El real decreto conocido como Ley Rider entró en vigor el 13 de agosto de 2021, durante el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como principal impulsora. La norma estableció una presunción de laboralidad para los repartidores de plataformas digitales que prestaran servicios bajo control algorítmico. El objetivo declarado era acabar con la figura del falso autónomo: personas que, pese a operar con aparente libertad horaria, estaban sometidas de facto a las condiciones fijadas por la aplicación que les asignaba pedidos, rutas y tarifas.
Cinco años después, el balance es desigual. El trabajo autónomo en el sector del reparto a domicilio ha caído de forma notable desde 2021, a medida que plataformas como Glovo o Just Eat han normalizado modelos con personal asalariado, ya sea mediante contratación directa o a través de empresas de flotas subcontratadas. Sin embargo, Uber Eats continúa operando en España con un volumen significativo de repartidores autónomos, lo que evidencia que el objetivo de erradicar por completo esa figura no se ha cumplido en el plazo previsto por el legislador.
La compañía anunció a mediados de enero de 2026 su intención de virar hacia un modelo cien por cien asalariado, en un contexto de presión del Ministerio de Trabajo, que había advertido con acudir a la vía penal si la plataforma no regularizaba su situación. Aquel anuncio situaba el cambio como inminente, pero el proceso se ha ido demorando: en junio, fuentes de la empresa fijaban el verano como meta —«seguimos trabajando en el proceso de transición con el objetivo de completarla en verano», señalaron entonces—, y ahora el horizonte se traslada a finales de este mismo año.
Fuentes de Uber Eats han confirmado que la transición «se finalizará antes de final de año», reconociendo el retraso sobre el calendario que la propia empresa había comunicado a los sindicatos. Según el secretario general de Carreteras, Urbano y Logística de UGT, Diego Buenestado García, el plazo del verano se había pactado con la Seguridad Social. El sindicalista recordó que la compañía estaba ultimando en junio un documento de adhesión para incorporar a los repartidores que quisieran integrarse en las flotas contratantes y sostuvo que «lo tienen que hacer ya», «en verano». UGT también aseguró que el acuerdo alcanzado con la Seguridad Social fijaba el verano como plazo máximo.
La comparación con Glovo ilustra la disparidad de ritmos entre plataformas. La compañía de las mochilas amarillas anunció el 2 de diciembre de 2024 que contrataría directamente a sus repartidores y culminó el proceso el 1 de julio de 2025, en un plazo de siete meses. Uber Eats, en cambio, lleva ya más de siete meses desde su anuncio de enero sin haber completado la transición, y el nuevo horizonte de diciembre de 2026 alargaría el proceso hasta cerca de un año.
Just Eat, por su parte, no se vio afectada por la entrada en vigor de la norma en 2021, al operar ya entonces de forma exclusiva con personal asalariado, contratado de manera directa o mediante subcontratas. Ese antecedente sirve a los sindicatos como referencia de que la laboralización plena era viable desde el origen de la ley.
El trasfondo del retraso de Uber Eats tiene, además, una dimensión sancionadora. A finales de marzo de 2026, la Inspección de Trabajo concluyó que unos 60.000 repartidores de la plataforma habían operado como falsos autónomos en España y reclamó a la empresa unos 110 millones de euros en cotizaciones impagadas a la Seguridad Social, tras dar de alta con efecto retroactivo a los afectados. La propia compañía ha reconocido esa deuda, aunque no ha detallado públicamente el calendario de pago ni si ha recurrido la cuantía fijada por la Inspección.
El conflicto por el modelo de subcontratación
El otro foco de conflicto se centra en el modelo elegido para laboralizar a los repartidores. A diferencia de Glovo, que optó por la contratación directa de su plantilla, Uber Eats ha decidido no constituir una plantilla propia y derivar la regularización a empresas de flotas subcontratadas que asumen la relación laboral con los riders. CCOO y UGT sostienen que este mecanismo constituye una cesión ilegal de trabajadores —prohibida por el Estatuto de los Trabajadores salvo a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas— y han anunciado que reclamarán a la Inspección de Trabajo que intervenga para verificar si el proceso se ajusta a la legalidad vigente.
Desde Uber Eats se defiende el proceso en marcha. La empresa «reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider» y afirma: «Seguimos trabajando con repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar una transición ordenada y responsable». Fuentes de la compañía subrayan que desde enero de 2026 más de 10.000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras y que mantiene conversaciones con los sindicatos mayoritarios para alcanzar lo que denomina un «acuerdo justo para todos los repartidores», aunque no ha precisado si ese acuerdo incluirá compromisos sobre la fórmula de subcontratación cuestionada por los sindicatos.
Más allá de convertir a los repartidores en asalariados, la Ley Rider perseguía transformar las condiciones de un sector que Yolanda Díaz definió reiteradamente como precario y sometido al control algorítmico. «No queremos jefes que griten ni dispositivos móviles que nos penalicen. [.] Un joven que va en una bicicleta con una app en un dispositivo móvil no es un emprendedor», declaró la ministra al defender la norma, en un mensaje que buscaba desmontar la idea de que el reparto por plataformas equivalía a un modelo de autoempleo genuino.
De cara a los próximos meses, el calendario marcado por la propia Uber Eats sitúa en el 31 de diciembre de 2026 el punto en el que la compañía debería haber completado la contratación de la totalidad de sus repartidores en España. Los sindicatos han advertido de que vigilarán tanto el cumplimiento de ese plazo como la legalidad del modelo de subcontratación empleado, mientras la Inspección de Trabajo conserva la posibilidad de nuevas actuaciones si detecta que persisten situaciones de falso autónomo una vez superada esa fecha.
