El anuncio ocurre más de un mes después del sismo, que según los últimos balances oficiales citados por el mandatario dejó 331 muertos, miles de heridos y 466,345 damnificados en 497 municipios de 16 de los 32 departamentos colombianos. Quindío, corazón de la zona cafetera del país, figura entre los territorios más golpeados por la magnitud del desastre.
En Quimbaya, uno de los municipios más afectados, el sismo dejó más de 5,000 familias y unas 11,000 personas perjudicadas, según las cifras presentadas por el presidente. Cerca de 3,000 viviendas resultaron averiadas y otras 578 quedaron destruidas, mientras un centro de salud, 16 instituciones educativas y 27 vías sufrieron daños.
De la Espriella defendió que la emergencia debe aprovecharse para levantar una región con mejores condiciones que las previas al terremoto, no para restituir lo que existía antes del sismo. Así lo planteó ante los simpatizantes reunidos en el municipio quindiano.
"No se trata de reconstruir lo que había. Se trata de reconstruir la patria milagro que va a ser mejor de lo que había antes del terremoto", manifestó Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
El Gobierno colombiano firmó esta semana once decretos de emergencia orientados a dotar a municipios y departamentos afectados de herramientas extraordinarias para acelerar la recuperación. Entre las medidas figura una modalidad especial de obras por impuestos, mecanismo que permite a empresas privadas ejecutar proyectos de reconstrucción y descontar esa inversión de sus obligaciones tributarias.
De la Espriella pidió la participación del sector privado y respaldó que municipios y departamentos puedan financiar de forma conjunta obras que beneficien a varios territorios a la vez, en un esquema que busca agilizar la ejecución de infraestructura.
"Queremos que el sector privado, que los empresarios, se sumen con recursos, con experiencia y capacidad de ejecución", dijo el mandatario.
En el frente habitacional, el mandatario detalló la entrega de 152 toneladas de materiales de construcción destinadas a las zonas damnificadas y anunció un programa inicial de 369 mejoramientos habitacionales en municipios de Quindío, con una inversión que supera los 7,700 millones de pesos colombianos, unos $2.5 millones.
El papel histórico de la Federación de Cafeteros
El plan de vivienda se suma a los recursos comprometidos por la Federación Nacional de Cafeteros, gremio fundado en 1927 que agrupa a los productores del grano y que ha ejercido históricamente un papel de amortiguador social frente a las crisis de la caficultura colombiana, desde las caídas de precios internacionales hasta desastres naturales. El café ha sido durante décadas el principal producto agrícola de exportación del país, concentrado en el eje cafetero que integran Quindío, Caldas y Risaralda.
El mandatario alertó que al menos 204 municipios de las zonas afectadas aún no han remitido toda la información requerida sobre los daños del sismo, pese a que el plazo establecido por el Gobierno vence el próximo 17 de septiembre. La demora en la entrega de esos datos podría retrasar la asignación de recursos adicionales a los territorios más golpeados.
La reconstrucción de Quindío evoca la respuesta estatal al terremoto que el 25 de enero de 1999 devastó esa misma región cafetera, con epicentro cerca de Armenia, más de mil muertos y decenas de miles de viviendas destruidas, y que dio origen al Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) como mecanismo extraordinario de coordinación. Aquella experiencia marcó la referencia en Colombia sobre cómo articular gobierno central, autoridades locales y sector privado ante un desastre de gran escala.
Este viernes, un sismo de magnitud 4.5 sacudió el sur del departamento del Chocó, cerca de la zona donde se originó el terremoto del 10 de agosto, aunque las autoridades no reportaron por el momento daños ni víctimas asociados a este nuevo movimiento telúrico.
La atención a la emergencia colombiana se suma a una agenda regional cargada, en la que Suramérica registra en paralelo tensiones diplomáticas como el reclamo argentino por Malvinas reactivado tras señales de Washington sobre la soberanía del archipiélago.
El plazo del 17 de septiembre para que los municipios completen la información de daños marca el siguiente punto de referencia del proceso: sin ese inventario, según advirtió De la Espriella, no puede acelerarse la asignación de recursos a las zonas más afectadas.