeres jóvenes, según ha documentado el propio DANE en mediciones anteriores, por la carga desproporcionada de labores de cuidado no remunerado que recae sobre ellas desde edades tempranas, un factor que limita su vinculación tanto a la educación superior como al empleo formal. A esa dimensión se suma la brecha urbano-rural: los jóvenes de municipios apartados enfrentan mayores barreras de acceso a instituciones de educación superior y a oportunidades formales, lo que eleva la proporción de ninis fuera de las principales ciudades capitales.
El precedente histórico más citado en Colombia sobre el desempleo juvenil se remonta a la crisis de finales de la década de 1990 y comienzos de los 2000, cuando el país atravesó una de sus peores recesiones y el desempleo total superó el 20%, con impacto agudo sobre la población más joven que buscaba su primer empleo.
El Gobierno nacional ha impulsado programas dirigidos a esta franja poblacional, entre ellos incentivos a la contratación de jóvenes y líneas de crédito para emprendimiento canalizadas a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Ministerio del Trabajo, aunque su cobertura y efectividad han sido objeto de debates de control político en el Congreso de la República.
Congresistas de distintas bancadas han señalado en comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes que la informalidad laboral constituye un obstáculo estructural para que los jóvenes se inserten en empleos formales una vez terminan o abandonan sus estudios. Voceros de gremios empresariales han atribuido parte del fenómeno a los costos no salariales de contratación formal en el país, mientras que centrales obreras y organizaciones sociales sostienen que la respuesta debe pasar por fortalecer la educación pública gratuita y de calidad y por ampliar los cupos en instituciones técnicas y tecnológicas.
Comparación regional y perspectiva fiscal
La comparación con países vecinos resulta ilustrativa: Costa Rica, con 19,9%, y Chile, con 19,5% —ambos también miembros de la OCDE—, registran cifras inferiores a la colombiana, según el mismo listado. El Banco de la República ha advertido en informes de coyuntura anteriores sobre el costo fiscal y productivo de mantener una proporción elevada de jóvenes desconectados del sistema educativo y laboral, en la medida en que ello reduce el capital humano disponible para el crecimiento de mediano plazo.
De cara a los próximos meses, se espera que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo presenten ante el Congreso de la República un balance de los programas de empleabilidad juvenil vigentes, en el marco de los debates de control político que suelen agendarse en las comisiones económicas al iniciar cada legislatura.
La discusión sobre los jóvenes ninis seguirá ligada al debate más amplio sobre la reforma al sistema educativo y la reforma laboral que el Gobierno ha promovido en distintas versiones ante el Legislativo, cuyo trámite y eventual hundimiento o aprobación definitiva determinarán buena parte de las herramientas disponibles para atender el fenómeno en el corto plazo.
